El femicida y entonces pareja de la santacruceña Deire Odalia Ramírez Barrantes quiso hacer creer a las y los investigadores del caso que ella simplemente se había marchado.
Tras matarla, Joel Alberto Córdoba Núñez se fue a vivir con la familia de Deire y acudió al OIJ a presentar una denuncia por desaparición.
La realidad era otra: él la mató y ocultó su cuerpo. Con la investigación, la fiscalía pudo determinar que él fue el asesino, aún cuando la forma en que la mató se desconoce.
“No sabemos si la asfixió, la golpeó o la apuñaló, al no existir cuerpo ni autopsia”, se lee en la sentencia que en el 2022 le dictó 35 años de cárcel. En ella, los jueces explican que unos rasguños que Córdoba tenía, y que quiso ocultar, daban cuenta de que Deire Odalia batalló para vivir.
Luchó hasta su último suspiro, teniendo pleno conocimiento que su asesino era su propio compañero sentimental, del cual se supone debería esperar protección y no la muerte”, concluyeron los jueces. “[Llevó] al extremo su machismo y su violencia”.
La fiscala adjunta de Santa Cruz, Aymee Caravaca, asegura que es uno de los pocos casos en los que en el país se ha logrado una condena sin tener el cuerpo. “Cada vez que nos aparecen restos óseos, pensamos si es ella, para darle una respuesta a la familia”, cuenta.
“Nuestra finalidad es llevar a una persona ante la justicia, pero la familia también necesita una paz y cerrar un ciclo, y esto es algo que esta no ha podido hacer”, lamenta.
No es el único caso en el que un femicida procura ocultar el crimen, según un análisis de La Voz de Guanacaste de los 19 femicidios ocurridos entre el 2018 y el 2023 en la provincia, tomando como base los identificados por la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención del Femicidio y sumando otros que no han sido incluidos.
Algunos de esos femicidas han tardado en tener su condena por las circunstancias en las que dieron muerte a las mujeres.
Así sospechan las autoridades que ocurrió también con la muerte de Raquel Arroyo Aguilar, en el 2020 en Liberia.
Luego de tres años de investigación, el pasado septiembre, la Fiscalía de Liberia solicitó prisión preventiva contra el médico y esposo de Raquel, Marco Antonio Carmona Jaén, como principal sospechoso de asesinarla en el 2020.
Inicialmente, Carmona indicó que le había suministrado medicamento a su esposa porque tenía problemas intestinales, y se creía que su muerte fue una reacción al medicamento que en principio era solo para aliviar una condición. Pero la investigación arroja ahora elementos suficientes para considerar que lo hizo con la intención expresa de causarle la muerte.
Por medio de la investigación y de diferentes elementos técnicos y científicos, se llegó a la conclusión (…) de que en apariencia estaban ante una muerte homicida”, señaló el OIJ cuando lo detuvieron este año en el Hospital Enrique Baltodano, donde trabajaba.
Es un caso que el fiscal adjunto de Liberia Elvis López califica como fuera del “patrón normal del femicidio”.
“Es altamente técnico por la forma de muerte (…) no es un delincuente común, sino que son actos sumamente premeditados donde han logrado evadir la prueba y eso significa un reto para [la investigación de] las autoridades”, describe. +{
Los femicidas en fuga de este año pueden abrir las puertas a una impunidad nunca antes vivida en la provincia.
Suicidios post-femicidios
Otras familias no lograron obtener responsabilidades judiciales por las muertes de sus seres queridas.
Dos de los 19 femicidas se suicidaron tras cometer los asesinatos: Sergio Guevara Bermúdez, quien asfixió a Marisol Estrada Mejías en el 2018 en Liberia, y Christian Rodríguez Delgado, quien le disparó a su esposa Seylin María Cabezas Castillo, en el 2022 en Tilarán.
La muerte de Marisol, y el suicidio de Sergio, ocurrió en la cárcel de Liberia durante una visita.
