Jonathan Leal, de Liberia, dejó de trabajar en Uber desde hace tres semanas, cuando le entregó al dueño el carro que le alquilaba para utilizar la aplicación. Tiene miedo de contagiarse de coronavirus en un negocio que simplemente ya no le da ganancias. Apenas recogía unos ₡10.000 al día, que gastaba casi completos en gasolina y la cuota del alquiler.
Antes de la pandemia, podía ganar esa misma cantidad en tan solo dos viajes del aeropuerto de Liberia a algún destino turístico guanacasteco, pero eso ya él lo ve como el pasado. Actualmente no recibe ningún ingreso y todavía paga la deuda que tuvo que acumular los días que no pudo pagar el alquiler del vehículo, porque no le alcanzaba.
Leal es parte de un grupo de 28.000 conductores informales que trabajan para la plataforma Uber en el país y que se quedaron prácticamente varados con la crisis. Pero es además parte de un grupo doblemente vulnerable porque el carro ni siquiera es suyo.
A eso hay que agregarle que en Costa Rica es ilegal el transporte remunerado de personas a través de la plataforma, entonces los choferes como él no están amparados en las excepciones de transporte durante las restricciones más fuertes de la pandemia.
Es un muchacho joven, tiene 31 y dice que no padece de ninguna enfermedad crónica pero sí le tiembla la voz cuando piensa en la posibilidad de contagiarse.
“Ganar algo de plata no equivale a mi salud”, dice.
Dice que limpiaba constantemente el vehículo y cada dos horas regresaba a su casa a bañarse, pero que al carro entraba de todo: desde gente obsesionada con las medidas de seguridad hasta negacionistas de la pandemia.
Guanacaste no tiene altos índices de contagio de covid-19 en comparación con el centro del país. Hay solo 13 casos confirmados y a hoy todos están recuperados. Liberia, donde vive Leal, tuvo un caso confirmado, pero fue dado de alta la semana pasada.
Sin embargo, la provincia sí vive una crisis aguda por el impacto en el turismo y en el agro, las dos industrias que emplean a más personas en la región.
Doble inseguridad
Como el servicio de Uber no está regulado bajo las leyes costarricenses, nada impide que los colaboradores alquilen los vehículos con los que trabajan a empresas o individuos dedicados a ello.
Leal, por ejemplo, dice que le pagaba ₡130.000 semanales a una familia que tiene más de 15 carros alquilados en Liberia. Ante la emergencia del covid-19, la tarifa bajó a ₡80.000. Sin embargo, el pago todavía era insostenible para el conductor.
Según sus cálculos, justo antes de darse de baja de la plataforma, hacía entre ₡10.000 y ₡15.000 al día. Con eso solo le alcanzaba para la gasolina y para el pago al final de la semana. Cuando no podía recoger todo el dinero, le sumaban la deuda para la semana siguiente.
“Yo decidí devolver el carro porque me estoy endeudando y no tengo el poder para arriesgarme a tener una deuda y enfermarme de esto. No esperaba que en estas fechas me pasara esto”, enfatiza.
“Quedarme en casa no es una posibilidad”
Juan Contreras es un chofer que utiliza la plataforma de Uber desde desde hace seis meses. Maneja todos los días más de ocho horas por todo el distrito central, pero la cosa va mal desde hace más de un mes: diariamente recoge unos ₡10.000 de los ₡30.000 que normalmente haría si no estuviéramos en crisis.
Con eso le alcanza para comprar un poco de comida y la gasolina que gastó en el día, pero dice que es mejor ganar poco a no trabajar del todo. Según él, desde el primer caso de coronavirus en Costa Rica, anunciado el 6 de marzo, los viajes en la plataforma han bajado drásticamente por todas las personas que mantienen cuarentena en casa. Sin embargo, la aplicación todavía no ha sacado cifras oficiales que puedan comprobar esto.
Pero para el conductor, quedarse en su casa no es una opción. Actualmente la única entrada de dinero que tiene su familia es Uber. Por la misma crisis, tuvo que dejar de trabajar en su empleo principal.
Ante el covid-19, Uber les donó una botella de alcohol en gel que cueste menos de ₡2.000 y les dijo que, si un conductor contrae la enfermedad, podrían darles una pequeña contribución económica. No obstante, la aplicación seguirá cobrando la misma comisión de siempre (15%) en todos los viajes.
Contreras, resignado, dice que no esperaba más. Sabe que es un trabajador informal y que salir durante la pandemia está completamente bajo su responsabilidad.
“Claro que tengo miedo de enfermarme. Pero más miedo es que mis hijas no cenen hoy”.
En Semana Santa las ganancias de todos los sectores ligados al turismo aumentan significativamente, en Uber no es distinto. Tanto Leal como Contreras comparan la época con las fiestas de Santa Cruz, donde normalmente generan alrededor de ₡150.000 al día.
Contreras, por ejemplo, había calculado que después de las vacaciones podría comenzar a construir su casa con las ganancias extras y los ahorros de más de un año. Ahora está usando esos ahorros para poder mantener a su familia mientras no pueda generar más dinero.
Leal planeaba comprar su propio vehículo, pero con ese dinero ahora está manteniéndose mientras no pueda trabajar.
Ninguno de los dos está inscrito en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ni en el Instituto Nacional de Seguros (INS). No son requisitos para ser parte de la aplicación. Uber tampoco ofrece ayudas médicas ni ningún ahorro para sus colaboradores.
Según su sitio web, Uber Costa Rica ha tomado cinco medidas ante la pandemia: apoyar y acatar las órdenes de las autoridades públicas de todos los países donde tiene presencia, animar a los conductores a mantener el vehículo limpio, desarrollar dinámicas para dejar los paquetes de comida sin que exista contacto, cancelar cuentas de conductores con covid-19 y mantener el nivel de cada conductor a como estaba antes de la crisis.
¿Los conductores de Uber pueden participar en el Bono Proteger?
Contreras afirma que eventualmente deberá dejar de trabajar. “Si los casos aumentan más puede que me contagie y por lo tanto contagie a mis hijas”, lamenta.
Una de las mayores dudas de ambos choferes es si ellos, que trabajaron bajo la informalidad, pueden también ser amparados por el bono Proteger, la ayuda que el gobierno está dando a todos los afectados laboralmente del covid-19.
Según el departamento de prensa del Ministerio del Trabajo, son totalmente elegibles. Los conductores deberán inscribirse como trabajadores informales y hacer una declaración jurada diciendo que sus ingresos han sido abruptamente reducidos por la crisis.
Tener seguro social no es un requisito y no tendrán consecuencias al admitir que han laborado para esta aplicación.
Mientras tanto, Leal y Contreras esperan que las ganancias mejoren. Mientras que uno seguirá circulando por todo el centro de Nicoya, el otro aguarda junto a su familia para que eventualmente pueda volver a trabajar.
Los ahorros de ambos están bajando y no tienen plan para continuar. “El plan es que no hay plan”, dice afligido Contreras.
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