¿Qué importancia tiene para usted la escuela o el colegio de su comunidad? Quizá sea el referente para dar una dirección, el lugar en el que se refugió de la tormenta Nate en 2017 —cuando decenas de centros educativos se convirtieron en albergues— o el sitio en el que va a las urnas para escoger presidentes y alcaldes.
Las aulas son, por supuesto, el lugar en que el Estado nos educa de manera gratuita. Pero son mucho más que eso, y están en riesgo. Una lista elaborada por el Ministerio de Salud (Minsa) a mediados del 2018, a petición de la diputada de Restauración Nacional Mileyde Alvarado, evidenció que 102 centros educativos en Guanacaste contaban con al menos una orden sanitaria. Es decir, con una advertencia de riesgo del Minsa. Un 20% del total de las alertas emitidas a nivel nacional (529 en todo el país).
La mayoría de las órdenes tienen que ver con temas de infraestructura deficiente: comedores con orden de demolición, incumplimiento de la Ley 7.600 para las personas con discapacidad, sistema eléctrico en mal estado, entre otros.
De ese listado, la mayoría de los centros con orden sanitaria se ubicaron en los cantones de Bagaces (37 casos), Santa Cruz (18) y La Cruz (15).
Según la dirección de prensa del Minsa, ese número está en constante cambio y aseguran que para el primer trimestre de este año era menor. Sin embargo, al cierre de esta edición no precisaron cuántos casos se habían atendido.
Andrea Obando, directora de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), tiene a cargo la infraestructura educativa en todo el país.
En entrevista con La Voz de Guanacaste, dijo que, a marzo de este año, la institución ya ha solucionado varias de las advertencias de salud y tiene mapeadas solo 60 en la provincia, aunque no precisó en cuántos centros educativos (puede haber más de una orden por centro).
Pero está claro que el problema de infraestructura en las aulas está latente, y no solo desde hace unos meses, sino años. En la escuela San Martín de Nicoya, por ejemplo, una de las órdenes sanitarias se abrió en el 2012, luego del terremoto de 7,6° en setiembre de ese año.
Desde ese momento, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) determinó que tres pabellones debían quedar descartados para dar clases y que, incluso, había que demoler uno de ellos.
Siete años después, todos los pabellones siguen en funcionamiento y la advertencia del Minsa hace fila para recibir atención del MEP.
Si tuviéramos un lugar donde meterlos [a los estudiantes] no nos arrimaríamos ahí, pero al no tener un lugar ¿qué hacemos?”, dijo Gerardo Carrillo, director del centro educativo.
Carrillo cree que en 2020 iniciará un proyecto de 32 aulas nuevas. Asegura que así se lo confirmó la DIEE, aunque aún la fecha no está definida.
Múltiples causas
Las causas que explican esta acumulación de alertas sanitarias son varias. Una de ellas es la antigüedad de escuelas y colegios.
Por ejemplo, el Liceo Miguel Araya Venegas, en Cañas, abrió sus puertas por primera vez en 1963, hace 56 años. A la fecha tiene cuatro órdenes sanitarias en espera.
Su directora, Dennice Jiménez, aseguró que el 12 setiembre del 2018 un ingeniero civil y una ingeniera eléctrica de la DIEE realizaron valoraciones a las instalaciones del Liceo y concluyeron que el lugar ya cumplió su vida útil.
Este colegio fue hecho cuando había 150 estudiantes y ahora vamos por 900. Los tiempos han cambiado y no podemos seguir pensando que tenemos las mejores condiciones”, alegó Jiménez.
La falta de comunicación entre la DIEE y el Minsa es el segundo de los problemas. A esa conclusión llegaron los jerarcas de ambas instituciones hace escasos seis u ocho meses, pese a que la DIEE fue creada desde el 2007.
El viceministro de Salud Dennis Angulo explicó que hace unos meses el procedimiento consistía en que el ministerio llegaba a un centro educativo, valoraba las instalaciones, emitía una orden sanitaria si era necesario, se la entregaba a la dirección del lugar y luego la escuela o el colegio le informaba a la DIEE sobre la orden.
