1. Lucerna
Lucerna es un pequeño pueblo de Ocotepeque, ubicado en el occidente de Honduras, que hace frontera con El Salvador y con Guatemala. Con polvorientas calles y modestas viviendas, esta localidad ha experimentado una migración inusual en los últimos cuatro años. Y esa migración ya muestra cambios en el pueblo: contrastan con las casas campesinas, ahora unas viviendas grandes, con modernos diseños en los techos, amplios ventanales y fachadas parecidas a modelos construidos en suburbios estadounidenses.
La mayoría de estas viviendas fueron levantadas con dinero enviado por migrantes que dejaron su pueblo ante la falta de oportunidades para vivir dignamente. En ese pueblo, un jornalero que trabaja en la agricultura gana apenas unos 150 lempiras diarios (U$7). Si trabajan toda la semana sumarían 900 lempiras (U$36), pero en Estados Unidos pueden ganar 700 u 800 dólares en el mismo período. Por eso se van.
Solamente en 2021, al menos unos 30 jóvenes de Lucerna emprendieron viaje rumbo a Estados Unidos, según los lugareños, y siete de esos migrantes fueron secuestrados en el norte de México. Uno de los secuestrados fue Manuel, quien en enero del 2021 decidió hacer una maleta y buscar una nueva vida en el país del norte. En la aventura lo acompañaba su hijo de 17 años. «A veces uno por la falta de trabajo es que agarra esos caminos. Es complicado, uno quiere ver si hay algo allá”, dice.
Con la llegada de la pandemia y la destrucción provocada por las tormentas Eta y Iota a Honduras, el país perdió alrededor de medio millón de empleos, según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística( INE) en el 2020 la Tasa de Desempleo Abierto alcanzó el 10.9%, el subempleo visible 27.3% y el empleo invisible 43%.
El 2020 fue un año fatídico para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes). Al menos 10% tuvieron que cerrar operaciones indefinidamente por el confinamiento decretado por el gobierno para la contención del Covid-19. Las Mipymes antes de la pandemia generaban hasta el 70% de los empleos en el país.
Para Honduras, el 2020 representó un retroceso de su economía del 10.9%, según estimaciones del Banco Central de Honduras (BCH). En el 2019, el INE establecía que el porcentaje de pobreza en el país era de 59%, en el año 2020 esta institución gubernamental no proveyó información al respecto. Pero para el 2021, la encuesta aplicada por el INE arrojó que la pobreza alcanzó el 73.6% de los hogares hondureños.
Manuel salió del país por esa pobreza, y con esfuerzo logró pagar 8 mil dólares a un coyote, traficante de personas, que los cruzaría a él y a su hijo por la frontera de Estados Unidos y México. Manuel cuenta que en el camino el coyote les aconsejó entregarse a la Patrulla Fronteriza para hacer una solicitud de asilo, pero al pasar no tuvieron oportunidad de nada, casi inmediatamente fueron retornados a la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas.
Quería cruzar nuevamente a Estados Unidos. Cuando ya estaba en México recibió una llamada del coyote, quien le dijo que lo iba a recoger en el puente de Reynosa que cruza el río Bravo, según recuerda, pero instantes después, cuando él y su hijo salieron del sitio donde estaban resguardados, fueron secuestrados.
Los secuestradores tienen bien vigilados esos cruces de la frontera, están aliados los taxistas y hasta la misma policía”, asegura Manuel, quien tuvo que pagar otros cuatro mil dólares para obtener su libertad y la de su hijo.
Reynosa es la tercera ciudad donde más se registraron secuestros de migrantes, según estadísticas de la organización sin fines de lucro Alto al Secuestro. Entre diciembre de 2018 y julio del 2021, se reportaron 49 secuestros, pero esta cifra no cuenta a los migrantes que no denunciaron ante las autoridades o que no contaron su historia a un medio de comunicación. En el año 2021, la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General de Tamaulipas reportó que habían liberado a 235 migrantes que se encontraban retenidos contra su voluntad en las localidades de Tamaulipas y Miguel Camargo.
