El gobierno local de Nicoya cerró el matadero municipal luego de cuatro años en los que no recibió ningún pago por el alquiler del inmueble y en los que nunca hizo un contrato con el arrendante.
En un informe de julio del 2017 el departamento legal de la Municipalidad detalló que la última vez que recibieron un pago de alquiler fue en el 2013.
El documento, del cual La Voz de Guanacaste tiene copia, especifica que el departamento de proveeduría tampoco tiene registro del proceso mediante el cual le adjudicaron el negocio al actual arrendante, de nombre Walter Jiménez, quien lo administraba hasta el 2 de febrero cuando clausuraron el local.
El matadero, además, carecía de las condiciones de salubridad adecuadas para operar según otro informe emitido por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) en febrero de este año.
La alcaldesa Adriana Rodríguez explicó durante una sesión del Concejo que desconocía el problema del matadero, pues ella, como vicealcaldesa, no tenía ninguna función asignada relacionada con el matadero.
Rodríguez también confirmó que enfrenta una denuncia penal por tener un parentesco con Walter Jiménez. Su asistente, Vivian Leal, dijo a este medio que el grado de parentesco que tiene Rodríguez con Jiménez “no lo cubre la ley de contratación administrativa”.
Aunque dice no estar seguro, el director administrativo de la muni dijo que Walter Jiménez se hizo cargo del inmueble en la primera administración de Marco Jiménez, quien ahora está suspendido de su cargo por varios supuestos delitos. Tras varias llamadas y una consulta vía correo electrónico, no fue posible obtener la versión del alcalde titular.
Tras la clausura, el gobierno local inició un proceso para alquilárselo a alguien más mediante un debido proceso administrativo.
Lo que pasó
Sequeira explicó que el matadero municipal fue adjudicado a Ulises Montiel, quien dejó de operar cuando el negocio dejó de ser rentable, hace unos seis años.
“Walter era el segundo a bordo, porque ha trabajado toda la vida en carnicería; él sabía el proceso y entonces se hizo cargo”, indicó Sequeira.
En vez de un contrato formal, la municipalidad y Jiménez llegaron a un acuerdo verbal sobre la administración, dijo Sequeira.
Con esta versión concuerda la hija de Walter Jiménez, Keiry Jiménez, quien accedió a una entrevista telefónica aunque prefirió no facilitar el número de su padre.
Keiry Jiménez dice que para cumplir con las condiciones de Senasa, su papá invirtió unos ¢15 millones en equipo, infraestructura y capacitación por lo que él y la municipalidad acordaron la suspensión del pago del alquiler, como una forma de compensar la inversión. “Lo invertido sobrepasa el monto de un simple alquiler”, detalló Keiry Jiménez.
El director administrativo de la muni, sin embargo, asegura que fue un acuerdo para rebajar el monto del alquiler y no para dejar de pagarlo, aunque no especificó cuál fue exactamente el monto convenido.
“Es que no hay contrato con Walter. Si hubiese un contrato se hubiese definido que el contratista se compromete a tal monto, pero no lo hay”, justificó.
Condiciones insalubres
A finales de febrero de este año, Senasa también advirtió a la municipalidad sobre las “reiteradas” deficiencias del matadero y le ordenaba realizar las mejoras.
Según el informe, ante la falta de un contrato con el responsable de las instalaciones, las correcciones quedaban bajo la responsabilidad de la alcaldía. Sin embargo, el municipio no las realizó porque desde hace unos cuatro años no incluye al matadero dentro de su presupuesto.
“El equipo del matadero no estaba funcionando bien. La limpieza no era la adecuada y el suministro de agua fallaba a menudo”, explicó el doctor Jorge Chavarría, coordinador de salud pública de Senasa, a La Voz de Guanacaste.
El futuro del matadero
El proceso de remate podría tomar hasta un año, según la misma alcaldesa.
Walter Jiménez solicitó al concejo municipal que le den permiso para continuar administrando el inmueble mientras se remata (es decir, se busca a un nuevo inquilino). Quiere continuar por la inversión que había hecho y porque compraba los cueros y los cebos a los ganaderos y los vendía para generar ingresos extra, dice su hija.
Para tomar una decisión, los regidores le pidieron un criterio legal a su asesor Gerardo Carvajal. Al cierre de esta edición, Carvajal no se había pronunciado, pero adelantó que le recomendará a los regidores que no le den el permiso a Jiménez.
Mientras tanto, los ganaderos y carniceros están trabajando con el matadero Cinco Estrellas, ubicado en Miramar de Puntarenas. Ese matadero les da el transporte gratis, pero solo presta el servicio una vez a la semana y la demanda, dicen ellos, es mucha.
“Cuando el de aquí estaba abierto yo agarraba mi res y la llevaba a matar, pero ahora, si no nos alcanza, tenemos que pedirle a un proveedor de carnes”, contó el carnicero Alex Blancaneaux.
“En calidad de matanza es mejor allá en Cinco Estrellas; hay mejor higiene”, comentó Ronald Montero, otro carnicero Pero agregó que si lo abren vuelve a matar ahí “para dar el apoyo a lo local”.
El director administrativo de la municipalidad, dice que desde su perspectiva, la mejor opción sería vender o rematar el matadero para otro tipo de negocio, porque ni para la muni ni para quien alquila el inmueble es un negocio rentable.
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