El alcalde de Nicoya Marco Antonio Jiménez está suspendido de su cargo desde junio del 2017 y no ha dejado de recibir su salario desde entonces, pese a que el Concejo podría tomar la decisión de dejar de pagárselo.
Así lo consideraron la Fiscalía y el abogado de la municipalidad ante una consulta de La Voz de Guanacaste para este artículo. Así lo dictó también la Sala Constitucional en su último fallo relacionado con este tema, en el 2014.
La presidenta del Concejo, Karen Arrieta, afirmó que no han tomado todavía ningún acuerdo oficial para seguir pagándole o suspenderle el pago al alcalde, pero que están haciendo las gestiones para tomar la decisión correcta.
“A partir de este año iniciamos después de darnos cuenta de que le habían prorrogado nuevamente en diciembre las medidas”, dijo Arrieta.
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La alcaldesa, Adriana Rodríguez, aseguró que desconocía esta posibilidad.
“Vea, si a una persona no se le ha demostrado que es culpable, el procedimiento a seguir es ese (el de pagarle). Yo no tengo un documento donde me digan que no le pague”, sostuvo.
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Según un informe elaborado por el departamento de Recursos Humanos del gobierno local a petición de La Voz de Guanacaste, entre el 14 de junio del 2017 y el 30 de diciembre de ese mismo año, la Municipalidad le ha pagado a Jiménez una suma de ¢17.288.115.
¿Por qué puede el Concejo tomar esta decisión?
La coordinadora del área de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, aseguró que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz solicitó hace seis meses que el alcalde fuera suspendido del cargo sin goce de salario.
El juez del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública —que revisó las peticiones de la Fiscalía— emitió las medidas cautelares sin pronunciarse al respecto, basado el voto de la Sala Constitucional (No. 3966-2014) que indica que debe ser el superior del funcionario el que tome esta decisión.
De acuerdo con este fallo, si el trabajador no puede cumplir con su obligación, la relación laboral se suspende, de manera que el patrono no está obligado a pagar el salario.
En una nueva audiencia, la Fiscalía le solicitó al juzgado que pusiera en conocimiento del Concejo Municipal la medida cautelar, con el fin de que este decidiera si se le pagaba o no a Jiménez. “El Juzgado trasladó la competencia al Concejo Municipal”, reiteró Vargas.
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La secretaria del Concejo, Heidy Mena, afirmó que no ha llegado ningún oficio de parte de Fiscalía o del Juzgado que permita abrir esta discusión entre los regidores.
Este medio quiso conocer los oficios en poder de la Secretaría desde la fecha de suspensión de Jiménez pero Mena nos indicó que debíamos iniciar un proceso de solicitud por escrito para tener acceso a ellos, pues no pueden ser consultados sin previo aviso.
Por su parte, la presidenta Karen Arrieta justificó que el Concejo necesita tener un abogado para que los asesore en este tipo de casos.
“No tenemos abogado. Tuvimos que buscar uno externo pagado por los mismos regidores del Concejo para que nos colabore específicamente con estas cosas”, explicó.
¿Por qué no actuó la alcaldía?
La alcaldesa Adriana Rodríguez aseguró que desconocía que el patrono podía tomar esta decisión. Sin embargo, el jefe del departamento legal de la misma municipalidad, Miguel Guillén, sí tenía conocimiento de la resolución de la Sala.
“No sé quién dispuso que se pague. Aquí no ha llegado ninguna resolución del juez que indique nada al respecto (sobre el pago del salario). La Sala además ha dicho que el juez no puede referirse a eso porque es un asunto institucional, del patrono, en este caso, de la municipalidad”, explicó Guillén.
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El funcionario agregó que desconoce si existe algún oficio o acto administrativo donde se detallen las razones legales por las cuales se le sigue pagando al funcionario.
“Cuando el juzgado no se pronuncia al respecto, la Municipalidad no solicitó una aclaración a esa resolución. De verdad yo no sé si alguien ha ordenado que se pague, tiene que haber un oficio, pero yo no lo conozco. A mi tuvieron que haberme hecho la consulta: ¿procede el pago o no? , pero no me la hicieron”, concluyó Guillén.
Cuando La Voz de Guanacaste puso al tanto a la alcaldesa sobre el criterio de Guillén, esta expresó que podría elevar la consulta a la Procuraduría General de la República, aunque desconocía esta valoración del abogado municipal.
“Me preocupa mucho”, manifestó la alcaldesa.
Súmele tres más
El 14 de diciembre anterior, el Juzgado acogió la solicitud de la Fiscalía de extender la suspensión de Jiménez por tres meses más (hasta marzo del 2018), con lo que Jiménez llegaría a sumar nueves meses continuos fuera de su cargo.
Si el Concejo decide seguirle pagando el salario durante los próximos tres meses de medida cautelar, el monto acumulado que estaría recibiendo el alcalde llegaría a los ¢25.239.114.
Además, la Fiscalía puede pedir todas las prórrogas que sean necesarias.
“Cuando se trata de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, como es el caso del alcalde Jiménez, no existe un tiempo límite de prórrogas. Es decir, la medida cautelar de suspensión del cargo que tiene impuesta el alcalde, puede prorrogarse incluso por el tiempo que tarde el proceso penal”, explicó Tatiana Vargas del Ministerio Público.
Jiménez es investigado por los supuestos delitos de peculado (malversación de fondos públicos), influencia en contra de la hacienda pública, nombramientos ilegales, fraude de ley y abuso sexual.
Para esta información colaboró la periodista María Fernanda Cruz.
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