Los molestos

 Cuatro funcionarios que anteriormente trabajaban en la Municipalidad de Nicoya denunciaron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al Tribunal Contencioso Administrativo, al alcalde Marcos Jiménez Muñoz, por supuestas prácticas laborales desleales. 

Desde el 2011 en que inició la administración de Jiménez y hasta la fecha, ha habido una reestructuración en los puestos del personal municipal, con el propósito, según el alcalde, de ordenar y aprovechar mejor el recurso humano.  

La Voz de Guanacaste investigó las denuncias de los funcionarios que han sido separados de sus cargos.

 

La primera de estos cuatro funcionarios en ser removida fue Catherine Chacón Loaiza, quien empezó trabajando en el 2006 en la asesoría legal de la municipalidad, y luego en 2009 pasó a ocupar la plaza de Control Interno.

De junio a octubre de 2011, Chacón solicitó a la alcaldía un permiso sin goce de salario para atender a su periodo de embarazo, el cual fue otorgado, sin embargo, cuando regresó a trabajar en octubre de ese año, el alcalde le notificó que continuaría haciendo sus labores bajo la modalidad de teletrabajo, es decir: trabajar desde su casa. 

Chacón trabajó bajo teletrabajo desde octubre del 2011 y hasta el 31 diciembre de 2012, mes en el que el alcalde le informó que su plaza sería suprimida y que sus funciones terminaban. 

Casi dos años más tarde, Chacón presenta en septiembre del 2014 un recurso de amparo ante el ministerio de Trabajo en contra de Jiménez, alegando supuestas prácticas laborales desleales, tales como: despido injustificado, irrespeto al ejercicio de los derechos de los trabajadores que forman parte de un sindicato y realizar actos de sabotaje que obstaculicen o perjudiquen el desarrollo de la actividad laboral. 

Chacón también reclamó que no se realizó ningún estudio o informe técnico por parte de Aylin Espinoza López, encargada en ese entonces del departamento de recursos humanos, sobre el cierre de su plaza. Además, Chacón reclama que, según la convención colectiva acordada entre el sindicato y la municipalidad, en caso de haber una reestructuración a lo interno de la alcaldía, se debe incluir mínimamente al 60% de los empleados municipales y que los últimos en ser removidos de sus puestos son los miembros de las Juntas Directivas de los Sindicatos. 

Chacón indicó que en el 2013 había aproximadamente 60 funcionarios en el área administrativa de la municipalidad y que únicamente dos plazas se suprimieron en el 2014.  

En noviembre del 2014, la Dirección Regional Chorotega de la Inspección de Trabajo, declaró con lugar la denuncia interpuesta por Chacón Loaiza, y más adelante también rechaza varias apelaciones y pedidos de revocatorias presentada por el alcalde. 

¿Todo bajo control?

Chacón cree que el propósito de eliminar su plaza no solo fue para que la municipalidad ahorrara recursos, sino para que el alcalde tuviera menos restricciones a la hora de ejercer el control interno en la administración.  

“Yo hice varias gestiones dentro de mi trabajo por iniciativa mía, no porque el alcalde me lo ordenara. Hice un código de ética, valoración de riesgos. La proyección de la plaza era mejorar el quehacer municipal y prevenir riesgos laborales, sin embargo creo que el alcalde nunca estuvo a gusto con mi trabajo”, dijo Chacón. 

Según el alcalde durante el tiempo que estuvo en función la plaza de control interno había descoordinación en los procesos administrativos. 

 «Anteriormente lo que teníamos era un organigrama institucional, que eran procesos desarticulados donde nada respondía a nada. Hoy todo tiene una consecuencia lógica. Si usted revisa todo el trabajo que se hizo durante el tiempo que existía la plaza de control interno no existe coordinación de control interno», explicó Jiménez.

De igual forma, Erick Badilla Monge, coordinador de la Carrera Administrativa Municipal de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y quien fue contratado en 2011 por la municipalidad para realizar un nuevo manual de puestos, explicó que en la plaza que ocupaba Chacón había una duplicidad de funciones. 

