Proyecto de ley propone suspender patentes e impuestos municipales temporalmente

Un nuevo proyecto de ley podría suspender el cobro de impuestos y patentes municipales por algunos meses, y permitirle a los gobiernos locales que usen sus superávits para seguir ofreciendo los servicios básicos como recolección de basura, mantenimiento de vías y agua. 

El texto fue presentado el primero de abril por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

“Nuestro proyecto busca permitirle a quien tenga una patente que la suspenda totalmente sin necesidad de que cuando quiera renovarla incurra en gastos adicionales, pero es para esos establecimientos que no están generando ventas”, agregó Juan Pablo Barquero, presidente de la UNGL y actual alcalde de Tilarán. 

El proyecto detalla que los gobiernos locales podrían suspender las patentes durante doce meses. Cuando se acabe este periodo, los usuarios tendrían diez días hábiles para solicitar la reactivación. 

El proyecto de ley también permite que las munis usen el superávit específico para cubrir el pago de servicios municipales de casos excepcionales de familias cuyos ingresos se vieron gravemente reducidos a raíz de la crisis del Covid-19. El superávit específico es aquel que por ley se tiene que usar en obras determinadas en las comunidades, como calles e infraestructura, y en donde usualmente queda sin utilizar una cantidad importante de excedente, quizá por años. 

Por ejemplo, para el 2019, La Voz de Guanacaste encontró que la ejecución del dinero de varios proyectos en los cantones de Cañas y Bagaces podían tardar hasta nueve años por razones como la mala planificación o poco personal municipal. 

La idea es que un porcentaje del superávit sirva para cubrir a las personas que no pueden seguir pagando los impuestos de servicios básicos, como agua. Para que esto funcione, las personas que tiene la posibilidad de cancelar pagos municipales porque no están viendo afectados sus salarios, de forma solidaria deben seguir haciéndolo”, aseveró Barquero.

Permiso para usar superávits

Según Barquero, el permiso para el uso del superávit le aseguraría a las munis que puedan utilizar este “excedente” para que las comunidades no se queden sin servicios básicos como seguridad, recolección de residuos y limpieza de vías en las comunidades. 

Esos recursos disponibles por superávit varían dependiendo de cada gobierno local, pero un informe de la Contraloría indica que la mayoría tiene al menos una parte del dinero acumulado.  En el periodo del 2015 al 2019, solamente 17 de 81 cantones ejecutaron un promedio de más del 80% de su presupuesto anual, otros 55 ejecutaron entre el 70% y el 60% y los últimos 10 gastaron menos del 59%.  El informe no incluye al nuevo cantón de Río Cuarto. 

“Sería la posibilidad de utilizar el superávit libre y el específico”, explica Barquero, “Le estamos solicitando a la Asamblea que de manera excepcional y por razones de la emergencia, [nos permita hacer eso] para solventar los gastos operativos que ya tenemos”. 

A pesar de la medida, la Asamblea Legislativa no podría decirle a cada gobierno local cómo gastar su dinero. El Código Municipal N° 7794 incluye un principio de autonomía para los gobiernos locales que  deja a criterio de la misma municipalidad definir qué es considerado emergencia.

 

 

¿Cómo se debe utilizar el superávit? 

Todos los años, las municipalidades del país realizan su presupuesto municipal, el cual es aprobado por la Contraloría General de la República (CRG). El superávit es el sobrante por año de este presupuesto.

Existen dos tipos de superávit: el libre y el específico. El libre es aquel excedente que las munis pueden invertir a su discreción, pero el específico se encuentra “amarrado” por ley para obras específicas, como el presupuesto para calles de la Red Vial Cantonal. El proyecto permitiría que las municipalidades lo “desamarren” y utilicen para solventar la emergencia. 

Eso quizás podría impactar municipalidades como Puntarenas,  que –para antes del inicio de la crisis– ya estaba caracterizada por su alta tasa de desempleo del 17% y un nivel de pobreza que alcanza el 29% aproximadamente en la Región del Pacífico Central, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Previendo que esta situación se agudice, de aprobarse el proyecto de ley la municipalidad podría utilizar el superávit para continuar dando servicios básicos a las familias que vieron sus ingresos reducidos debido a las medidas adoptadas por el Covid-19. 

Previo a las dificultades ocasionadas por el Covid-19, esa municipalidad ejecutó un promedio de un 64% de sus presupuestos entre el 2015 y el 2019, según el Informe de Presupuestos Públicos 2020. 

El alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría, afirma que la pandemia ha agravado la situación del cantón con un fuerte golpe al sector turístico, pero que aún se encuentran a la espera del texto formal del proyecto de ley para tomar decisiones. 

Chavarría reconoce que en una pandemia no brindar los servicios de recolección de basura o agua empeoraría el bienestar de las comunidades, pero admite que está preocupado por el presupuesto, ya que “Puntarenas alquila estos servicios”. De no aprobarse ninguna medida y si una parte de la ciudadanía no puede pagar impuestos, los servicios pueden verse afectados. 

Por otro lado, Ilse Gutiérrez Sánchez, alcaldesa del cantón de Guatuso, asegura que su cantón “se encuentra en déficit”. 

Nosotros superávit no tenemos. En nuestro caso, estamos valorando a quiénes les podemos suspender la patente, pero todavía estamos en etapa de hacer el estudio y por razones de presupuesto no podemos suspendérsela a todos”, aseguró. 

A pesar de lo que señala Gutiérrez, los datos reportados por la misma municipalidad a la Contraloría muestran una ejecución del 43%, 36% y 55% entre 2017 y 2019. Además, de acuerdo con el Índice de Gestión Municipal más reciente, en el rubro de “Gestión Financiera”, de 100 puntos, Guatuso obtuvo un 50,37. 

Es decir, en el cantón de Guatuso existe una cantidad de superávit importante que eventualmente, si se aprueba el proyecto, podría ser destinada a cubrir el pago de servicios básicos de aquellas familias que no puedan hacerlo. 

 

En el otro polo se encuentra San Carlos, el cantón que más ejecuta su presupuesto, con un  promedio de ejecución de un 91% entre los años 2015 y 2019. Walter Hernández, encargado del departamento de Relaciones Públicas, comentó que sí conocen el proyecto y lo apoyan, pero que al no tener superávit, su cantón debe “socarse la faja” y cuidar que personas que sí pueden pagar tributos o impuestos, lo hagan. 

“Ya congelamos entre un 40% y un 50% del presupuesto aprobado para todas las áreas. Se congeló además el pago de horas extras. También, que la estamos valorando y no queremos llegar a eso, es intentar prescindir de algunos funcionarios”, dijo Hernández. 

Los voceros de las tres municipalidades (Guatuso, con menor ejecución de superávit, San Carlos, con mayor ejecución, y Puntarenas, con un caso intermedio), aseguraron que realizarán todo esfuerzo posible para que el gobierno local pueda continuar brindando servicios, pero que todavía están en una fase de adaptación.

Esa fase consiste en estudiar a cuáles negocios les pueden suspender la patente, cuáles familias podrían tener dificultades para pagar impuestos municipales y cuáles no. 

Precisamente para proteger a las personas más vulnerables es que necesitamos este superávit”, aseveró Barquero, presidente de la UNGL y alcalde de Tilarán. “Son medidas específicas que van a permitir que un cantón siga teniendo seguridad, un cementerio que funcione, agua en sus casas y la limpieza de zonas públicas, como las calles”. 

 

 

Actualmente, Barquero explica que el proyecto fue entregado a la mesa de trabajo sobre temas municipales ante la emergencia nacional, la cual es coordinada por la diputada liberacionista María José Corrales. Es decir, todavía no es Ley. 

El proyecto es, de hecho, una contrapropuesta a otros dos proyectos que ya se encuentran en la corriente legislativa. Los partidos Liberación Nacional (PLN) y Nueva República (PNR) sugerían que los contribuyentes y quienes tuvieran un patente, pudieran acceder a una disminución en las tasas por cobros de servicios y otras cargas municipales de hasta el 50%, pero no la suspensión. 

Para que el proyecto de la UNGL y la Anai se convierta en Ley, la iniciativa debe ser acogida por al menos 10 diputados y admitida en Plenario para pasarlo a una Comisión Especial que realizará un dictamen. Posteriormente, vuelve a Plenario, en donde debe ser discutido y votado en dos debates. El proyecto se envía para que el Presidente de la República lo firme y se convierta en ley de la república.

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Esta nota forma parte de la cuarta edición del proyecto GuanaData, que en esta ocasión es llevado a cabo por La Voz de Guanacaste en conjunto con el International Center for Journalism, gracias a una beca de la embajada de Estados Unidos. GuanaData pretende analizar los presupuestos de seis gobiernos locales del país con el fin de transparentar la función pública y combatir la corrupción dentro de las municipalidades.