Manuel estuvo secuestrado durante tres días. Quienes lo privaron de libertad se hacían llamar “Los Mañas”, según lo que él escuchó. El hondureño logró contar que en ese momento había más de 60 migrantes en la bodega donde los tenían encerrados. Esa cifra de un solo día supera el registro de denuncias que tiene la organización Alto al Secuestro en casi tres años.
Para pagar la suma que le pidieron, llamó a su esposa en Honduras, pero ella no pudo enviar el dinero que tenía que llegar por partes a México, por restricciones bancarias en el país. Un amigo que vive en Estados Unidos le prestó cuatro mil dólares, dinero que Manuel tuvo que pagar una vez estuvo de regreso en Honduras.
Recuerda que quienes lo raptaron no eran tipos tan violentos, pero estaban bien armados. “No golpearon a nadie, pero tampoco nos dejaban salir. Nos tenían en un potrero y los oficiales de migración llegaron a rescatarnos cuando ya casi todos habíamos pagado”, cuenta Manuel.
Después de la experiencia, él desconfía del coyote que lo llevó hasta la frontera. “Es que me llamó que me venía a recoger para llevarme a una bodega y solo caminamos un poquito y nos entregó a otros jodidos. En ese México hay de todo”, dice Manuel desde su casa en Lucerna, la que construyó con adobe, un material muy utilizado en zona rural del occidente de Honduras. Después de lo ocurrido en México, Manuel volvió a trabajar en la agricultura.
“Escuché historias que la policía detenía a gente que los coyotes tenían escondidos esperando para cruzar, pero en lugar de deportarlos se los entregaban a los delincuentes. Es una sola mafia. La pasada de México talvez antes era más fácil, pero ahora está vergueado”, dice Manuel. A pesar de saber esto y del miedo, en septiembre de 2021 su hijo tomó nuevamente el camino rumbo a Estados Unidos. Esta vez logró llegar y ya encontró trabajo. “Casi lo secuestran otra vez, se salvó porque el coyote dividió el grupo”, cuenta.
2. Del campo bananero
Los hijos de don Filiberto, un hombre de 57 años, salieron del norte de Honduras el 9 de septiembre del 2021 con rumbo a Estados Unidos. Igual que a miles de sus compatriotas los sedujo la idea de un trabajo con mejores ingresos en aras del bienestar familiar, pero el sueño de los dos muchachos solo tardó un día en convertirse en pesadilla. El 10 de septiembre, los dos fueron secuestrados en el estado mexicano de Tabasco.
Ese día, caminaban por una carretera estatal cuando elementos de la policía mexicana, quienes se conducían en una patrulla, se detuvieron y les dijeron que si no se apartaban del camino tendrían que ser detenidos, según el relato de su padre. Los asustados jóvenes siguieron el consejo de la autoridad y cuando tomaron una vereda, esta los llevó directo al grupo criminal –no identificado– que los secuestró.
El 11 de septiembre, después de 24 horas de estar secuestrados, los delincuentes llamaron a don Filiberto para solicitar el rescate que rondaba los 200 mil lempiras ($10,000). Él recuerda muy bien aquella llamada: “Yo les dije: ´pisto no tengo´”, cuenta. Los secuestradores enviaron un video en el cual los dos muchachos eran brutalmente golpeados. “Ahora terminalos”, le dijo el padre a un hombre que lo llamó para preguntar por el rescate. “¿Eso querés?, pues mañana los matamos”, le respondieron.
En los primeros seis meses del 2020, al menos 3, 250 personas migrantes sufrieron agresiones como secuestros, violaciones, asalto a mano armada y trata de blancas mientras esperaban que se resuelvan las solicitudes de asilo en la frontera norte de México con Estados Unidos, de acuerdo con información recolectada por la organización internacional Human Rights First (HRF).
La organización Al Otro Lado, que trabaja con migrantes en la ciudad de Tijuana en México, fue consultada por registros de secuestros en la frontera para esta investigación. Vía email respondieron que no tenían una cifra específica de hondureños que habían sido raptados, pero que el 83 % de 20,000 migrantes de diferente nacionalidad encuestados reportó haber sido víctima de alguna forma de violencia.
