El exalcalde (2016-2020) y actual candidato a la primera vicealcaldía de La Cruz por el partido Unidad Social Cristiana, Junnier Salazar, enfrentó sanciones administrativas impuestas por la Contraloría General de la República (CGR) en el 2018 y el 2021.
La primera sanción se le impuso por autorizar el cierre de la municipalidad durante dos horas para que funcionarios municipales asistieran a un “Baby Shower”, y la segunda fue en el 2021 por incumplir los plazos para formalizar una contratación directa.
Autorización para celebrar un Baby Shower
En julio del 2018, mediante la resolución 9359-2018 la CGR ordenó suspender al entonces alcalde Junnier Salazar por ocho días sin goce de salario. La penalización ocurrió por haber autorizado la suspensión de los servicios municipales desde las 2 p. m. hasta las 4 de la tarde con el fin de que un grupo de funcionarios municipales asistiera a un “Baby Shower” en el 2016.
El órgano contralor informó que la invitación a la actividad fue enviada a 59 cuentas institucionales a través del correo electrónico de Livex Obando Martínez, asistente de Recursos Humanos, quien contaba con la autorización del entonces alcalde Salazar.
Consultado por La Voz de Guanacaste el exalcalde no negó el hecho pero lo calificó como un malentendido.
Ahí fue una jugada que me hicieron a propósito. Si una compañera cumplía años le hacíamos un quequito y así lo hicimos con dos embarazadas. Se malinterpretó”, alegó el ahora candidato Salazar.
En una lista titulada «Control de asistencia Baby Shower», la Contraloría identificó la participación de 34 funcionarios de la institución en la actividad, la cual se llevó a cabo en horario laboral.
Aunque el órgano contralor no pudo confirmar el cierre total de las instalaciones, concluyó que la ausencia de los funcionarios impactó de forma negativa en la prestación de los servicios municipales y en consecuencia, se le ordenó al exalcalde reintegrar ¢347.000, la suma de dos horas de salario de cada uno de los funcionarios que participaron.
¿Por qué se impone una sanción en este caso?
Según la ley 6227, los servidores públicos deben desempeñar sus funciones para satisfacer el interés colectivo y la actividad de los entes públicos debe estar sujeta a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad y su eficiencia. En el caso del exalcalde, la Contraloría calificó la autorización de asistencia a la actividad como una “falta grave”.
Dos años sin ingreso o reingreso a cargos de Hacienda Pública
Tres años después, bajo un nuevo expediente, la Contraloría le prohibió a Junnier Salazar el ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por dos años, pues en su condición de alcalde de La Cruz, incumplió los plazos para formalizar una contratación directa.
Se trató de una contratación directa que se adjudicó en 2017 por ¢3.800.000 a la empresa Crowe Horwath. Para finalizar la contratación y ejecutarla, el exalcalde Salazar tenía que firmar el contrato y remitirlo a Proveeduría Municipal en un plazo máximo de cinco días.
Al haberse adjudicado en el 2017, el proyecto estaba dentro del compromiso presupuestario de ese año, por lo que la firma del contrato y el envío del mismo a Proveeduría debía hacerse antes de junio del 2018, pero esto no sucedió. Aunque en apariencia el exalcalde firmó el contrato desde enero del 2018, el documento llegó al departamento de Proveeduría ocho meses después de la adjudicación y no se pudo ejecutar.
Ante la consulta de La Voz de Guanacaste, Salazar alegó que “fue otro chantaje que desgraciadamente no pude demostrar ante la Contraloría. Era una simple auditoría para un departamento que nada más tenía que firmar, llevaron el documento, lo recibió la asistente y ese documento nunca llegó a mis manos. No pude defenderme”.
El Código Municipal aclara que la figura del alcalde debe ejercer las funciones de administrador general, vigilar la organización, el funcionamiento, la coordinación y el cumplimiento de los acuerdos municipales.
Aunque la Contraloría declaró a Junnier Salazar responsable en grado de culpa grave, al haber finalizado su periodo como alcalde de La Cruz en abril de 2020, la sanción fue inejecutable.
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