Enid Ruiz señala con el dedo tres baldes de agua de lluvia recogida y dice que es para lavar la ropa o para los baños, porque el agua que llega aquí, a Playa Hermosa, viene en camiones cisternas un día sí y otro no.
A un kilómetro hacia el pueblo de Hermosa, Arellys Vallejos abre el grifo y sale un agua color café de sabor salado que viene desde el acueducto Mercedes, en Playa Panamá. Dice que algunos pobladores tienen pozo (como ella) para satisfacer sus necesidades cuando el agua llega así y otros tienen tanques para almacenar el agua, pero los menos beneficiados tienen solo botellas y con eso “se la juegan”.
“Yo voy en un pick up a recoger bidones de agua donde mis suegros en El Coco para toda la semana”, cuenta la prima de Arellys, Fabiola Vallejos.
El pozo de Arellys Vallejos (en la foto) suple el suministro de agua de su padre y la familia de su vecina, Belkys Vallejos, pues dice que el agua del grifo suele llegar salada o sucia.
Tras 15 años de advertencias y recomendaciones de especialistas y vecinos para prevenir precisamente esta crisis, este año sucedió lo que todos los hidrogéologos temieron en sus estudios sobre el acuífero de Playa Panamá, que abastece de agua a la comunidad de Hermosa: mermó el nivel agua dulce y lo invadió el agua salada.
Hay por lo menos tres investigaciones que advirtieron sobre la vulnerabilidad del acuífero desde el 2001 y, desde entonces, cuatro Gobiernos que supieron sus consecuencias sin resolver el problema de fondo: la vulnerabilidad del acuífero.
Ahora, de nueve pozos de los cuales se extraía líquido para ambas comunidades, tres están completamente fuera de operación por estar salinizados y el resto opera parcialmente y con agua ya salinizada, confirmó el director regional del AyA para Guanacaste, German Araya.
Hoy, a la comunidad de Hermosa la abastece el pozo Mercedes, con una disponibilidad de solo 4.5 litros por segundo (originalmente era de 17). A los hoteles les llega también agua salinizada que ellos mismos se encargan de tratar, contó Araya. Sin embargo, esto afecta la principal actividad económica de muchos de los vecinos de Hermosa (del distrito de Sardinal), donde viven unas 3.000 personas, según los dirigentes de la comunidad.
“Mi marido junto al de ella se fueron a buscar trabajo a San Carlos porque ellos trabajaban en turismo y no saben si con esta situación van a encontrar algo que hacer”, se queja Arellys Vallejos.
Ella y sus vecinos se preguntan cómo fue que llegaron a este extremo, luego de haberlo advertido durante tantos años.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) les prometió que instalará una planta desalinizadora de agua de pozo que empezaría a trabajar a partir de diciembre.
Sin embargo, primero deben aprobarse dos decretos que en este momento están frenando el trámite y que le permitirían al AyA aprovechar el agua de acuíferos salinizados únicamente en casos de emergencia, como este.
Los estudios
Los investigadores del agua comenzaron a preocuparse por el acuífero de Playa Panamá desde hace por lo menos 15 años. Uno de los primeros estudios del siglo que lo menciona data del 2001 y fue realizado en conjunto por la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
“Algunos de los acuíferos que están amenazados por la intrusión salina y la sobre-explotación son playa Panamá, Hermosa, del Coco, Potrero, Brasilito y Jicaral”, reza el documento.
Cinco años más tarde, en el 2006, el geólogo costarricense Daniel Murillo investigó junto al AyA y para su tesis de maestría de la Universidad Curitiba de Brasil, los límites máximos de consumo y el peligro de que, si aumentaba esa presión sobre el acuífero, el agua de mar lo invadiera.
El investigador reconoció, en entrevista con La Voz de Guanacaste, que el estudio no mostraba la realidad completa del acuífero porque nunca pudo acceder a los pozos privados y que, después de publicar los resultados, fue muy cuestionado por los empresarios que aducían una mayor capacidad hídrica del acuífero.