Los migrantes sufren diversas agresiones en su ruta al norte, de todas las más visible y mediática común es el secuestro, que se ha convertido en un negocio que genera miles de millones de dólares, según Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).
Para Figueroa el fenómeno no se puede entender sin la colaboración de las autoridades. “No solamente hablamos de soborno, sino de una participación directa del tráfico de personas”, afirma. Esta consideración coincide con el testimonio de migrantes secuestrados que fueron consultados para esta investigación.
En el 2015, un informe de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD) logró precisar la nacionalidad de 552 víctimas de secuestro: 372 hondureños, 101 salvadoreños, 74 guatemaltecos y 5 nicaragüenses. Hubo otros 609 de los que solo se pudo constatar que eran centroamericanos. Entre los secuestrados también había ecuatorianos, brasileños y peruanos. Ese mismo informe sostiene que el 55% de los migrantes fueron secuestrados en el sur de México, el 11% en el norte, 1.2% en el centro y de un 32% no fue posible precisar en qué lugar fueron apresados.
El problema no es nuevo y tampoco desconocido. En agosto del 2010, la noticia del asesinato de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, puso en las primeras planas el secuestro de indocumentados y, de acuerdo con un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), este hecho obligó al gobierno de México, “a reconocer la magnitud de la problemática del secuestro a migrantes”.
La masacre fue atribuida al Cártel de Los Zetas, uno de los más sanguinarios del territorio azteca que se dedicaba al tráfico de drogas, robo de combustible y extorsión, entre otros delitos. Actualmente quedan pequeñas células por todo el país, que secuestran y arrancan miles de dólares a migrantes, que habitualmente son pobres.
Don Filiberto cuenta que vio con impotencia cómo sus hijos eran golpeados brutalmente en un video que se viralizó en las redes. Después de ver la publicación, él discutió con los secuestradores y la última frase que escuchó fue: “Hoy te los matamos”.
“A ellos Dios los libró”, dice don Filiberto. Sus hijos le cuentan que fueron golpeados durante 10 horas y cuando se desmayaron, los secuestradores pretendieron desaparecer los cuerpos. «Ellos no perdieron el conocimiento y escucharon a los delincuentes decir: ´vamos a traer unas palas para enterrar estos perros. Ya no mandaron el pisto(dinero)´», relata el padre. Sus hijos le contaron que se levantaron y huyeron luego de que desaparecieron sus captores.
Después de caminar durante tres días, lograron llegar a una vivienda donde les brindaron ayuda, pero ese día un grupo de hombres llegó preguntando por dos jóvenes inmigrantes. La señora que los ayudó dijo no haberlos visto y después envió a los muchachos en taxi a la ciudad de Palenque, siempre en Tabasco, donde fueron atendidos en un centro médico y estuvieron recuperándose durante 15 días en un lugar seguro.
Don Filiberto considera que a sus hijos no los secuestró ningún cartel, sino ladrones de México y Guatemala que se han reunido para delinquir: «Lo perro es que aunque manden el pisto, siempre los matan. Mis hijos cuentan que miraron en una ocasión que mandaron el pisto y mataron a la gente», dice.
La Comisión Nacional de Búsqueda en México, que tiene datos desde 1964, registra que en ese país hay casi 100 mil personas desaparecidas. Entre septiembre de 2020 y el final de julio 2021, el organismo indica que se denunciaron 6,453 casos. México es un país azotado por la violencia, que ha emprendido una guerra contra el narcotráfico que, según recoge el medio Animal Político, deja unos 30 mil muertos al año.
Para los hijos de don Filiberto, la pesadilla continuó. Al retomar fuerzas, volvieron al camino hacia Estados Unidos y lograron cruzar la frontera, pero fueron detenidos por la migración estadounidense, que tenían un pedido de la fiscalía mexicana para regresar a los dos hondureños a ese país. “Fueron golpeados otra vez porque los oficiales les preguntaban qué habían hecho para que los anduvieran buscando”, asegura don Filiberto.
