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Muni de Talamanca acumuló 12 relaciones familiares entre funcionarios en dos gobiernos; la ley las permite

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GuanaData, un proyecto de La Voz de Guanacaste, investiga el presupuesto público de seis municipalidades del país, entre ellas Talamanca. ¿Qué van a leer en esta investigación?

    • Entre el 2016 y el 2020, regidores propietarios, encargados de departamentos de renta, tesorería, contabilidad, proveeduría, entre otros, compartieron relaciones familiares con al menos otro funcionario dentro de esta municipalidad. Sin embargo, estas relaciones son legales.
    • El Código Municipal prohíbe la contratación de personas con parentesco directo o no, hasta el tercer grado, o que sean cónyuges. No obstante, el veto aplica solo para cuatro cargos: concejales, alcaldes, auditores y directores de unidades de reclutamiento. Las contrataciones entre los demás puestos es permitida.

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El 10 de mayo del 2016, Jose Pablo Cordero ingresó a la Municipalidad de Talamanca como encargado del departamento de proveeduría. Diez días antes, su padre, Melvin Cordero, dejó el puesto de la alcaldía, pero su cuñada, Flor de María Bran, todavía trabajaba en la institución como auxiliar de rentas. 

El caso de Marlon Orozco es similar al de los Cordero. Él trabaja como encargado de maquinaria de la muni desde el 15 de abril del 2003. Su esposa, Lilliam Barrios Saldaña, ocupa el puesto de tesorería desde el 16 de setiembre de 1991. Karla Blanco sigue un patrón similar, ella es auxiliar de contabilidad desde el 15 de enero de 2009 y su esposo Gerardo Montiel actualmente trabaja como chofer en este mismo municipio. 

Cordero, Bran, Orozco, Barrios, entre otros, son ejemplos de una lista más grande de relaciones familiares entre funcionarios de la Municipalidad de Talamanca. En total, durante los dos últimos gobiernos locales, la institución acumuló 12 relaciones de parentesco, de las cuales siete todavía están vigentes. 

Todas las relaciones son legales porque escapan a la prohibición de la ley. El Código Municipal establece en su artículo 136 que “no podrán ser empleados municipales quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive”. Sin embargo, solamente extiende esta prohibición a cuatro cargos: concejales, el alcalde, auditor, los directores o jefes de personal de las unidades de reclutamiento y permite la contratación de familiares en los diferentes puestos. 

La contratación de familiares sucede más allá de Talamanca. También está presente en los otros cinco cantones que investiga GuanaData: Nicoya con 20 relaciones, La Cruz con 23, Limón con 33, Puntarenas con 44 y San Carlos con 61 relaciones familiares en total durante los dos periodos. 

De estos cantones, Limón, Puntarenas y San Carlos tuvieron un 60% o más de abstencionismo en los dos últimos periodos electorales, según el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto quiere decir que más de la mitad de la población no acudió a votar.

En la muni de Talamanca, el aprovechamiento de este portillo legal no es exclusivo de una sola división. Las relaciones familiares están presentes en varios departamentos como:  tesorería, contabilidad, peones y regidores propietarios. 

Tras la revisión de datos y documentos públicos, la investigación de Guanadata encontró que predominan tres tipos de relaciones. El primer grupo está compuesto por el nombramiento de dos familiares, como los ejemplos mencionados al inicio de esta nota.  Ocho casos de este tipo estaban presentes en el periodo de estudio. 

En el segundo patrón, una persona ya era funcionaria municipal y un familiar es electo por medio del voto de la comunidad. Finalmente, el tercero ocurre cuando dos personas de un mismo partido político llegan a un puesto a través de la elección popular. Entre ambos tipos, GuanaData encontró cuatro relaciones. 

Cuando Marvin Antonio Gomez Bran asumió el cargo de alcalde para el periodo de 2016-2020, su esposa, Cindy de Los Angeles Prendas Berrocal, también ingresó a la municipalidad como concejal del distrito de Bratsi. Ambos pertenecen al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), partido del actual y tres veces alcalde, Rugeli Morales. 

Los resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) de la Contraloría General de la República, señalan que el control interno fue el mayor reto de la Municipalidad de Talamanca en los últimos dos gobiernos. Adicionalmente, y a diferencia de otras municipalidades, Talamanca no mide la satisfacción de los usuarios con el servicio que ofrece. 

¿Conflicto de intereses?

Para el abogado en derecho público y exdirector jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, la desventaja de una prohibición tan corta es que podría llevar a un conflicto de intereses dentro de un mismo gobierno local. 

“Estamos hablando de que son funcionarios y funcionarias que de una u otra forma tienen incidencia en la toma de decisiones que hay dentro de la municipalidad. Si ya hay relaciones más allá de las profesionales, va a ser más fácil que me den un permiso de vacaciones o que me dejen recomendar para una contratación”, dijo Carvajal a GuanaData.