“La plaza de control interno tiene como objetivo tres ejes principales. El primero es dictar las políticas en materia de control, lo cual lo debe ejercer el concejo municipal; luego debe ejecutar esas políticas, lo cual es responsabilidad de cada jefe de los departamentos municipales; y finalmente debe fiscalizar, función que es de la auditoría interna. Por eso llegamos a la conclusión que había dualidad de funciones”, explicó. 

Por ahora, se está a la espera de la resolución final que establezca el juzgado de trabajo en el caso de Chacón para conocer si debe volver a su puesto o no.

 

 

Al igual que Catherine Chacón, el despido de Adrián Rojas Herrera se debió a la implementación del nuevo manual de puestos, donde se suprimía su cargo de planificador por motivos de restructuración.  

En una nota del 29 de noviembre de 2013, el alcalde Marcos Jiménez le comunicó a Rojas sobre la decisión de suprimir su plaza, la cual se hizo efectiva el 1 de enero del 2014.  

En respuesta Rojas, quien además es agremiado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), interpuso una demanda mediante el sindicato ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en contra del alcalde alegando prácticas laborales desleales por violación al debido proceso y al bloque de legalidad. Lo cual significa que a él nunca se le informó sobre el proceso de reestructuración que se llevaba a lo interno de la municipalidad, y menos de la eliminación de su plaza. 

Rojas considera un factor clave en su salida, la llegada de Erick Badilla Monge, consultor, quien fue contratado por la Municipalidad de Nicoya por un monto de ¢2.000.000, para elaborar el nuevo manual de puestos y encargarse de la reestructuración municipal. 

Rojas mencionó que sus funciones como planificador incluían dirigir y asesorar la planificación y el desarrollo institucional, así como elaborar el Plan Operativo Anual municipal (PAO). 

Antes de ser despedido, la municipalidad le pagaba mensualmente a Rojas Herrera ¢1.000.000 aproximadamente. 

Para él la separación de su cargo se debe a un antojo del alcalde y porque nunca contó con el visto del departamento de recursos humanos ni el de planificación. 

“Para mí es un antojo del alcalde y el consultor se prestó para hacerlo a su gusto. Esa restructuración nunca contó con el visto bueno del departamento de recursos humanos y el de planificación. Nosotros nunca fuimos involucrados en el proceso”, opinó. 

Por su parte, Marcos Jiménez sostuvo que la decisión de eliminar la plaza de planificación fue “porque el trabajo que requeríamos no se estaba dando”, y porque era parte de la nueva estructura organizativa de la municipalidad.   

“Nosotros hemos estado en un proceso de restructuración desde el 2011 y ese proceso ha dado pie a una nueva estructura organizativa, que tiene un sentido lógico y tiene el reconocimiento de la Contraloría General de la República”, explicó Jiménez. 

Cuñada a cargo de planificación y presupuesto

En tanto, Erick Badilla mencionó que producto de esta nueva organización, en 2013 se separaron los departamentos de presupuesto y contabilidad, y en el 2014 se unió el departamento de planificación y presupuesto, quedando a cargo Daisy Marín Jiménez, quien anteriormente era asistente en contabilidad y es hermana de la esposa del alcalde. 

Sobre la llegada de Marín al nuevo departamento de planificación y presupuesto, Badilla explicó que es válido el nombramiento debido a que ella trabajaba en la municipalidad antes de que Marcos Jiménez fuera electo como alcalde en 2010. 

En abril del 2015, el Tribunal Contencioso Administrativo, emitió una medida cautelar ordenando al alcalde, la reinstalación inmediata de Rojas a la planilla municipal.  

De esta forma, Rojas volvió a trabajar y percibir salario por un mes, ya que tuvo que volver a dejar su cargo debido a una apelación presentada por Jiménez, donde argumentó no tener presupuesto para seguir cancelándole el salario a Rojas y porque su plaza ya no existía.

Mientras tanto, Rojas está a la espera de una resolución definitiva por el tribunal, con el objetivo de volver a ocupar su cargo y el pago de sus remuneraciones salariales.