Elias Madrigal coloca una mesita llena de chunches en las puertas de una cabina frente a la costa de Sámara. Sin clientes y escondido entre palmeras y tablas de surf, extraña el lugar donde solía vender sus productos. Durante ocho años, su caseta de ropa fue una de las primeras cosas que los turistas veían al llegar a la playa, pero también su única fuente de ingreso, hasta que el 11 de febrero la Municipalidad de Nicoya la demolió.
Junto a Elias, otros siete negocios que estaban asentados irregularmente sobre la zona marítimo terrestre (ZMT) samareña tuvieron el mismo desenlace.
Después de años de vigencia, la muni decidió activar la aplicación del artículo 13 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que autoriza a los gobiernos locales a desalojar, destruir y demoler cualquier asentamiento ubicado dentro de la zona. Una labor que según las mismas palabras del alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez, la municipalidad “no estaba gestionando adecuadamente”.
Al menos cinco de los comerciantes desalojados regresaron a la playa tan solo dos días después, como vendedores ambulantes o cerca de las puertas de las cabinas frente a la costa. Para la mayoría, las ventas en los puestos eran su único ingreso económico para sostener a sus familias.
La muni recogió los datos de todos los vendedores con la promesa de ofrecerles una solución, pero en este momento no existe un plan específico para ayudar a los y las afectadas.
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La ZMT es la franja de doscientos metros de ancho a lo largo de la playa, a partir de la línea que marca la marea más alta. La ley estipula que está dividida en dos: los primeros 50 metros de zona pública donde nadie puede construir nada y la zona restringida, donde la muni puede otorgar concesiones de construcción.
Según los documentos dados por comerciantes a La Voz de Guanacaste, el departamento de Zona Marítimo Terrestre envió una orden de desalojo el lunes 8 de febrero. En esta, la muni les exigía la demolición inmediata de los locales frente a la estación de policía de Sámara y el retiro de todo el tipo de mercancía en los puestos.
Elias afirma que la venta de ropa en Sámara representa el único ingreso para su familia, que actualmente está viviendo en San José. El comerciante regresó a la playa dos días después de ser desalojado.Foto: Yamlek Mojica
Ante la falta de acatamiento, tres días después la municipalidad procedió a la demolición de las infraestructuras, como lo demanda la ley de ZMT.
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Elías afirma que cuando comenzó a trabajar en Sámara, en 2013, las autoridades de la municipalidad le advirtieron que su puesto de ropa “no iba a durar más de tres meses». Desde entonces, el comerciante intentó fallidamente legalizar el estatus de su negocio.
Yo iba de vez en cuando a hablar a la muni para que nos dieran el permiso de estar (en la entrada de la playa), porque algunos (comerciantes) tienen hasta 15 años de estar aquí y queríamos estabilizarnos. Ellos nos decían que no era posible, pero que mientras tanto resolvían estuviéramos ahí”, cuenta
Ese también es el caso de Juan Carlos Díaz, un vendedor de artesanías que trabajó en la entrada a la playa durante 14 años. Juan Carlos dice que “todos (en Sámara) sabían que habían problemas de ubicación”, pero que ante la falta de acciones por parte de las autoridades los comerciantes “se acostumbraron a estar ahí”.
Nosotros solicitamos muchas veces que nos ayudaran a legalizar nuestro negocio, pero no nos decían nada, entonces solo nos quedamos”, denuncia el artesano.
Ambos vendedores afirman que el cambio de dinámica redujo significativamente sus ingresos. Elías por ejemplo, pasó de vender al día unos ₡70 mil en productos, a ₡20 mil en los últimos cuatro días.
Rodrigo Acuña, coordinador del departamento de ZMT en Nicoya, admite que la municipalidad sí tiene responsabilidad en que la demolición se realizó hasta ahora, aun cuando estas infraestructuras han violado la ley desde hace años.
La cosa es que la ley existe desde 1977, entonces es cierto que hay un rezago (en su aplicación), pero lo que hacemos (demoler estos negocios) es sobre la ley. Ahí habría que hacer un mea culpa en la administración. Y lo hablo de un sentido más amplio, no solo este departamento, sino todos los actores dentro de la administración que tienen que ver con ZMT”, admite el funcionario.
Otras infraestructuras siguen en pie sobre la costa
Los puestos de venta frente a la estación de policía fueron las únicas infraestructuras demolidas sobre la ZMT, pese a que Acuña afirma que otros negocios también invaden la zona pública y no han sido notificados para el desalojo.
Tras un viaje de campo hacia el lugar, La Voz de Guanacaste pudo confirmar que en este momento múltiples restaurantes extienden sobre la costa sillas y mesas para atender al público sobre la zona marítimo terrestre.
Otro ejemplo, 20 kilómetros al sureste de Sámara, es que a casi dos años de la investigación que realizó La Voz de Guanacaste sobre la construcción ilegal de un rancho en Garza sobre la ZMT de la costa, la edificación sigue en pie pese a las múltiples órdenes de clausuras dadas por la muni. Actualmente, la Fiscalía Ambiental investiga al dueño de la propiedad por el delito de usurpación de bienes de dominio público.
Para Acuña, la demolición de los puestos en Sámara fue el primer paso para “rescatar la zona pública de la playa”, pero no quiere decir que sea el último. Según el funcionario, la municipalidad está analizando “caso por caso” la situación de cada propiedad y local para que en las próximas semanas comiencen a enviar notificaciones de desalojo o de retiro de mobiliario, según cada situación.
Ahorita no hemos notificado a ningún otro negocio, porque hay situaciones jurídicas diferentes que seguimos analizando. No solo es que vamos a proceder a demoler, sino que hay consecuencias para cada persona jurídica que debemos valorar. Pero no es que no se vaya a proceder con ellos también”, explica Acuña.
Abuso de la ley ZMT pone en riesgo a la población
Para Omar Lizano, investigador del centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (UCR), “no sirve de nada” desalojar puestos informales cuando otras empresas colocan mueblería en la ZMT.
Si vamos a quitar a unos, las municipalidades tienen que quitar a todos. Porque, desde el punto oceanográfico, a todas esas sillas y mesas de restaurantes próximamente se las va a llevar el mar y no habrá una excusa de este lugar sí y el otro no. En 30 años, la marea va a seguir creciendo y eso se lo va a llevar sin más”, enfatiza el experto.
Acuña afirma que el desalojo también busca la libre circulación en la playa. Para él, durante años muchos actores se han apropiado del espacio público, dejando poco terreno para el resto.
Al final, esta es una zona pública y tiene libre tránsito. Si estás obstruyendo esa zona libre para todos, podés perder tu concesión. La zona pública es un espacio para todos y hay que comenzar a entender las limitaciones”, recuerda el funcionario.
Lizano enfatiza que el caso de Sámara es especial pues antes del terremoto de 2012, el distrito sufría problemas graves de erosión, por los que el mar se comía lentamente a la costa samareña. El mismo problema lo vive Tamarindo.
Según el científico, el terremoto retrocedió esos problemas, pero todavía es una costa muy vulnerable. Eventualmente la orilla del mar seguirá avanzando hacia el pueblo. Por esto, las infraestructuras y mobiliarios no deberían asentarse en zonas tan cercanas a la marea, pues corre el peligro de sufrir inundaciones.
“No es que vamos a afectar al mar, es que el mar es imparable y va a terminar apropiándose de esos espacios. Entonces no podemos acomodarnos en zonas vulnerables de ninguna forma”, afirma.
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