El actual director del departamento de proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, Jose Pablo Cordero, discrepa. En una entrevista vía telefónica aseguró a GuanaData que su contratación siguió los parámetros legales necesarios y que de igual forma, su padre y él no compartieron cargos municipales al mismo tiempo.

“La relación padre e hijo entre nosotros en realidad casi no existe. Yo califiqué porque cumplía con los requisitos que pedían. Por ejemplo, una licenciatura en administración de empresas y mi trabajo como exproveedor en la Caja, en Honey Creek”, argumentó Cordero.

Karla Blanco, auxiliar de contabilidad, concuerda y explica que, al igual que Cordero, ella no tuvo incidencia en el nombramiento de su esposo, chofer de la municipalidad. Esto también lo comparte Lilliam Barrios, tesorera, cuyo esposo es encargado de maquinaria. 

“Yo tengo 30 años de estar aquí y mi esposo tiene como 15. Es mucha la diferencia y como son dos departamentos distintos, no lo puedo nombrar yo. A mí tampoco me gusta meterme en temas políticos, sino que entré por concurso”, dijo Barrios. 

Las prohibiciones legales y sus portillos también están presentes cuando una municipalidad contrata servicios externos. Mientras la contratación de un funcionario solo considera la inexistencia de parentesco con la persona encargada de recursos humanos, la de servicios únicamente con quien esté a cargo de proveeduría.

Durante los dos últimos periodos electorales analizados, GuanaData encontró 33 relaciones de parentesco entre proveedores de servicios y funcionarios de la Municipalidad de Talamanca, pero ninguna estaba relacionada de forma directa al actual proveedor y por lo tanto, la ley las considera legales. 

Durante los dos últimos gobiernos locales, el Municipio de Talamanca acumuló 12 relaciones de parentesco, de los cuales siete siguen vigentes. Foto: César Arroyo.

Entre estas relaciones destacan cuatro contratos por servicios profesionales a la compañía “Grupo Constructor JCJ y Asociados Sociedad Anónima”, en donde Cindy Prendas, esposa del actual alcalde Rugeli Morales y concejal del distrito de Bratsi, es fiscal. De forma previa, Prendas también ejerció la función de concejal en el distrito de Cahuita, pero no ejerció el puesto cuando la municipalidad pactó los contratos.

El periodo que arrancó en 2020 es el tercero en que Morales asume la alcaldía de Talamanca. Mientras él estaba fuera del cargo (entre el 2015 y el 2019), Grupo Constructor JCJ y Asociados recibió 11 contratos por “servicios de alimentación”. En total, suman ₡16,7 millones, de un presupuesto de poco más de ₡161.479 millones que manejó la municipalidad durante esos años.

El portillo ha crecido con el paso de los años. Por ejemplo, desde el 2017 el fallo C-162-2017 de la Procuraduría General de la República permite que un vicealcalde II participe y gane los procesos de contratación pública. Así sucedió en 2018 en Talamanca, con dos contratos que sumaron 4,1 millones por dos asesorías municipales del vicealcalde al gobierno local. 

“No les veo nada malo. El vicealcalde II no recibe salario por parte de la municipalidad y estoy seguro que para ese periodo, el alcalde y vicealcalde ni sacaron vacaciones”, dijo a GuanaData el asesor legal municipal, Hector Saenz.

¿Cómo puede afectar esta práctica a un cantón? 

Existen diversos factores que influyen en que una municipalidad pueda tener o no a varios funcionarios relacionados. Por ejemplo: el tamaño de la población del cantón o el nivel de acceso a la educación. 

También, la misma ley impide aplicar esta prohibición de forma retroactiva. Esto quiere decir que no aplicaría para aquellas personas que ya laboraban para la municipalidad antes de que un familiar sea electo para un cargo popular. 

Por esta razón, el encargado de ingeniería civil de la Municipalidad de Talamanca, Manuel Ignacio León Guido, puede mantener su puesto aún cuando su nieto ingresó como regidor propietario en el 2020. Lo mismo sucedió con la exvicealcaldesa del cantón, Alicia Hidalgo Fernandez, familiar de uno de los operadores de equipo. 

“Yo soy funcionario municipal desde el 2012 y si él ingresa por elección popular, no es que yo lo nombre. A mí me parece que la prohibición está correcta e igual hay filtros internos que ayudan a que todo sea legal”, dijo León a GuanaData. Hidalgo compartió una posición similar. 

Sin embargo, Ronald Alfaro, coordinador del capítulo Fortalecimiento de la Democracia del Informe del Estado Nación, advierte que cuando esta práctica sucede en alto rangos, se corre el riesgo de que los intereses de los funcionarios predominen sobre los de la población del cantón. 

