Los regidores santacruceños corren para contratar a un abogado que lleve el proceso de la municipalidad de Santa Cruz contra su propia alcaldesa, María Rosa López, quien fue acusada por el alcalde anterior y por el auditor municipal de recibir ilegalmente un pago de ¢70 millones por el plus salarial denominado prohibición.
La actual jerarca fue vicealcaldesa entre el 2010 y el 2016. De acuerdo con el auditor municipal Álvaro Moreno, parte de este tiempo ella recibió un salario un 65% mayor al que debió cobrar.
López declinó conversar con La Voz de Guanacaste sobre este proceso, aunque en una entrevista previa había dicho que desde mayo del 2016 había dejado de recibir ese plus salarial.
Los regidores de este periodo “heredaron” el problema desde las anteriores autoridades municipales y son ahora los responsables de presentar el asunto ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ente que decidirá si el pago a la actual alcaldesa fue correcto o no.
Aunque la denuncia del auditor fue interpuesta en mayo del 2015, fue hasta hace pocos meses que los regidores se están ocupando de la contratación del profesional. Según ellos, se retrasaron por desconocimiento del proceso.
Sin embargo, desde el 2 de mayo del 2016, la Contraloría les pidió que establecieran el proceso legal ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Su plazo se vence el próximo 23 de abril, según la Contraloría.
“Creo que nos hemos atrasado (los regidores) por falta de experiencia, hemos tenido muchas cosas que atender, pero ya esta semana esperamos tener definido al profesional”, dijo el presidente del Concejo, Carlos Acuña.
El retraso también se debe a que en el primer concurso no se presentó ningún abogado, pues entre los requisitos se contempló que tuviera una maestría y el salario no era suficiente para cubrir a un profesional con ese grado.
Por eso, los regidores se reunieron en una sesión extraordinaria el pasado 17 de marzo y tomaron una decisión sobre los nuevos requisitos que debe cumplir el profesional.
El proveedor municipal Keylor Jaén Rosales indicó que con el proceso de contratación directa se contratará a un licenciado con experiencia en derecho público durante los próximos 10 días.
El presupuesto que tiene la muni de Santa Cruz para la contratación de este profesional es de ¢8 millones.
¿Por qué le cobran a la alcaldesa?
Según el auditor municipal, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública permite que los graduados de profesiones liberales, debidamente colegiados, reciban un pago adicional del 65% por prohibición.
La actual alcaldesa es educadora y esa profesión no es considerada liberal. El alegato de López es que ella es máster en administración educativa, y esta sí es una profesión liberal. Sin embargo, ella carece del título a pesar de haber llevado todos los cursos. Tampoco está colegiada.
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