Andrey Araya, de 23 años, terminó a inicios de octubre esposado en una patrulla. La policía lo señalaba por haber mantenido relaciones sexuales con una niña.
Un video tomado en el momento de su arresto, y que denuncia el acontecimiento, lo muestra en el asiento trasero de la patrulla, en pantaloneta, evasivo, quitando el rostro a la cámara y alegando en voz baja que no sabía que esa niña era menor.
“¿Va a decir que no sabía que era menor de edad? ¿Con una niña de doce años, este pervertido de casi 24? (…) ¡Así empiezan los violadores!”, le grita alguien indignado desde afuera del auto.
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Araya es ahora investigado por el presunto delito de violación de una menor de edad en la Fiscalía de Nicoya. De comprobarse su culpabilidad, podría enfrentar una pena de entre tres y seis años, según la Ley de Relaciones Impropias aprobada en el 2017 (Ley N° 9.406).
Según datos a los que La Voz accedió, el Ministerio Público registra 1.184 denuncias en Guanacaste por relaciones sexuales con menores de edad, entre el 2018 y el 2022.
En el 2018, un año después de la aprobación de la ley, las denuncias por relaciones impropias aumentaron en un 510% con respecto al 2016. La ley tuvo un fuerte impacto inicial.
Pese al incremento de acusaciones, diversas fuentes en hospitales de Guanacaste consultadas por La Voz coinciden en que el delito sigue siendo común y lejos del radar de las autoridades.
Un año más tarde, las denuncias en la provincia fueron disminuyendo y pasaron de 336 en el 2018 a 132 en el 2022.
Para la jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Jeannette Arias, es posible que la disminución de las denuncias no signifique una reducción de la práctica social de mantener relaciones impropias. Sino que evidencian la existencia de un subregistro entre la cantidad de delitos sexuales que se cometen y la cantidad de casos que se denuncian.
Según Arias, la mayoría de alertas por relaciones impropias provienen de las instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que están obligadas a reportar los casos en cuanto tengan conocimiento. Pocas denuncias, cree Arias, provienen de las víctimas o sus familias.
Por eso, otra razón que pudo incidir en la disminución de reportes es la virtualidad impuesta por la pandemia en el sistema educativo, que dificultó que esas instituciones identificaran más casos.
Las investigaciones en este delito son todavía más difíciles [que en otros delitos sexuales] porque la gran mayoría de estos casos son denunciados por escuelas, colegios, el PANI y centros de salud. Cuando llamamos a la ofendida o a los familiares de la ofendida para que declare, no declara y nos deja prácticamente sin pruebas”, explicó Arias.
En el 2020, la exfiscala general Emilia Navas aseguró a La Voz que en el 2018 emitió una directriz para evitar que las investigaciones por relaciones impropias dependieran de las declaraciones de las víctimas.
“Determiné que se estaban desestimando las investigaciones por relaciones impropias únicamente porque la víctima manifestaba que no tenía interés en el proceso o que se iba a abstener de declarar”, comentó Navas en la entrevista.
La declaración la dio luego de que la Fiscalía desestimara una investigación contra Walter Muñoz, excandidato a la vicealcaldía de Nicoya que mantenía una relación con una menor de edad.
Mayoría no llega a juicio
La investigación contra Araya, el hombre de 23 años, inició el 2 de octubre y está en etapa preparatoria. Esto quiere decir que las autoridades judiciales recolectan pruebas y testimonios para decidir si elevan o no el caso a juicio.
Los números juegan a favor de Araya. Los datos judiciales revelan que la mayoría de investigaciones relacionadas a delitos sexuales [que incluyen las relaciones impropias] nunca llegan a juicio.
En el 2019, un 75% de las denuncias en Costa Rica que ingresaron al Juzgado Penal por delitos sexuales fueron desestimadas o sobreseídas. Según Arias, los porcentajes actuales se mantienen similares a los de años anteriores.
