Tras el escenario del parque Bernabela Ramos, en Santa Cruz, unas latas negras cubren los cimientos de un edificio que ya debería estar convertido en la Casa de la Cultura del cantón.
En este galerón lleno de escombros, algunas niñas practican una coreografía con su profesor de danza. Mientras tanto, el dinero para terminar la obra descansa entre la Caja Única del Estado -manejada por el Ministerio de Hacienda- y las arcas municipales.
¿Qué pasó? En el 2011, el Ministerio de Gobernación y Policía le giró una partida a la Municipalidad de Santa Cruz de ¢60 millones para construir la obra. La municipalidad invirtió una parte y todavía queda más del 80% sin gastar. Son ¢48,8 millones remanentes, a los que se suman ¢910.000 de una partida específica que se asignó para el mismo propósito mediante la ley del presupuesto nacional en el 2010.
El proyecto está estancado porque el terreno se encuentra a nombre de la Asociación Cantonal de Cultura, un ente que no está autorizado para ejecutar dinero público y, por ende, no puede recibir el dinero y ejecutar la obra.
Su presidente, Luis Fernando Sánchez, explicó que la asociación se ha negado a transferir la propiedad a nombre del municipio (y así poder utilizar el dinero) porque desconfiaba de la administración anterior, pero que ahora la decisión se tomará en una asamblea extraordinaria.
La Voz de Guanacaste encontró decenas de historias semejantes a esta al revisar las partidas específicas de los seis presupuestos anuales del gobierno local anterior (del 2010 al 2015). Estas partidas son los dineros que asignan directamente los diputados a los proyectos de las comunidades.
Durante la administración municipal anterior se arrastraron ¢79,3 millones de estos presupuestos durante al menos tres años. Es así como las comunidades se quedan sin sus obras más importantes: mallas para las canchas de fútbol, arreglos en los salones comunales, servicios sanitarios para escuelas y un largo etcétera que se suma a la lista.
Mala planificación
¿Cómo es que se queda un dinero tan necesario sin gastar? Como en el caso de la Casa de la Cultura, muchos de los proyectos santacruceños se atascaron entre el 2010 y el 2015 porque venían mal diseñados desde el principio y no contaban con los requisitos mínimos para poder ejecutar el dinero.
Según el Código Municipal, son los concejos de distrito los entes encargados de enviar los proyectos comunales a los concejos municipales. Los regidores revisan los proyectos y los envían a la Asamblea Legislativa para que los incluyan en la ley del presupuesto nacional cada año.
Cuando se aprueban, el año en el que se asignó el presupuesto ya está por terminar, entonces la subejecución de partidas específicas suele superar el 60% todos los años. Eso es común en todas las municipalidades, explicó el especialista en presupuestos municipales Carlos Morales.
Después de que se asigna ese presupuesto, su ejecución queda en manos de la comunidad interesada. La municipalidad no puede girar el dinero hasta que cumplan con todos los requisitos y es entonces cuando comienzan los problemas.
“Estas instituciones primero tienen que cumplir con ciertas normas que, si no las cumplen, el dinero no se puede girar”, dijo Morales.
En esta explicación coinciden el auditor, el director financiero y el director de planificación del municipio santacruceño.
“Muchas veces los problemas nacen desde que nacen los proyectos. No tienen escrituras, no tienen planos, entonces hay que empezar por eso… y los recursos se quedan ahí”, comentó el planificador William Huertas.
El problema es que, una vez asignado, ese presupuesto no puede cambiar su destino a no ser que otra ley lo indique. “La única que tiene la posibilidad de modificar es la Asamblea Legislativa”, dijo el director financiero, Mario Moreira.
Los remanentes que quedan de algunos proyectos sí se pueden reinvertir en la compra de combustibles y mantenimiento de calles, explicó Moreira. Sin embargo, esto no aplica para los proyectos que han ejecutado el 0% de su presupuesto.
Comunidades salen perdiendo
Para las municipalidades que incumplen con la ejecución de las partidas específicas, la consecuencia directa es la calificación que les otorga la Contraloría General de la República y su posterior posicionamiento en el ránking de gobiernos locales.
Las comunidades son las que realmente salen perdiendo. Un caso que lo ejemplifica es el de la escuela de Bolsón, que arrastra un remanente de ¢1,5 millones desde el 2012 de un presupuesto asignado para la construcción de sus servicios sanitarios.
Aunque la batería se construyó, quedaron pendientes detalles en la cerámica y algunas piezas del cielo raso.
La síndica de la comunidad, Karolina Fonseca, responsabilizó a los funcionarios municipales.
“Uno va todos los años, presenta los papeles como la Muni los pide y no pasa nada. Ya hasta este año, con la nueva administración, nos reunieron a todos los síndicos y nos dijeron que eneron empezaban a comprar los materiales para los proyectos”, contó la síndica.
La solución que ahora proponen los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento del presupuesto es capacitar a los síndicos para que, a la hora de presentar sus planes de inversión comunal, lo hagan conscientes de los errores del pasado. “La democracia arranca en la base, en los concejos de distrito. Si se les va a permitir protagonismo, hay que darle seguimiento desde la auditoría”, dijo Huertas.
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