Al trascender el caso en redes sociales, la fiscalía mexicana actuó de oficio. Por eso fueron detenidos en la frontera y deportados a México, no a Honduras. A los dos hermanos se les extendió la visa humanitaria e iniciaron el proceso de petición de asilo en Estados Unidos.
Javier Martínez, trabajador de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, afirma que la respuesta de las autoridades mexicanas en los delitos contra migrantes es muy mala y que, según sus cálculos, un 99% de estos casos quedan impunes. “En el trabajo que hacemos si tenemos acceso a poner las denuncias y quejas de violación a los derechos humanos, el problema es que nunca se aterriza, las denuncias nunca llegan a manos de un juez”, dice.
Cree que los casos que prosperan solo cuando la situación se ha vuelto mediática. «Tendría que ser un caso muy mediático en el cual las autoridades están siendo observadas por medios de comunicación o sociedad civil, pero de lo contrario las cosas se quedan en investigación», refiere Martínez.
Don Filiberto cuenta su historia y la de sus hijos desde su casa ubicada en uno de los ex campos bananeros en El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras, el lugar que una vez fue el centro de operaciones de la “banana republic”, un término utilizado para describir a un país pobre, corrupto, poco democrática, con exportaciones de bajo valor y que se mueve al ritmo de intereses extranjeros. Ahí donde crecieron sus hijos permanece la nostalgia de la bananera y, aunque ya no es igual, abundan todavía las plantaciones de banano para exportación acompañados del nuevo monocultivo predominante: la palma africana. Abundan allí también las historias de los jóvenes que se fueron porque no hubo desarrollo gracias a esas plantaciones.
3. Migración: noticia de televisión
Al hijo de la profesora Aminta lo secuestraron Los Zetas. Eso cuenta ella. A este joven le tocó salir huyendo de Honduras luego de recibir una amenaza por parte de los pandilleros del barrio donde vivía en San Pedro Sula, principal ciudad del norte del país. En la búsqueda por salvar su vida, casi la pierde. Alejandro, como llamaremos al hijo de la profesora, estuvo dos veces secuestrado, pero antes de que esto pasara estuvo a punto de morir en un contenedor que transportaba casi 200 migrantes.
Como si fuese una película, la profesora pudo ver por la señal de un canal estadounidense el momento cuando la policía abría el contenedor y algunos de los indocumentados caían casi desmayados, pero su hijo saltaba hacia un matorral y huía de la autoridad. Ese escape fue el comienzo de la pesadilla. “Ahí supe que estaba vivo”, cuenta la profesora
Al avanzar sin la compañía de un coyote, casi de inmediato Alejandro cayó en manos de los Zetas. La profesora, mientras estaba en la escuela sirviendo clases a sus alumnos, recibió una llamada en la que le solicitaron aproximadamente 4,000 dólares. “Tiene que darme tiempo”, dijo ella y, según recuerda, le contestaron: “Tiempo no tiene, muévase y cuidado habla con la policía porque todo eso lo manejamos nosotros”.
Rubén Figueroa, del MMM, analiza que actualmente los grupos delictivos están secuestrando sin discriminación: “se secuestra parejo, pero mucho más a los más pobres”, dice. Figueroa hace referencia a que antes a los secuestrados se les hacía una especie de investigación y, si tenían familiares en Estados Unidos, les exigían dinero. “A los migrantes que no tenían familiares en Estados Unidos se les liberaba después de torturas y maltratos. Hoy los criminales intentan sacar agua hasta de una piedra», sostiene. El activista promigrantes señala que los más vulnerables son los indocumentados que no han pagado a un coyote.
Claudia Pinto, coordinadora de la oficina de la FJEDD en Honduras, sostiene que desde que se empezaron a documentar los secuestros de migrantes en 2009, no han dejado de suceder, pero ahora son mucho más visibles. Añade que gran parte de las personas que se están saliendo del país no tienen para pagar un traficante y esto los vuelve más vulnerables.
