Si usted es una persona en silla de ruedas y desea realizar un trámite en la Municipalidad de Nicoya, deberá pedir ayuda para subir la acera y luego los escalones del edificio de la Casa de la Cultura, sede provisional de algunos departamentos municipales.
La Ley 7600 busca brindar igual de oportunidades para las personas con la alguna discapacidad, tema que deben cumplir todas las instituciones públicas del país, incluidas las municipalidades.
En días anteriores, la Sala Constitucional falló en relación a 26 municipios del país que no quisieron brindar información sobre cómo están tratando de solucionar con lo dispuesto en la Ley 7600.
Vanlly Cantillo, encargada de la oficina de prensa de la Sala, explicó que hasta el momento han evaluado cuatro de esos 26 municipios y que solo la municipalidad de San Rafael de Heredia incumple en su totalidad con la normativa.
De esos 26 municipios denunciados ninguno es Guanacasteco, informó Cantillo. Sin embargo, en Nicoya todavía queda mucho por hacer. Así lo reconoce Marcos Jiménez, alcalde municipal, quien afirmó que están trabajando para crear una infraestructura que se ajuste con lo que dispone la Ley 7600.
Aunque Jiménez reconoció que en los edificios viejos se puede hacer muy poco, aseguró que en la nueva infraestructura si se estaría tomando las medidas regulatorias. “Decir que se ha hecho mucho seria mentir…y el problema que tenemos es que los costarricenses no están pagando los impuestos y entendemos eso, lo cierto es que no contamos con los suficientes recursos para este fin”, explicó.
Jiménez indicó que se está pensando en construir un nuevo edificio municipal que contaría con facilidades para los usuarios, como por ejemplo los ascensores. “Hacer una construcción nueva es una solución, lo que hacemos es habilitar un espacio para ascensor y mejorar las partes que hay que mejorar”, comentó.
Jiménez citó por ejemplo, la nueva casa de la Red de Cuido, cuya estructura cumple con las rampas correspondientes, ascensores y vías de acceso.
La Ley 7600 entró en vigencia en mayo de 1996; sin embargo todavía hay instituciones públicas que no la cumplen.
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