Las últimas horas con vida de Alina quedaron grabadas en una cámara de seguridad.
Era la noche del domingo 19 de febrero del 2023 y, según le dijo a una prima por mensajes, más tarde tomaría un bus para irse a su casa, en Barrio La Gallera, a unos dos kilómetros del centro de Liberia. Vivía sola en un apartamento que lograba alquilar con su emprendimiento vendiendo joyería.
Alina tenía 25 años y era estudiante en la Universidad Nacional. Nadie supo más de ella después de ese último mensaje, hasta que dos días después encontraron su cuerpo desnudo y con signos de violencia sexual en un terreno abandonado en Liberia.
El principal sospechoso de su femicidio, Francisco Rivera, quedó también captado en las cámaras de seguridad de un bar donde ambos estuvieron. Aunque la policía y la fiscalía lo identificaron, no ha servido para más. Nueve meses después sigue prófugo.
No es el único asesino de mujeres (o femicida, como se identifica técnicamente a quienes matan a mujeres por razones de género) que huye tras asesinar violentamente a una mujer en Guanacaste.
En los once meses que llevamos del 2023, tres de cinco femicidios tienen a sus principales sospechosos libres y en fuga.
La Voz de Guanacaste analizó los femicidios registrados entre el 2018 y el 2023 en la provincia, tomando como base los identificados por la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención del Femicidio, pero también sumando otros que no han sido incluidos en ese reporte, como el de Darys Mora en La Cruz.
En nuestra investigación contabilizamos 19 femicidios en total, con un promedio de tres mujeres asesinadas cada año.
El 2018 y el 2023 presentan una excepción: los casos han sido cinco. Y la cifra podría ser mayor este año, considerando que falta un mes para finalizarlo y que hay tres delitos pendientes de analizar y categorizar como femicidio por la subcomisión para la prevención del femicidio.
Los femicidas en fuga de este año pueden abrir las puertas a una impunidad nunca antes vivida en la provincia.
Las reformas a la ley que sanciona la violencia contra las mujeres permite que ahora también se juzguen como femicidios los casos como el de Alina, donde aparentemente su vínculo con el femicida no era de pareja sentimental.
Antes este delito era considerado únicamente para esposos o novios. “[Ahora se incluyen] mujeres que habían tenido noviazgos [es decir, exparejas], o que tuvieron algún contacto, o víctimas por un asunto sexual”, explica el fiscal adjunto de Liberia, Elvis López.
Frente a la necesidad de resolver el crimen y de evitar que el caso quede empapelado, la mamá de Alina, Cinthia Salas, se ha convertido en una colaboradora en la investigación.
En la fiscalía le dijeron que es probable que Rivera se haya ido para Nicaragua. Pero eso a ella no le basta.
“Yo no he dejado de preguntar qué es lo que está pasando y cómo va todo. Voy a los tribunales a hablar con la fiscal y con los investigadores del OIJ [Organismo de Investigación Judicial], porque ellos también tienen parte en esto”, dice.
Ellos se ciñen en que él está allá [en Nicaragua] y nada más. Eso es lo que me dicen. ‘Está allá, no podemos hacer nada’. Pero a mí algo en mi corazón me dice que él está acá en Costa Rica”.
La foto que el OIJ publicó de él como persona requerida con fines policiales es prácticamente irreconocible, dice Cinthia.
Ella se encargó de encontrar y llevarles una más reciente y clara, donde se ve su cara. “Eso hace como dos meses y aquí estoy esperando. Todos los días veo a ver si ya la publicaron [en redes sociales], pero nada”.
Los otros dos en fuga son William Calderón Talavera, principal sospechoso del femicidio de Anielka Silva de 33 años en Santa Cruz, y Gabriel Guadamuz Orozco, posible femicida de Aura Velásquez Rocha de 38 años en Nicoya.
Donde sea que los encuentren, ningún país debe extraditar a sus ciudadanos aunque sean internacionalmente buscados. Las autoridades ticas no tienen cómo interferir en una pena o si se practica un indulto.
“[Se da seguimiento para] poder cerrar el ciclo, para que haya un pronunciamiento judicial, para que la familia de alguna manera pueda cerrar este círculo y decir ‘bueno, se hizo lo que estuvo al alcance’”, dice López.
Tiempo y espacio amenazan justicia
Cada hora tras un femicidio es clave para procurar que los responsables enfrenten juicios por lo que hicieron: no solo por la energía que las y los investigadores dedican al caso, sino también por la calidad de las pruebas, como los fluidos y ADN que puedan identificar.
[Un hurto] No debería estar en un plano igual una persecución grande, por ejemplo, de una narcoavioneta, de sicarios, de un femicida, de un violador en serie, pero terminan siendo a nivel numérico lo mismo”, explica el fiscal Elvis López, quien admite que también pasa por una limitación de recursos.