Entonces, el Minsa y el MEP no se hablaban en el proceso y los criterios para emitir una orden algunas veces eran laxos. Además, Obando, de la DIEE, asegura que las órdenes sanitarias que llegaban no eran categorizadas por complejidad, sino que solo se atendían a como iban ingresando a los sistemas.
Un informe de auditoría interna de la DIEE agrega que los problemas a lo interno de ese órgano adjunto del MEP ponen en riesgo los procesos de mejora de infraestructura en los centros educativos de todo el país, pues maneja información duplicada e incompleta de los proyectos que están a su cargo.
“La ausencia de controles administrativos y operativos, impiden la toma de decisiones oportunas, el aprovechamiento de recursos, reparación o mantenimiento de la infraestructura educativa del país”, cita el documento.
La ejecución de los presupuestos sin control por parte de la DIEE es un tercer problema. El informe señala que el órgano gira dinero a las escuelas y colegios pero no brinda asesoría de cómo utilizar esos recursos. O en su defecto, no autoriza a las direcciones a utilizarlo.
Por ejemplo, a marzo de este año, el diario La Nación reveló que las Juntas de Educación tenían sin ejecutar unos ¢141.000 millones en sus cuentas de caja única.
Los directores de los centros educativos entrevistados por La Voz de Guanacaste coinciden en que también la cantidad de dinero asignada por Ley (N°6746) para el funcionamiento de los centros, apenas alcanza para el rubro de reparaciones menores, y es insuficiente para atender necesidades más complejas.
“Las asignaciones de recursos van en función de la cantidad de niños que cada escuela tenga en la matrícula. Para reparaciones a nosotros nos quedan unos ¢500.000 que los gastamos en la corta del zacate”, comentó el director de la escuela unidocente de Bagatzi, Heiner Chevez, que tiene 17 alumnos y, según una orden sanitaria del 2017, debe construir un comedor completamente nuevo.
Efectos que importan
La presidenta de la junta de educación de la escuela de San Martín de Nicoya, Yorleny Gómez, cuenta que las condiciones en las que estudian su hijo y sus compañeros son “terribles”.
“En las aulas hace un calor terrible. Si uno pone tres abanicos se trae todo el cielo raso, entonces tampoco se puede ofrecer ventilación. Además, el sistema eléctrico en cualquier momento hace un chispero”.
El efecto en los estudiantes es inmediato, dice ella. “Emocionalmente eso les afecta y también su rendimiento”.
Con ella coinciden las instituciones internacionales que han abordado el tema. Para el Banco de Desarrollo de América Latina, la inversión en infraestructura escolar cumple un papel fundamental para el acceso y el rendimiento de los estudiantes. La Unesco coincide, indicando que la tasa de abandono escolar en América Latina es de un 17% y es mayor en zonas rurales, donde las condiciones de infraestructura muestran mayores rezagos.
Las instituciones nacionales lo saben, pero el futuro aún se ve incierto. La DIEE y Salud aseguran estar comprometidos a mejorar su forma de trabajo. A hacer visitas conjuntas de inspección antes de emitir una orden, a categorizar las órdenes de graves a leves y hasta a levantar un mapa para ubicar a los centros educativos afectados.
La directora de la DIEE, Obando, fue enfática en que todo el presupuesto ordinario de la institución, unos ¢19.000 millones aprobados para el 2019, estará asignado a la atención de órdenes sanitarias y proyectos de emergencia (dirigidos a centros afectados por inundaciones o terremotos).
Mientras, para remozar los centros educativos e ir solucionando órdenes sanitarias, algunas escuelas y colegios se las ingenian para no tener que esperar a que los recursos lleguen.
En San Martín, por ejemplo, Ana Zúñiga, profesora de la clase 10-3, señala hacia adentro de su aula para mostrar cómo, a punta de rifas, han logrado arreglar sus problemas. Pintura buena y uno que otro abanico dan indicios de los resultados. Esperan que la ayuda llegue, pero ya les cuesta creerlo.
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