Esa madera de cocobolo que usted está a punto de comprar en un mueble precioso puede haber salido de una finca sin permisos de corta y haberse camuflado en el camino con otros troncos legales.
Quienes cometen este tipo de actos son especialistas en evadir el control de las autoridades como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y en obtener ganancias rápidas y millonarias. Por eso es tan común: en Guanacaste, de cada dos delitos ambientales denunciados, uno es por tala ilegal.
La táctica más común, según los especialistas del Sinac y la Fiscalía, es el blanqueamiento de la madera, un procedimiento para simular que los troncos fueron cortados con permisos de las autoridades, cuando en realidad no fue así.
¿Cómo lo hacen?
En el 2015, una vecina de Santa Cruz de apellido Arrieta tenía en su propiedad tres árboles de Pochote. Un conocido de ella quería la madera y le ofreció ¢70.000 por uno de los troncos, pero ella no tenía permisos del Minae para cortarlos.
Sin embargo, le dijo al interesado que los cortara mientras ella hacía los trámites. Una vez talados, le cobró a él una parte del monto y luego le solicitó una inspección a los funcionarios del Minae, alegando que los árboles los cortaron vecinos de la comunidad porque eran un peligro para sus casas y sus vidas.
Con esta táctica, muchos buscan que el ministerio les dé permiso para mover la madera fuera de su propiedad y luego la venden ilegalmente.
El caso ocurrió en el distrito de Tamarindo, en Santa Cruz y consta en el expediente 15-001174-412-PE. La vecina fue declarada responsable por el delito de infracción a la ley forestal y, aunque no fue a la cárcel, sí tuvo que pagar ¢560.000 por el daño ambiental causado.
Esta es una de las formas más comunes de “blanquear” la madera, pero no es la única, afirma el ingeniero forestal Carlos Pizarro, de la oficina del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de Santa Cruz y quien participó en el decomiso de este caso.
Otra de las estrategias de los madereros ilegales es comprar los árboles o tucas a dueños de fincas que tienen la necesidad de vender rápido (usualmente porque tienen la propiedad embargada o necesitan dinero urgentemente).
Algunos de estos finqueros tienen permisos del Sinac, pero otros no. De eso se valen los intermediarios para comprarles los árboles a precios más bajos de los que ofrece el mercado y luego mezclan las piezas legales con las ilegales. Así logran engañar a las autoridades de que todo el cargamento es legal.
El destino de la madera es un aserradero, un depósito de materiales o hasta el lobby de un lujoso hotel en China, explicó Pizarro. Las ganancias son rápidas y millonarias y para un consumidor es muy difícil detectar si está comprando un mueble hecho de madera legal o ilegal pues no existe un sello que garantice que la madera viene de árboles sostenibles, es decir que tengan permisos de corta del Sinac, agregó Pizarro.
“Un árbol de cocobolo puede valer hasta un millón de colones pero un finquero quizá reciba ¢700.000 o ¢500.000”, afirmó Pizarro. En el mercado internacional, el precio del cocobolo alcanza hasta 10 veces el valor inicial, explicó el funcionario.
Por eso, las multas terminan siendo un castigo insuficiente para frenar el problema. El fiscal ambiental del Ministerio Público, José Pablo González, cree que las infracciones a los delitos ambientales deben ser más severas y que por eso la Asamblea Legislativa debe aprobar un proyecto de ley que pretende reformar el código penal y aumentar la penalización.
Además, la comercialización de la madera ilegal viene acompañada de otros delitos. Algunos de los intermediarios también forman parte de redes de narcotráfico, afirmó González. El ministerio sospecha que los cargamentos de madera ilegal también esconden droga en algún punto de la ruta.
Los tentáculos de estas redes se expanden por todos los países. Según la Organización para las Naciones Unidas, el 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal.
El regente forestal, Gustavo Hernández, responsabilizó al Gobierno para que ejerza un mayor control de la madera y garantizar el cumplimiento de las leyes.
“El Sinac debe ejercer ese control con visitas más frecuentes a los depósitos de maderas y lugares donde venden la madera y hacer que se cumplan las leyes”, afirmó Hernández.
Denuncias aumentan
La tala ilegal fue el delito ambiental con más denuncias en los últimos cuatro años en Guanacaste. En el 2015, la gente interpuso 121 denuncias, según un análisis de La Voz de Guanacaste con los datos del Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (Sitada) del Minae.
La cifra en vez de disminuir mostró una tendencia a aumentar en cada uno de los años siguientes y llegó a 233 registros en 2018, casi el doble que tres años antes.
Si se suman las denuncias de los últimos cuatro años, la de tala se lleva casi la mitad (un 48%) de las interpuestas. Le sigue el aprovechamiento ilegal de agua con un 5% y la cacería con un 4%.
Para ganar la batalla contra los delitos al ambiente es necesario denunciarlos, señaló el fiscal ambiental del Ministerio Público, José Pablo González.
Para hacerlo, el fiscal recomienda llamar al 911 y reportar las situaciones sospechosas ante las autoridades o hacerlo en el sitio web de denuncias del Minae. En este sitio puede adjuntar videos cortos y fotografías de los actos ilícitos. Luego recibirá una notificación vía correo electrónico de la denuncia, que puede ser anónima o pública.
Otra línea telefónica disponible para hacer denuncias es la 1192. Acá atienden de 7:00 am a 5:00 pm y los funcionarios del Minae reciben denuncias en español e inglés, indicó el contralor ambiental, Walter Zabala.
¿Que puede hacer si ve un camión que usted cree que transporta madera ilegal? Intente comprobar si la madera transportada tiene alguna placa o guía visible de color naranja, recomienda la fiscalía. Esta guía es el permiso que da el Minae para trasladar la madera. Si no, utilice los canales anteriores para denunciarlo.
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