Suena feo decirlo, pero las personas que pagan un coyote están pagando cierta seguridad que no tienen las personas que van solas”, señala.
En los últimos cuatro años, Honduras ha registrado un flujo migratorio sin precedentes, que tuvo su máxima expresión en las caravanas organizadas en 2018, en las que se reunieron hasta 15 mil hondureños que caminaron juntos hasta la frontera sur de Estados Unidos. El último antecedente fue en enero 2021, cuando unos siete mil hondureños quisieron cruzar territorio guatemalteco, pero fueron apaleados por ese país. No obstante, ese es el flujo visible y extraordinario, lo cierto es que diariamente salen entre 300 y 500 hondureños por puntos fronterizos del país, lo hacen sin registro y sin dejar huella.
No hay una cifra exacta del éxodo, pero según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el 2020 detuvieron a 40,091 hondureños intentando entrar de forma irregular a Estados Unidos y a septiembre del 2021, la cifra ascendía a 98,554 detenciones de hondureños, más del doble que el año anterior.
Aminta, la profesora, explica que tuvo que agotar los ahorros que tenía en el banco para pagar el rescate solicitado por los secuestradores de su hijo. El dinero fue enviado en cinco partes porque el banco no le permitió enviarlo en una sola transacción. Después de pagar, el mismo grupo delictivo se encargó de que Alejandro y otros migrantes secuestrados llegaran a la frontera. Cuando le prestaban el teléfono al joven, para comunicarse con ella, este le contaba algunos detalles. En una ocasión le contó que los secuestradores lo pusieron a él y a otros migrantes que permanecían cautivos, a cavar un enorme agujero sin saber para qué. “Aquí no se pregunta, mamá. Los que pagamos estamos tranquilos, a quienes no lo hicieron no los hemos visto”, recuerda la profesora que le dijo su hijo.
Una vez en la frontera de México y Estados Unidos, Alejandro cayó en manos de otro grupo criminal que se hacía llamar los “Escorpiones Negros”. Solo había pasado poco más de un mes del secuestro anterior. Ahora el rescate costaba 5,000 mil dólares.
La profesora tuvo que solicitar varios préstamos y no pudo conseguir la suma solicitada de inmediato. Tardó unos doce días y en ese lapso su hijo fue torturado. Le hicieron una videollamada que mostraba a su hijo amarrado y a sus captores asando carne. Los delincuentes torturaron a Alejandro colocándole el asador caliente.
Tras pagar el rescate, el hijo de la profesora fue encontrado en territorio estadounidense y fue auxiliado por miembros de la patrulla fronteriza. Estaba gravemente golpeado, tenía muy dañados los riñones por las golpizas recibidas y fue trasladado a Houston, donde estuvo en un hospital casi dos meses. Al mejorar su condición de salud fue deportado. En Honduras necesitó un psicólogo para recuperarse de su salud mental.
En ese camino todo es dinero. Los carteles piensan que los migrantes llevan dinero y no les importa si llevan o no. Usted tiene que buscarlo”, dice la profesora.
La desesperanza se impone. Tras el terror vivido luego de pasar por dos secuestros y luego de muchos días llorando por los recuerdos, Alejandro, el hijo de la profesora, decidió emprender nuevamente el camino a Estados Unidos. Esta vez lo logró y se encuentra trabajando.
Las noticias de los secuestros de migrantes abundan en los medios de comunicación, pero parece que desde los gobiernos involucrados este delito es invisibilizado. Claudia Pinto, coordinadora en Honduras de la Fundación para la Justicia, señala que ella ha escuchado decir al presidente mexicano Manuel López Obrador que en “México no ha pasado nada”. Agrega que “eso es muy grave porque es evadir su responsabilidad como estado y también es grave el abandono de nuestras autoridades (en Honduras) porque no hacen nada por buscar coordinaciones entre países. Son estados con estructura y podrían coordinar acciones de búsqueda y rescate, pero no sucede”.
