Las 11 municipalidades de Guanacaste declararon a los distritos Lepanto, Cóbano, Paquera y las islas como “territorio irredento” de la provincia, es decir, que pertenecen a ella por razones identitarias pero administrativamente siguen siendo de Puntarenas.
Lo hicieron este 24 de julio, en medio de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya —incluyendo esa región— a Costa Rica. La iniciativa es impulsada por la Asociación para el Rescate y Desarrollo de la Península de Nicoya, el Golfo y sus Islas y la Federación de Municipalidades de Guanacaste (Femugua) y busca “motivar” una decisión legal que devuelva los pueblos a la provincia.
La disputa no es nueva. En varios periodos (por ejemplo, 2002, 2014, 2016, 2018, 2021) representantes de la sociedad civil y de la política han puesto sobre la mesa la búsqueda por “recuperar” la región.
Sin embargo, los territorios insulares y del sur de la península tienen un disenso de qué es eso lo que quieren: volver a Guanacaste, conformar entre todos un solo cantón, quedarse en Puntarenas, crear cantones separados, seguir siendo distritos… Para algunos es indiferente si tienen cédula 5 o 6.
En La Voz hacemos un repaso contextual sobre la situación peninsular:
¿En qué momento la región sur de la península dejó de pertenecer a Guanacaste?
El 18 de octubre de 1915, cuando el expresidente Alfredo González Flores firmó el decreto ejecutivo número 20, de División Territorial Administrativa. En ese entonces, era más accesible la movilización marítima entre la región peninsular y Puntarenas que el acceso entre las zonas norte y sur de la Península de Nicoya.
Los territorios pasaron a ser distritos del cantón central de Puntarenas y, años más tarde, cada uno —Lepanto, Cóbano y Paquera— adquirió la figura de concejos municipales de distrito. Esto quiere decir que tienen cierta autonomía administrativa con respecto a la Municipalidad de Puntarenas, otorgada principalmente por la lejanía con su cantón. En el país hay ocho, cuatro de ellos son porteños.
¿El decreto de 1915 fue legal?
No, según buena parte de la corriente que quiere “recuperar” los ahora distritos e islas de Puntarenas. Su planteamiento es que el expresidente González Flores violó una ley de 1909 que establecía que los límites territoriales se podían variar únicamente a través de una legislación y no vía decreto como él lo hizo.
Así lo ha sostenido desde 2012 el abogado Jose Miguel Villalobos, quien representa a la Municipalidad de Nicoya en un proceso legal para derogar el decreto. El caso se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), aún a la espera de una sentencia que decida el futuro.
¿La decisión del Tribunal es el único camino que le espera a los territorios?
Quizás no. Han existido planteamientos de la organización civil y de los concejos municipales de distrito para redefinir la conformación y pertenencia de los territorios insulares y peninsulares del sur.
En 1999, por ejemplo, la Municipalidad de Puntarenas realizó un plebiscito no vinculante en Cóbano, Lepanto y Paquera con dos consultas: una para que sus habitantes opinaran si continuaban siendo distritos o se conformaban como cantones, y otra para que se pronunciaran a favor o no de pertenecer a la provincia de Puntarenas.
Solo un 35,6% de los pobladores de los distritos participaron. 94% votó por continuar por conformarse como cantones y 89,5% por pertenecer a Puntarenas.
La Nación reportó el día de la votación que “(el plebiscito) serviría de impulso a la presentación de un proyecto de ley en el Congreso, el único con facultad para hacer variaciones de división territorial”.
La resolución del tribunal puede no ser el único camino, pero todas las fuentes coincidieron en que sí será determinante.
El futuro de los pueblos peninsulares del sur se ha discutido en diferentes momentos, usualmente en el marco de la celebración del 25 de julio. En la foto, el reclamo que hizo la Asociación Pro-rescate en la gira del presidente Luis Guillermo Solís, en 2017. Foto: Eka Mora
Y entonces, ¿hubo propuestas de ley para convertirse en cantón?
Sí. Se han presentado al menos seis proyectos —todos archivados— con pretensiones de que se constituya un solo cantón, sea el doceavo de Puntarenas o de Guanacaste.
