Hace poco más de un mes, un ciudadano de Nicoya asistió al Concejo Municipal para solicitar una declaratoria municipal en contra de la normativa técnica de aborto terapéutico.
Los regidores rechazaron la petición en la sesión de este lunes 22 de octubre basados en la recomendación de la comisión de jurídicos, que la integran los regidores Saúl Cárdenas (PLN), Carlos Medina (independiente) y Marvin Vargas (PUSC) y tiene asesoría del abogado del concejo, Gerardo Carvajal.
“Esta comisión se acoge a la recomendación del asesor del concejo, Gerardo Carvajal, y así no contravenir con lo ya legislado desde el año 1971 [el aborto terapéutico]”, leyó el presidente municipal y miembro de la comisión, Saúl Cárdenas.
Los regidores votaron a favor el informe y ninguno hizo una intervención para cuestionar, contradecir o apoyar lo expuesto en el informe.
Por su parte, el proponente de la declaratoria, Juan Rolando Rodríguez, dijo que lamentaba la decisión.
“Igual que algunas municipalidades declararon nefasto el combo fiscal, yo esperaba que hubiera más sensibilidad sobre el aborto”, agregó.
¿Para qué la declaratoria?
Cuando se presentó al concejo el 10 de setiembre anterior, Rodríguez había tratado de convencer a los regidores de que la declaratoria sería una forma de oponerse a la normativa técnica de aborto terapéutico. Esta norma regulará en qué casos se puede aplicar una interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer corran peligro. Aunque existe un borrador ya listo, el presidente Carlos Alvarado aún no lo ha firmado.
En efecto, las declaratorias municipales fijan una posición institucional sobre un debate público y político, según le explicó a este medio el director de incidencia política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Marcelo Solano. “Sin embargo, la ley no prevé ninguna otra acción directa que acompañe este tipo de declaraciones”, agregó.
Comentarios