En Honduras también este delito está invisibilizado. Para esta investigación se realizó una solicitud mediante la Ley de Acceso de Información Pública a la Cancillería de la República para conocer las cifras de migrantes que han denunciado secuestros, pero como respuesta se recibió que este registro estaba en la Secretaría de Seguridad, que hace coordinaciones con la Interpol. Se realizó otra solicitud de información, que tampoco fue resuelta.
Además, se intentó contactar a la vicecanciller del gobierno anterior, Nelly Jerez, pero no respondió a los mensajes que se le enviaron. Por último, se solicitó información de secuestros a hondureños en el Consulado de Saltillo en México. Desde esta oficina se limitaron a decir que tenían prohibido dar cualquier información o entrevista.
4. ¿Se quedarán a ver un cambio en Honduras?
El éxodo no se detiene. Organizaciones como la Pastoral de Movilidad Humana calculan que diariamente salen entre 300 y 500 hondureños, quienes prefieren irse de un país sometido por la violencia, el crimen organizado, la corrupción y hasta el cambio climático. Honduras tiene un promedio de 40 muertes por cada 100 mil habitantes asociadas a la violencia común, al crimen organizado y al narcotráfico. Una tasa alta para un país que no está en guerra. Muchos barrios de las principales ciudades siguen bajo el dominio de maras y pandillas, aunque el gobierno anterior se ufanaba de su política de seguridad.
Pero el narcotráfico ha estado ligado a los últimos dos presidentes de Honduras. Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fueron condenados por narcotráfico por la justicia estadounidense. El exmandatario Hernández fue señalado de tener nexos con el narcotráfico en los juicios contra su hermano y Giovanni Fuentes Ramírez y ahora fue solicitado en extradición por Estados Unidos y está detenido en las instalaciones de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Un juez de sentencia ya concedió la extradición, pero la defensa apelará ante la Corte Suprema de Justicia.
Los escenarios trágicos no terminan ahí. En junio del 2021, Ricardo Zúniga, funcionario principal del gobierno de Joe Biden para las relaciones con Guatemala, El Salvador y Honduras, afirmó que en Honduras la corrupción drena unos 3000 millones de dólares al año. Lo dijo después que el anterior gobierno realizó una cuestionada compra de siete hospitales móviles por 47 millones de dólares. A consideración del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, hubo una sobrevaloración de 31 millones de dólares.
En las elecciones de noviembre de 2021, el Partido Nacional perdió las elecciones después de 12 años en el gobierno y Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se convirtió el 27 de enero del 2022, en la primera mujer en ostentar la presidencia de Honduras. Su triunfo fue celebrado por multitudes en las calles y llenó de esperanzas a gran parte de la población. En su primer discurso, luego de conocer el primer conteo de los votos el 28 de noviembre, Castro dijo que en su gobierno trabajarían para que ningún joven tenga que migrar más para sobrevivir. A pesar de las esperanzas que levanta su discurso en algunas personas, el éxodo continúa.
A pocos días de la toma de posesión de Castro, el 15 de enero del 2022, se organizó una nueva caravana en la Gran Terminal de San Pedro Sula. Unas 600 personas caminaron hasta la frontera de Corinto, entre Guatemala y Honduras, la mayoría eran hondureños, pero también iba un grueso grupo de nicaragüenses. En esa caravana iba Javier, un hondureño que tiene cuatro años desempleado y es padre de dos hijas. “Sabemos que hubo cambio de gobierno, pero el país está enfermo y su recuperación será lenta”, dijo.
En Lucerna, el pueblo donde siete de los jóvenes que migraron en 2021 fueron secuestrados, Fredy, un hombre de 42 años, planifica salir rumbo a Estados Unidos. Lo hará este año. Él, al igual que los hijos de don Filiberto, Alejandro y Manuel, está dispuesto a atravesar un camino asolado por la muerte para dejar atrás las penurias de un país atormentado.
Los nuevos caminos de la migración centroamericana es un especial realizado por los medios que somos parte de la alianza Otras Miradas: Divergentes, Revista Factum, Contracorriente, Agencia Ocote y La Voz de Guanacaste. Y contó con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales.
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