El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la municipalidad de Nicoya a cancelar todos los salarios que no se le han pagado al exfuncionario Adrián Rojas Herrera desde que lo despidieron como el encargado del departamento de planificación municipal, el 1° de enero del 2014.
Además del salario, la municipalidad deberá pagarle a Rojas el aguinaldo, salario escolar, y cuotas al régimen de Seguridad Social de la Caja.
Una suma que, según estimaciones de Rojas, alcanza los ¢60 millones. Antes de ser despedido, percibía un monto de ¢1.000.000 aproximadamente por mes.
Cuando lo despidieron, el ahora alcalde suspendido Marcos Jiménez, aseguró que debía suprimir su plaza por reestructuración interna.
Desde entonces, Rojas ha apelado al Tribunal Contencioso Administrativo, al Ministerio de Trabajo y a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), alegando que a él nunca se le informó sobre el proceso de reestructuración que se llevaba a lo interno de la municipalidad, y menos de la eliminación de su plaza.
Muni apelará sentencia
Debido a la sentencia del Contencioso, Rojas se presentó a trabajar a la municipalidad el pasado 24 julio . Sin embargo, ese día el departamento de la alcaldía le pidió tiempo hasta el 31 del mismo mes para gestionar su reingreso. (Ver Adjunto).
El funcionario se presentó al edificio municipal el pasado 31 de julio pero, desde la oficina de la alcaldesa en ejercicio Adriana Rodríguez, se le indicó que no se le iba a reinstalar pues la municipalidad ahora piensa apelar el caso ante el Tribunal de Casación.
Ese mismo día durante la sesión del Concejo Municipal de Nicoya, Rojas Herrera expuso su caso a los regidores nicoyanos y a la alcaldesa Rodríguez.
“La administración está realizando todos los esfuerzos para reinstalar a don Adrián, pero no se le puede obligar a lo imposible (a la municipalidad)», justificó la alcaldesa, quien luego aseguró a los regidores que está buscando la forma de apelar la sentencia con asesoría del departamento legal de la municipalidad.
El regidor Marvin Vargas dijo que, ante un eventual pago de indemnizaciones, el concejo tiene presupuestados solo ¢50 millones.
“Es preocupante esta situación porque no sé de donde vamos a sacar este dinero”, dijo Vargas.
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