En parte por esos cuestionamientos, en el 2009 la hidrogeóloga Sandra Arredondo, contratada por empresarios turísticos de la zona, realizó un estudio para determinar la disponibilidad de agua subterránea.
En este, mencionó la vulnerabilidad del acuífero una vez más y determinó que aún no existía intrusión salina, pero que urgía la implementación de un plan de monitoreo para prevenir ese riesgo y la instalación de caudalímetros (una especie de medidores) en la salida de los pozos para verificar cuánta agua se extraía de ellos y que se cumpliera con los términos de las concesiones.
El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y el AyA conocieron los resultados de esta última investigación e hicieron mediciones periódicas con alguna regularidad. “A veces no había viáticos, otras veces el funcionario se incapacitaba o a veces no estaba el transporte disponible”, relata Arredondo.
Con estos datos, recopilados a partir del estudio de Arredondo, el AyA notó que el caudal iba disminuyendo, dijo el director regional del AyA Germán Araya, y comenzó a tomar ciertas medidas como reducir la producción de agua que salía del acuífero y dejar de dar disponibilidades para grandes proyectos.
Sin embargo, nunca instalaron caudalímetros a la salida de los pozos concesionados a empresarios privados, como el que tiene el hotel Condovac. “Eso le corresponde a otras instituciones, nosotros no podemos hacerlo”, aseguró Araya. Esto les impidió comprobar con exactitud cuánta agua se estaba extrayendo del acuífero.
Vecinos en armas
No solo los especialistas estaban preocupados. En el 2007, Enid Ruiz y otros 85 vecinos más presentaron un recurso de amparo alegando que no existía garantía de que el acuífero pudiera abastecer a la población después de que se construyeran varios desarrollos inmobiliarios que estaban por iniciar en la zona.
La Sala Constitucional les da parcialmente la razón en el 2008, argumentando que el AyA siguió otorgando permisos de explotación del recurso aún sin conocer cuánta agua tenía realmente el acuífero, lo que ponía en riesgo el derecho de los vecinos de acceder al agua.
“Se ordena paralizar la perforación de nuevos pozos en estos acuíferos hasta tanto no se cuente con una planificación hídrica que permita hacer las proyecciones adecuadas para no sobreexplotar los mantos acuíferos”, falló la Sala. El AyA asegura que desde entonces no dan disponibilidades de agua para grandes proyectos, sino solo para crecimiento vegetativo.
Las comunidades reaccionaron a tiempo, pero las consecuencias son las mismas hoy que si se hubiesen quedado de brazos cruzados. No solo perdieron el acceso al agua potable, sino que muchos compraron sus propiedades a un precio y hoy calculan que valen mucho menos.
“Las propiedades se devaluaron. Si algún día nos queremos ir de aquí, nunca vamos a poder vender esta propiedad”, alega Enid Ruiz.
Con tanta información a la mano, ¿por qué no lo previeron las instituciones?
El AyA argumenta que la sequía de los últimos tres años socavó el recurso disponible.
“Cuando empieza el fenómeno en esa zona inicia muy levemente y rápidamente se saliniza todo en un cortísimo plazo. De junio (del 2016) a la fecha tuvimos que sacar de operación varios pozos”, argumenta al teléfono el subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Manuel Salas.
¿Es aceptable esa justificación? La coordinadora del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec) de la Universidad Nacional, Andrea Suárez, estima que la sequía es solo uno de factores.
“(Este) es el resultado de la falta de planificación, de conocimiento real de las fuentes, de la organización en temas de concesiones, de no saber cuánto se está extrayendo de los pozos”, explica, refiriéndose al problema general de Guanacaste.
La presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, coincide en que la mala planificación llevó al país a utilizar fuentes no solo de manera indebida sino indebidas por sí mismas. “Lo que pasa es que los acuíferos costeros no deberían de haberse usado nunca”, sentencia.
Hoy, los mismos vecinos que llevan más de diez años velando por el cuido del acuífero son los que reciben agua sucia, salada y con exceso de cloro.
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