En el 2015, la Contraloría General de la República (CGR) sancionó con 15 días sin goce de salario al actual candidato a la vicealcaldía de Nicoya por el partido Nuestro Pueblo, Carlos Luis Medina Fernández, por un caso que se remonta al 2010.
Medina era regidor en ese momento y la medida disciplinaria fue impuesta por su participación en una comisión investigadora, a pesar de ser consciente de la posible existencia de un conflicto de intereses.
Los regidores Carlos Medina, Ana Lizeth Espinoza Fonseca y Rodolfo Orozco Carrillo integraron una comisión para investigar una licitación adjudicada por el gobierno local a la empresa Gestora, Concesión e Ingeniería GCI S.A., cuyo representante legal era el abogado Roger Bravo Álvarez.
El conflicto radicó en que Bravo, sujeto de la investigación, era el representante legal de un grupo de regidores, incluido Medina Fernández, en un proceso legal ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
De acuerdo con el órgano contralor, la conexión entre ambas partes levantó sospechas sobre un posible conflicto de intereses.
En ese entonces nosotros comparecimos en la Contraloría General de la República. Declaramos lo que teníamos que declarar, dijimos lo que teníamos que decir y apelamos la sanción [de 15 días sin goce salarial]”, aseguró el actual candidato.
Según la CGR, la comisión investigadora incumplió con sus responsabilidades, pues en lugar de determinar la necesidad de remitir el caso al Ministerio Público, se limitó a realizar un examen detallado de las capacidades profesionales del abogado.
El artículo 38 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública regula el conflicto de intereses en la función pública, de modo que un funcionario no puede colocarse en una situación en la que su interés privado o personal pueda afectar la ejecución de sus deberes.
Aunque la página oficial de la Contraloría indica que la sanción aplicada fue de 15 días, el actual candidato aseguró por llamada telefónica que solo se le sancionó con una dieta (la remuneración que reciben los regidores y regidoras por su participación en cada sesión del concejo).
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