Del 1° de julio al 28 de octubre de este año, la Municipalidad de Liberia recibió ¢5 millones por el uso del sistema y puso multas por ¢47 millones a conductores mal estacionados o que no usaron el sistema.
A la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), encargada de administrar la tecnología, le quedaron ¢15 millones en el mismo periodo.
A pesar de que el alcalde, Julio Viales, defiende los parquímetros, los suspendió desde la penúltima semana de noviembre. Así lo hizo tras un acuerdo de los regidores y por la presión de un grupo de vecinos, sobre todo comerciantes, que aseguraban que el proyecto estaba afectando al comercio del cantón.
Según el convenio entre el gobierno local y la ESPH, el 75% de los ingresos por cobro de parquímetros es para la empresa y solo un 25% para la muni. En cambio, los ingresos por sanciones van en su totalidad para el municipio.
Sin embargo, la mayoría de personas sancionadas por estacionar en lugares sin parquímetro o por no pagar el uso de ellos, no han saldado sus multas. Según el reporte compartido por Viales a este medio, a las arcas de la muni solo han ingresado realmente nueve de los ¢47 millones de sanciones.
El gobierno local, eso sí, no se quedará sin cobrar. Quienes adeudan van sumando intereses, explicó el alcalde. Y si una persona no se acerca a la muni o a un banco a pagar, el cobro se le hará en el marchamo.
El impago aumenta los números de la recaudación del municipio. Los ¢32 millones de deuda por parquímetros se sumaron a la morosidad de ¢6.000 millones que tiene Liberia, según dijo Viales a La Voz.
El cantón no está pagando lo que tiene que pagar, porque la gente no quiere pagar nada», aseveró.
Sobre las quejas de los comerciantes, Viales opina que la afectación negativa al comercio en el centro de Liberia no se debe a los parquímetros, sino a “la situación en temas de hacienda a nivel país”.
El alcalde, además, asegura que no puede cumplir con la petición de los regidores de realizar una auditoría externa, para revisar el proceso de acuerdo entre el gobierno local y la ESPH, porque en el presupuesto no hay dinero para hacerlo.
“Es materialmente imposible. Primero, no existen los recursos para contratar la auditoría [que según sus cálculos costaría ¢6 millones] y, segundo, la suspensión es de seis meses y la auditoría puede tomar 10 meses entre el proceso de contratación y de ejecución”, argumenta.
Consecuencias inciertas
Los ánimos de la comunidad siguen alterados. Las sillas en las sesiones del concejo municipal se llenan cuando los vecinos sospechan que los regidores hablarán del tema de parquímetro estará en la agenda del día.
Se organizan a través de un grupo en Whatsapp llamado “No parquímetros”, y sostienen lo mismo: que para ellos no es una opción volver a utilizar el sistema, que no quieren una revisión sino que quieren eliminarlos, como ha dicho uno de los líderes de la oposición, José Amílcar Angulo, a este medio. .
Pero el futuro del proyecto es incierto. Viales cree que la ESPH va a terminar elevando el caso al Tribunal Contencioso Administrativo, que es el órgano que revisa casos judiciales en temas de administración pública.
“Eso lo van a judicializar”, dice él y afirma que probablemente la muni tendrá que pagar una indemnización.
La ESPH rechazó referirse a las posibles consecuencias o acciones que tomará la empresa ante la decisión de suspender los parquímetros.
Nuestros asesores legales están analizando la documentación y posteriormente nos referiremos al tema, pero confirmamos nuestro compromiso con el proyecto”, respondió el comunicador Christopher Camacho a La Voz, vía correo electrónico.
Lo único que sí mencionaron en un comunicado de prensa es que preven una afectación de más de ¢433 millones por los seis meses que los parquímetros estarán fuera de servicio.
¿Cambios en camino?
A finales de setiembre, el concejo creó una comisión mixta integrada por regidores, empleados municipales y la ESPH para revisar el proyecto. La comisión también invitó a representantes de la comunidad a participar, pero estos lo rechazaron.
Sesiona periódicamente para analizar, de nuevo, la viabilidad del proyecto y para negociar las condiciones bajo las que operan los parquímetros.
De hecho, la ESPH propuso bajar el precio por hora de ¢700 a ¢500 y crear una tarifa mensual especial para comerciantes. Estos cambios los analizaron en una reunión el 28 de noviembre, pero al cierre de la redacción de este texto, no hubo nuevos informes sobre los cambios propuestos.
Con estos ajustes estamos mostrando nuestra voluntad para sacar adelante los parquímetros, pero escuchando las necesidades de sus usuarios”, dijo en un comunicado la encargada de prensa de la ESPH, Ginnés Rodríguez.
Aunque los regidores lo aprueben, el grupo de vecinos se opone por completo al proyecto.
“La economía del cantón no da para estar pagando por hacer mandados en el centro”, dice uno de ellos cuando sale a tomar aire un lunes en medio de la sesión del concejo.
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