Si usted camina con frecuencia por la terminal de buses de Nicoya, seguramente nota el caos vial que lo caracteriza. Buses, taxis, carros particulares y vendedores ambulantes se apoderan del sector de la parada. A eso, súmele los vendedores de la feria del agricultor los viernes.
Los días de feria, en las tardes, yo tengo que pararme ahí afuera como un policía de tránsito”, cuenta Iliana Fajardo, la administradora del mercado municipal de Nicoya, ubicado en el centro del cantón.
Basta caminar unos metros hacia adentro del edificio para completar el panorama del caos: puestos cerrados, bolsas plásticas como cortinas y poca gente.
“El movimiento está afuera”, dice un zapatero inquilino de este inmueble público mientras pega la suela de una sandalia. “Esto apenas da para sobrevivir”, agrega después, refiriéndose a su trabajo.
El caos de afuera y el de adentro tienen la misma raíz: desde la creación del mercado, en 1988, nunca ha existido un reglamento de la municipalidad que especifique cómo debe funcionar, cómo asignar los puestos o tramos, o quién tiene derecho a usar la terminal de buses.
Durante años, el lugar estuvo prácticamente sin administrador, dice la alcaldesa interina Adriana Rodríguez. En el 2015, cuando entró la actual administradora, Iliana Fajardo, la deuda de los inquilinos era de ¢18 millones. En tres años logró reducirla a pura gestión de cobro, pero los inquilinos todavía deben ¢8 millones.
Para reducir el caos, Fajardo dice que ella está segura de que alguien tendrá que salir del inmueble: “o se va la feria o Alfaro monta su terminar en otro punto”, dijo.
Ya no da abasto. Uno deseara acomodar a todo el mundo, pero el mismo crecimiento demográfico no lo permite”, dice.
En este momento, el reglamento se encuentra en revisión en el Concejo Municipal. Luego de aprobarse ahí, la municipalidad lo publicará en La Gaceta y entrará a regir.
Con un reglamento, la Municipalidad de Nicoya ordenaría la administración y recaudaría más para invertir en ese inmueble y en otros proyectos para el cantón.
El auditor de la muni, Keylor Solórzano, encargado de fiscalizar la buena utilización de los fondos públicos lo explica así:
Entre más plata tenga [el gobierno local], más puede invertir y soñar en la Nicoya que queremos”.
En abril, Solórzano hizo un estudio sobre la situación del mercado, la cual reabrió la conversación en el Concejo y la administración municipal.
Pasos lentos e insuficientes
Desde que Fajardo asumió en el 2015, hizo arreglos en pisos, cielorrasos, baños, limpieza, cámaras de seguridad, iluminación y recaudación. Así consta en los informes anuales de la administración. Los ingresos también aumentaron: pasaron de ¢18 millones en el 2013 a ¢33 millones en el 2017.
Sin embargo, las deudas no han sido una razón de peso para desalojar a los morosos. Fajardo dice que es mejor para las finanzas que estas personas salden sus deudas poco a poco. Si los desaloja, tendría que sacar a remate los puestos, y eso implica más pérdidas por el tiempo en que estarían cerrados.
A esas pérdidas, hay que sumarle que las tarifas de los alquileres de los puestos no han sido actualizadas en al menos cinco años. Se necesita una comisión recalificadora, integrada por miembros municipales y del mercado para hacerlo.
Lo mismo sucede con los cánones que pagan los buses, que no se renuevan desde 1999 y aún así algunos no pagan las tarifas que les cobran anualmente.
“[Los autobuseros de] Corralillo y Caballito lo que pagan son ¢36.000 al año, y me deben dos años”, cuenta Fajardo.
Los agricultores de la feria, que trabajan los viernes, tampoco pagan por el uso del bien municipal. Según el auditor Keylor Solórzano, el nuevo reglamento debe también cobrarle un canon de uso a estas personas.
Si usted está lucrando con un espacio público, debería pagar un porcentaje”, dijo Solórzano, quien previamente era el administrador
financiero del gobierno local.
Espacios vacíos
De los 46 locales que hay en el mercado, cuatro están desocupados desde hace al menos un año. No tienen inquilinos porque no existía presupuesto —hasta este 2018— para sacarlos a remate, que es la forma en que se dan en alquiler los espacios del bien municipal.
“Yo no puedo asignar un local al dedillo porque no me compete y estaría cayendo en un acto de ilegalidad”, dice la administradora.
Según la proveedora municipal, Teresa Fallas, en menos de dos meses ya tendrán nuevos inquilinos porque ya existe presupuesto asignado a los remates.
Otros tres locales permanecen cerrados la mayor parte del tiempo pese a estar asignados a una persona. Quienes los arriendan no los abren siempre porque, según la administradora, tienen problemas familiares o de salud. “Uno tiene que tener esa parte humana”, dice ella.
Círculo vicioso
El desorden administrativo también termina afectando a los mismos inquilinos. Por ejemplo, se quedaron sin los dos guardas que deberían vigilar el inmueble porque la muni se los llevó para el edificio municipal que se encuentra frente al parque.
Ahora, ellos deben pagar ¢2.000 mensuales para contratar un guarda privado, pese a que el presupuesto del mercado tiene un rubro dedicado para cubrir esas plazas.
Además, explicó Fajardo, esos dos funcionarios se pensionan el próximo año y las cargas sociales van a correr por cuenta de su presupuesto.
No sé cómo voy a hacer porque presupuestariamente las cargas sociales para una pensión son fuertes —dice Fajardo— y es muy difícil que me quede plata para trabajar en proyectos”.
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