Cuando se anuncia la construcción de alguna obra en una determinada comunidad, es común pensar en progreso, bienestar y desarrollo social; sin embargo, eso no sucede cuando se dice que la iniciativa se trata de un centro penitenciario, comúnmente conocido como “cárcel”.
Nadie quiere tener como vecino un proyecto de este tipo, dados los riesgos sociales que esto representa.
Desde el 2014 que se viene trabajando el proyecto de construcción de un centro penitenciario, bajo el modelo de unidad productiva, que tiene como fin ayudar a descongestionar las cárceles del país.
Es innegable que la situación del sistema carcelario nacional requiere pronta intervención para reducir el hacinamiento y las funestas condiciones en que se encuentran la mayoría de reos, como el dormir en condiciones inhumanas en colchas bajo camarotes o el utilizar servicios sanitarios expuestos a enfermedades. No obstante, nadie quiere convivir en medio de un ambiente de incertidumbre e inseguridad.
Analicemos el problema de hacinamiento y de mala infraestructura carcelaria que se ha venido agudizando en los últimos años: Costa Rica pasó de ser un país modelo en cuanto al sistema carcelario en las últimas cuatro décadas en América Latina, a ser un país donde se cuestiona el respeto por los derechos humanos de los privados de libertad.
La población carcelaria en Costa Rica pasó del 6 % en 2009 a casi un 47 % en la actualidad. Lo anterior responde al incremento de la delincuencia y el narcotráfico, la implementación de tribunales de flagrancia que resuelven con brevedad sobre delitos menores, y el elemento de prisión preventiva que se ha implementado por nuestro sistema penal.
Pero mientras el número de reos aumenta en forma vertiginosa, no hay nuevos centros penintenciarios o los existentes no sufren modificación, al punto que existe una sobrepoblación carcelaria que supera los 5.000 reclusos, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia.
La cárcel de Nicoya albergaría a unos 520 reos que en su mayoría vendrían del Gran Área Metropolitana. Según el Ministerio de Justicia, esta cárcel en particular es diferente de otras en el sentido de que busca promover la rehabilitación de los reos.
Los beneficios de una cárcel en Nicoya no son muchos: trabajo temporal para algunos en la construcción, unos pocos profesionales de la zona serán requeridos en el centro penitenciario, sociólogos, psicólogos, abogados, jueces, etc. Pero ¿quién garantiza que la influencia de estos reos no acarree conflicto social en la zona, cuando de todos es sabido que desde las mismas cárceles las bandas se organizan para delinquir y las narco bandas se refugian en el presidio para fraguar sus planes? Y de ahí la preocupación del alcalde Marco Jiménez.
Lo cierto del caso es que la decisión está tomada. Ante una situación que apremia y la necesidad de nueva infraestructura carcelaria, el Gobierno firmó el año anterior un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $50 millones con el fin de construir siete cárceles en el país. Y Nicoya no puede escaparse, porque en el convenio con el BID, está establecido que se construirá una cárcel en el terreno donde ya se encuentra el Centro Semi Penitenciario.
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