“A nosotros nos siguen midiendo por temas de números”, agrega.
Encontrar el cuerpo de una víctima de femicidio días después del crimen puede entorpecer las investigaciones, cuando incluso el femicida ha sacado ventaja en su escape. En una provincia limítrofe como Guanacaste, los escapes tienen esa puerta fronteriza y cercana a su favor.
“Si la circunstancia [el femicidio de Alina] se hubiera descubierto inmediatamente en cuestión de minutos, podés hacer un cierre de fronteras”, dice López, y ejemplifica que no es lo mismo un homicidio en Cartago, donde la frontera está a unas cinco o seis horas, que en Liberia a solo una hora u hora y media.
“Ni qué decirte un femicidio en La Cruz”, añade. En algunos casos, a pesar de las alertas de las comunidades, las acciones de las autoridades son insuficientes, como en el caso de la desaparición y posterior femicidio de Darys Mora, en La Cruz.
Pero los femicidas han burlado hasta los operativos. William Calderón Talavera mató de un disparo a su pareja Anielka el 27 de febrero del 2023 en un bar en Santa Cruz. Inmediatamente huyó.
Horas después, las autoridades desplegaron operativos el mismo día del asesinato para rastrearlo en los alrededores de Santa Cruz e incluso en la frontera con Nicaragua. Tras varios días de intentar dar con su paradero, no lo lograron.
La fiscala adjunta de Santa Cruz, Aymee Caravaca y el fiscal liberiano López coinciden en que la colaboración de la ciudadanía es determinante.
Son muy pocos los casos en los que tenemos testigos oculares, sino que son testigos referenciales de la comisión del hecho. Por eso la declaración de ellos es fundamental, porque ellos son los ojos del tribunal [los jueces]», explica la fiscala.
“Nosotros necesitamos elementos de prueba pero la población es reacia: nunca escucharon nada, nunca vieron nada”, lamenta López. “Yo trato de decirles que por algún extraordinario motivo fue testigo de algo y yo apelo a que en otro momento puede ser su mamá, hermana, sobrina. El tema es que la violencia de género nos afecta a todos”, suma el fiscal.
La Voz de Guanacaste solicitó a la Fiscalía información de si elevaron los nombres de los imputados en fuga a la Policía Internacional (Interpol), así como la fecha en que lo hicieron. Sin embargo, al cierre de este reportaje, no respondieron la consulta.
Cuando el delito se sale de las fronteras
Los femicidas tienen una línea fronteriza de 300 kilómetros para cruzar a Nicaragua, un país que, dependiendo del lugar de la provincia donde estés, se ubica a solo minutos o máximo unas tres horas.
El caso de Calderón guarda similitudes con la masacre de la familia de cinco miembros en Matapalo, ocurrido en febrero del 2016. En ese entonces, el delito fue descubierto hasta días después del homicidio. El asesino de apellido Salmerón había huido y la fiscalía pidió colaboración a Interpol.
A diferencia de los femicidios de este año, a Salmerón lo encontró y detuvo la policía de Nicaragua en cuestión de días. Allá lo juzgaron y condenaron a 183 años de cárcel por la masacre.
Es un caso “éxito”. “Nos ayudó que la mamá [de Salmerón] que nos indicó dónde estaba él”, recalca Aymeé Caravaca, quien lideró el proceso, y recalca que la ayuda de la colaboración de la madre de Salmerón marcó la diferencia.
En ese caso fue la mamá, pero en otro sería la colaboración de la ciudadanía para dar con los responsables”, enfatiza.
Aún con las fronteras “cerradas”, la amplitud y porosidad de la línea limítrofe complica las detenciones.
El principal sospechoso del femicidio de Aura, de apellido Guadamuz, era buscado en Nicaragua por cometer un delito igual: en junio del 2022 mató y enterró a su pareja Brenda del Carmen Hernández Escoto en el jardín de su negocio en el departamento de León, en Nicaragua.
Ahora es requerido por ambas policías. Pero la justicia podría no llegar o tomar demasiado tiempo.
Caravaca recuerda el caso de Misael García Calero, prófugo por más de dos años tras asesinar a martillazos en Filadelfia de Carrillo a su pareja Heyzel Quiñonez Acuña, de 38 años en el 2015. La policía de Carazo, en Nicaragua, lo detuvo en el 2018 y ese mismo año lo sentenciaron a 30 años de prisión.
Esa es la esperanza a la que se aferra la mamá de Alina, la joven universitaria de 25 años.
Que lo juzguen allá, ya por último. Yo quisiera que fuera aquí, pero dado el caso, no importa donde sea, con tal de que él pague por lo que hizo”, dice.
No importa si los padres de familia están de acuerdo: desde el 2017 las relaciones entre adultos y menores de edad son un delito.
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