Pasó lo que pasó en la cárcel y nadie dio la cara”, dice la mamá de Marisol, Dulcelina Mejías. “Estando ella ahí donde se suponía que tenía que haber seguridad, pero no la tuvo”, dice afligida.
Estudios en otras regiones del mundo, donde se ha analizado este fenómeno, interpretan que los suicidios post femicidios son una forma de evidenciar arrepentimiento o de evitar las consecuencias negativas asociadas al crimen, como rechazo social o castigo penal.
Los cierres que no llegan
Sin considerar los femicidios de este año y los dos de años anteriores que concluyeron en suicidios, los tribunales han dictado siete sentencias, y cinco casos no han sido resueltos.
El femicidio de la liberiana Mariana Leiva, en el 2018, es ejemplo de ello. Aunque inicialmente a su esposo y femicida Ronaldi Sequeira lo condenaron ese mismo año, porque se tramitó por la vía de la flagrancia, él y sus abogados han apelado hasta dos veces las sentencias.
Flagrancia: Consiste en un proceso muy rápido donde se tramitan causas penales en las cuales la persona implicada sea sorprendida en el momento de cometer el hecho y/o inmediatamente después, o mientras sea perseguida, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito. Esto según el artículo 236 Código Procesal Penal.
“El caso está en la sala tercera por una apelación de la defensa de Ronaldi. La sala tercera confirmó el delito de femicidio, pero no ha resuelto el delito de incendio que también se le acusó”, relató Ricardo Quirós, el abogado de la familia de Leiva que llevó el caso primero como fiscal y ahora como abogado particular, tras pensionarse.
Otros crímenes no han alcanzado sentencias como femicidios. El caso de Marianela Álvarez Alvear, ocurrido en el 2019 en Santa Cruz. Su femicida, de apellidos Ruiz Gutiérrez, la mató a machetazos e intentó quemarla.
En el 2021, él fue sentenciado a 15 años de prisión por homicidio simple. A pesar de una apelación de la fiscala que llevó el caso, por considerar que debía ser juzgado con una pena mayor, los jueces no admitieron el reclamo.
“En su declaración [Ruiz Gutiérrez] ha indicado que este tiempo que ha estado en prisión le ha permitido reflexionar bastante sobre lo sucedido y que él se encuentra arrepentido, y es un arrepentimiento que el Tribunal estima que se viene dando desde la génesis de los hechos […] él mismo accede a entregarse luego de una negociación y eso refleja un arrepentimiento en la psiquis del imputado, luego de que se encontrara emocionalmente más estable», enfatizaron los jueces que rechazaron la apelación.
Ocurrió también con Justina Galo Urtecho, de 69 años, y cuyo femicidio se acusó como homicidio, a pesar de que tenía signos de violencia sexual.
Creo que en algún momento se hizo una división, se acusó el homicidio y una violación”, dice López, pero reconoce que no tiene el caso tan claro. “Desde mi punto de vista sí se pudo haber tratado como un femicidio”, admite.
Otros delitos podrían tomar hasta años en resolver. Así apunta que será la muerte de Katherine Villalobos Williams, fallecida en su casa de habitación en el 2020, y cuyo principal sospechoso es su expareja Walter Jesús Navarro Mora.
Su juicio está programado hasta el 2025. “Es así por la agenda del tribunal”, indica Caravaca en su oficina, donde conversó con La Voz. Ahí también contó que el sospechoso no está detenido en prisión preventiva, porque no representa “un peligro procesal”, es decir, indicios de obstaculización, fuga, reiteración delictiva o peligro para la víctima o testigos.
“Si no se cumple alguno de estos requisitos, podría estar en libertad o con medidas sustitutivos a la prisión preventiva, aunque sean delitos contra la vida”, explica.
No importa si los padres de familia están de acuerdo: desde el 2017 las relaciones entre adultos y menores de edad son un delito.
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