La Sala Constitucional ordenó al alcalde de la municipalidad de Talamanca, Rugeli Morales, a brindarle a La Voz de Guanacaste la lista completa de sus funcionarios con nombre, apellidos, número de cédula, cargo y salario bruto, información que este medio utilizará para realizar un análisis de datos como parte del proyecto GuanaData*.
El fallo de mayoría indica que la municipalidad deberá entregar esta información en un plazo no mayor a los diez días.
“En repetidas ocasiones la Sala ha analizado el tema en cuestión, llegando reiteradamente a la conclusión de que el salario que devengan los funcionarios o servidores públicos es de naturaleza pública e interés general, por involucrar el adecuado control y manejo de fondos públicos”, señala el voto de mayoría de los magistrados.
Jose Paulino Hernández y Nancy Hernández salvaron parcialmente sus votos, al considerar que la solicitud exigía información que ellos consideran privada, como desagregar el salario por cédula y nombre de funcionarios.
*La Voz de Guanacaste, a través de su proyecto GuanaData, fiscaliza a seis municipalidades a través del análisis de datos y presupuestos municipales. Los seis gobiernos locales son Nicoya, La Cruz, San Carlos, Puntarenas, Limón y Talamanca. Este fallo permite a La Voz desarrollar investigaciones que fortalezcan la transparencia a nivel local.
Municipalidad de Talamanca limitó el acceso
El 5 de marzo del 2020, periodistas del proyecto GuanaData de La Voz de Guanacaste solicitaron a la municipalidad la base de datos de los salarios brutos de sus empleados con su respectivo nombre, apellido y número de cédula, además del cargo que desempeñan.
La petición se realizó con el fin de analizar de forma transparente la gestión pública que ejercen las y los funcionarios dentro del gobierno local.
Un mes después de la solicitud, los periodistas tuvieron que acudir a la Sala Constitucional, pues la muni les negó acceso a esta información de carácter público. El alcalde en ese momento, Marvin Gómez, alegó que “la información sobre salarios de los funcionarios municipales, no es información pública”.
La Sala sostiene ahora que la información solicitada, al tratarse de puestos, salarios brutos mensuales o tipo de nombramiento son “pagados precisamente con fondos públicos, razón por la cual resulta improcedente alegar que esos datos son privados”.
El ex alcalde de Talamanca, Marvin Gómez, negó el acceso a la información. No obstante, la Sala aclaró que los salarios y cédulas de funcionarios municipales sí es información pública.
Acerca de la privacidad de los nombres y los números de cédula, la Sala Constitucional citó el voto 2014-4037, del 21 de marzo de 2014.
«El brindar el nombre, el cargo y las funciones (…) así como el salario que se devenga en dichas funciones, vinculadas con fondos públicos, no se puede considerar información personal de los funcionarios».
Información de interés público
La información sobre los salarios de funcionarios públicos es necesaria para promover la participación ciudadana en el control de las finanzas públicas. También será de utilidad para investigaciones periodísticas La Voz de Guanacaste.
Al tratarse de un voto de la Sala Constitucional, la resolución tiene carácter vinculante. Es decir: todas las municipalidades e instituciones públicas del país están obligadas a cumplirlo.
El fallo sirve como precedente para evitar que las instituciones públicas nieguen el acceso oportuno a este tipo de información a periodistas y la ciudadanía.
El acceso a la información pública es un derecho contemplado en el artículo 30 de la Constitución Política y el derecho a la petición de esta información está definido en el artículo 27. Este derecho puede ser ejercido por cualquier persona.
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Esta nota forma parte de la cuarta edición del proyecto GuanaData, que en esta ocasión es llevado a cabo por La Voz de Guanacaste en conjunto con el International Center for Journalism, gracias a una beca de la embajada de Estados Unidos. GuanaData pretende analizar los presupuestos de seis gobiernos locales del país con el fin de transparentar la función pública y combatir la corrupción dentro de las municipalidades.
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