El municipio de Santa Cruz demandó el 20 de abril a su propia alcaldesa María Rosa López, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por cobrar durante cuatro años un plus salarial que, supuestamente, no le correspondía recibir.
La demanda se da dos años después de que el auditor municipal, Álvaro Moreno, informara que la jerarca recibía el pago de prohibición sin cumplir con los requisitos cuando ella era vicealcaldesa.
La prohibición es un aumento del 65% sobre el salario base. Está consignada en el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para que los jerarcas no trabajen fuera de la entidad a la que pertenecen.
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Ahora, la Municipalidad le está cobrando a la alcaldesa ¢115 millones ($200.000): ¢83 millones($148.000) recibidos en cuatro años por concepto de prohibición y ¢32 millones ($57 000) de pérdidas en intereses, estimados como perjuicios.
De acuerdo con la Ley, solo pueden recibir el pago de prohibición aquellos funcionarios graduados de profesiones liberales y colegiados. La normativa define a los profesiones liberales como aquellas que se desarrollan en el “mercado de servicios”.
Durante ese tiempo, la alcaldesa solo contaba con el título de educación. Moreno alegó que esa carrera no era considerada como liberal, basándose un dictamen de la Procuraduría General del 2014 relacionada con el entonces alcalde de Nandayure Carlos Arias.
“La prohibición del artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública no es aplicable en el supuesto de la profesión docente”, indica el documento en una de sus conclusiones.
La Voz de Guanacaste se comunicó vía telefónica con la jerarca, pero rechazó ahondar en detalles.
“El caso está en manos de los jueces, estamos en un país de derecho y yo no tengo más que decir. Buenas tardes”, dijo López, y cortó la llamada.
Para reportajes anteriores, la alcaldesa había asegurado a La Voz de Guanacaste que desde mayo del 2015 no recibía ese beneficio económico.
Aunque la demanda se presentó este año, ya desde mayo del 2016 la Contraloría General había pedido al Concejo Municipal que arrancara el proceso legal ante el Contencioso.
El proceso se retrasó hasta abril, cuando los regidores tomaron un acuerdo de contratar al abogado Rafael Guillén por un monto de ¢8 millones. Guillén ahora lleva ahora el proceso judicial contra la alcaldesa.
¿Cómo demanda una municipalidad a su propia jerarca?
Guillén explicó que, aunque el exalcalde Jorge Chavarría había autorizado ese plus para López, el Concejo hizo una declaratoria de lesividad.
Esta declaratoria se realiza cuando se considera que una acción administrativa puede ser dañina para los intereses públicos de la entidad, a pesar de haber sido aprobada por la misma organización.
Para obligar a que la jerarca devuelva el dinero, el Contencioso Administrativo también debe hacer la declaratoria de lesividad.
El defensor de la Muni aclaró que aunque Chavarría hubiese aprobado el pago, la alcaldesa no puede argumentar desconocimiento de la ley.
La oficina de prensa de la Corte confirmó que el proceso se encuentra en la etapa de notificación. Luego de ser notificada, María Rosa López tendría tres días hábiles para presentar su defensa.
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