“El tema es lo que provoca este hermetismo. Poco a poco se crea una oligarquía local, en donde hay grupos que permanecen en el poder por un largo periodo. Esto podría provocar que se prioricen los intereses de ciertos grupos y se dejen de lado los otros de otros grupos que no están representados”, explicó Alfaro a GuanaData. 

Según Alfaro, una alta cantidad de familiares en una misma municipalidad puede llegar a afectar el desempeño de un gobierno local, puesto que al existir una relación más allá de la profesional, la rendición de cuentas o transparencia resulta más difícil. 

El Índice de Gestión Municipal de 2018 (IGM), un estudio de la Contraloría General de la República (CGR), utiliza 61 indicadores que miden aspectos normativos y técnicos relativos a la gestión de todas las municipalidades y otorga una calificación que va de 0 a 100. Entre menor sea dicha clasificación, menor fue el desempeño municipal en aspectos como la planificación, el desarrollo ambiental y los servicios económicos.

De los seis cantones que estudia GuanaData, Talamanca es el que mantiene el puntaje más bajo en el Índice de Gestión Municipal. Foto: César Arroyo.

En el 2018, la Municipalidad de Talamanca obtuvo una calificación de 48.52. De los seis cantones que estudia GuanaData, Talamanca es el que mantiene la puntuación más baja. El índice ubica el municipio en el último grupo de cuatro categorías y señala tres principales deficiencias en su labor: el cumplimiento parcial o nulo de participación ciudadana y rendición de cuentas, la gestión de servicios sociales y el control interno. 

Esta falta de escrutinio interno resulta más compleja cuando un alto porcentaje de la población no vota. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), un 46,57% del cantón no acudió a las urnas en las elecciones municipales del 2020. Sin embargo, es común que exista un alto abstencionismo en estas elecciones, según el Observatorio de Política Nacional. 

La afectación de la poca participación va más allá de los cargos de elección pública, explicó Alfaro, y puede ser un indicador del poco escrutinio que recibe un gobierno local. A su vez, esto puede provocar que más personas desconozcan a quienes trabajan en sus cantones y por lo tanto, se fomenten este tipo de relaciones. 

Precisamente, la herramienta de la participación ciudadana es la que Alfaro recomienda para contrarrestar los efectos de los portillos que deja la ley. 

“También tenemos que preguntarnos si existen regulaciones apropiadas para limitar que se den estas posibilidades. Lo mejor que podemos hacer como comunidades es estar atentos a las decisiones que toma mi municipalidad: ‘¿qué tipo de proyectos está haciendo?’ o ‘¿dónde está gastando el dinero?’ Estas instituciones deberían siempre velar por el bienestar de la comunidad”, añadió Alfaro.

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¿Qué sucede en las demás municipalidades? 

GuanaData eligió darle énfasis a Talamanca porque encontró que las relaciones familiares dentro de esta municipalidad suceden entre funcionarios de altos rangos, como proveedores y alcaldes. Sin embargo, el nombramiento de familiares no es una dinámica exclusiva de este cantón. De hecho, GuanaData encontró que las cinco municipalidades del proyecto también la siguen. 

Durante los últimos dos periodos de gobierno local, en la municipalidad de Nicoya hubo 20 relaciones de parentesco familiar, en La Cruz 23 relaciones, Limón con 33,  Puntarenas con 44 y San Carlos con 61 relaciones. Entre ellas destacan:

 

  • La Cruz y Limón: En ambas municipalidades, una gran parte del personal de servicios como limpieza, tesorería, mensajería y peones, están relacionados a altos mandos, como alcaldes u otras coordinaciones. Por ejemplo, en La Cruz, la asistente de la Unidad de Gestión Vial de Tránsito es hermana de la cajera municipal.
  • Puntarenas: El cantón de Puntarenas es el cantón de GuanaData en donde más funcionarios municipales en puestos de asesoría o auxiliares comparten relaciones de parentesco familiar. Por ejemplo, la coordinadora de servicios jurídicos y el asistente de catastro y valoración son cónyuges. También lo son la asistente de auditoría y un operador de maquinaria y otras seis personas en diversos cargos.
        • Nicoya: Dentro de esta municipalidad, fue en donde GuanaData encontró una mayor cantidad de relaciones familiares en altos rangos. Por ejemplo, el ex-vicealcalde Marco Antonio Jimenez Muñoz y la coordinadora de Presupuesto y Planificación son cuñados, pero como ella trabajaba de forma previa para la municipalidad, la prohibición no aplica. Por otro lado, la coordinadora del Área de Planificación Territorial y Servicios Ambientales y el coordinador Servicios Jurídicos son cónyuges.
        • San Carlos: De las 61 relaciones de parentesco, cuatro corresponden a relaciones que la ley sí considera como prohibidas. En particular, destaca el caso del actual alcalde, Alfredo Cordoba Soro, con uno de los peones. 

 

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