En Guanacaste, el año pasado entraron 132 denuncias por relaciones impropias a los circuitos judiciales, pero sólo hubo siete juicios concluidos en ese mismo año. Estos juicios no son necesariamente por las denuncias ingresadas ese mismo año, pero, para Arias, reflejan la lentitud del sistema en resolver estos casos.
«Las víctimas no se perciben como víctimas y tampoco perciben a sus parejas como agresores”, expresó la jefa de la secretaría de género.
El embarazo adolescente: una medida (imprecisa) de relaciones impropias
Mariel, nombre ficticio, llegó con 24 semanas de embarazo al consultorio de la doctora María Fernanda Murillo en el Hospital La Anexión de Nicoya. Tenía sólo 15 años, pero la presencia de una adolescente no escandalizó a la ginecóloga, ya que todas las semanas ella atiende embarazos de menores de edad.
“Las adolescentes pueden ser un 20% o 30% de las personas que vienen a consulta”, calculó Murillo.
Al igual que Mariel, 1.263 mujeres entre los 11 y los 17 años dieron a luz en Guanacaste entre el 2018 y el 2022, según un análisis de La Voz con datos del Instituto de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC).
Los femicidas en fuga de este año pueden abrir las puertas a una impunidad nunca antes vivida en la provincia.
Los partos atendidos en hospitales son solo una más de las múltiples formas que tienen las autoridades para detectar este delito cuando las víctimas son mujeres.
Sin embargo, en casi la mitad de los nacimientos no hay información sobre la identidad del padre.
A Mariel, por ejemplo, solo su mamá la acompañó al hospital. A la ginecóloga Murillo tampoco le extrañó. “La mayoría llegan solas o con la mamá, pero no con la pareja”, explicó.
Según el análisis de La Voz, el 44,7% de los nacimientos la edad del padre no fue declarada. Esto quiere decir que no hay forma de saber si el embarazo es producto o no de una relación impropia.
Las trabajadoras sociales del hospital de Nicoya, Esmeralda Gómez, y la del Hospital Enrique Baltodano en Liberia, Alba Arguedas, atienden entre tres y cuatro adolescentes embarazadas por semana.
Ambas apuntan a que, en algunos casos, las niñas o sus familiares alegan que se trató de una relación ocasional y que en otros se niegan a revelar su identidad para proteger a sus parejas.
Le dicen a uno una edad y tal vez ese hombre no tiene esa edad (…) Ellas protegen al ofensor porque no lo ven como uno. Ellas lo idealizan como un hombre bueno”, explicó Gómez.
“Yo voy a denunciar un embarazo de una adolescente, pero esa adolescente me dice que él se fue del país o de repente me dice ‘vieras que yo no sé ni cómo se llama, no sé el nombre, no sé los apellidos, no sé dónde vive’”, ejemplifica Arguedas.
Menstruación no es sinónimo de estar lista
Murillo recuerda que, lamentablemente, el hijo de Mariel murió al nacer.
“Yo le dije a la mamá [de la niña embarazada] que su hija era muy joven para parir y ella me respondió que no, que ella también tuvo su primer hijo a los 15 años. Son patrones repetidos (…) ella cree que para su hija de 15 años es normal quedar embarazada”, explicó la ginecóloga.
Según la doctora, todo embarazo adolescente es considerado de alto riesgo para el recién nacido y para la mamá.
[A la hora de parir] Muchas tienen desgarros. La pelvis de esas mamás no está lista, entonces el bebé no puede pasar por el canal del parto y las sentencia a una primera cesárea desde muy jóvenes”.
El pediatra del hospital de Nicoya Fabricio Sevilla apunta, además, otro riesgo asociado: es frecuente que las mamás adolescentes sufran depresión postparto.
“Ese tipo de hormonas [producto de los embarazos] predisponen a que la mujer pueda sufrir más depresión y más ansiedad. (…) Los cambios hormonales propician [a niñas y adolescentes] a tener muchos más problemas psicológicos, ansiosos y depresivos”.
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