La Asociación Pro Integración de la Península de Nicoya —otro de los varios movimientos sociales— también planteó hacer un referéndum en el que los pobladores decidieran crear el cantón número 12 de la provincia de Guanacaste, con el nombre de La Península. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo rechazó en 2006 “puesto que, el porcentaje para la recolección de firmas y la realización del referéndum, deben satisfacerse en todos los cantones y provincias del territorio nacional”.
Al futuro de unificación territorial apunta también la Asociación para el Rescate, que lidera la declaratoria de “territorio irredento”. Solo que desde el punto de vista del vecino de Lepanto y presidente de la agrupación, Rodolfo Quesada, deben esperar la decisión favorable del TCA para integrarse nuevamente a Guanacaste y después proponer ser el doceavo cantón guanacasteco.
Los alcaldes de la provincia comparten esa idea.
Con la resolución del tribunal, queremos el rescate del territorio total, no como cantón”, dijo el alcalde de Cañas y presidente de la Federación de Municipalidades de Guanacaste (Femugua), Luis Fernando Mendoza.
La corriente de que sea un solo cantón no es unánime.
El distrito de Cóbano, por ejemplo, presentó en 2018 el proyecto de ley ”Creación del cantón Cóbano, cantón XII de la provincia de Puntarenas” (Nº 20.773) para dar este paso de forma “independiente” de sus vecinos. La propuesta nació en una comisión del concejo municipal de distrito y con un movimiento llamado “Cantonato Cóbano”. El proyecto actualmente se encuentra en la comisión de asuntos municipales.
De hecho, la Federación de Concejos Municipales de Distritos envió una solicitud a la Femugua para que Cóbano exponga su proyecto de cantonato, para buscar apoyo y “hacerles comprender que el distrito de Cóbano no está luchando por una pertenencia sino por la transformación de distrito a cantón, siempre respetando lo que decida la resolución del Contencioso”.
Mendoza dijo esta tarde a La Voz que conocen la petición, pero que aún el consejo directivo de Femugua no le ha asignado espacio por el volumen de solicitudes de audiencias.
¿Y los demás distritos querrían lo mismo?
Una parte de Paquera busca ir por el mismo camino, pues ha tenido reuniones con la comisión de Cóbano para avanzar con una propuesta similar, según declaraciones de Ronny Montero, uno de los integrantes de la comisión Pro Cantón Cóbano.
Como habitante y funcionario municipal, Montero cree que sería inviable que los tres territorios se pongan de acuerdo para formar un solo cantón, sobre todo porque su creación como concejos municipales de distrito está estipulada en legislación actual y por la experiencia que cada uno ha desarrollado en la administración territorial y de sus propios recursos.
El presidente de la Asociación para el Rescate, por su lado, cree que los avances de cantonatos, ya sean individuales o conjuntos, están bajo una inseguridad jurídica: “la definición de un cantón tiene que provenir después de una anulación del decreto”, dijo a La Voz. Con él coinciden otras opiniones.
Entonces… si vuelven a Guanacaste, ¿bajo qué figura administrativa lo harían?
Algunos sostienen que cada uno conservaría la figura de concejo municipal de distrito, y su cantón sería Nicoya. Así lo cree el director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo. Con él concuerda Montero, de la comisión pro cantón Cóbano.
Quesada, de la asociación que busca “recuperar” el territorio, asegura que el TCA definiría si vuelve o no a Guanacaste pero no a qué cantón pertenecerá.
“El Tribunal no tiene jurisdicción en ese asunto, quien lo tiene es la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa. Lo que tiene que hacer la Muni de Nicoya es, con la sentencia —suponiendo que resulta “favorable a Guanacaste”— solicitar a la Comisión que haga el mapa para hacer el traslado a Nicoya”.
El alcalde nicoyano, Carlos Armando Martínez, sostiene que una vez que “vuelvan” los territorios de la península sur, “deberían convertirse en el cantón peninsular”.
Más allá de la alegada legalidad, ¿hay otros argumentos geopolíticos?
Sí. Hay al menos dos puntos paralelos que generan discusión popular. Uno que habla sobre la identidad de la región guanacasteca, y otro sobre lo que pasaría con la representación parlamentaria de las provincias de Puntarenas y de Guanacaste.
Sobre la primera, el director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, Carlos Murillo, enfatiza que la región guanacasteca tiene una construcción de la identidad muy fuerte, que difícilmente se visualiza en otras regiones, o provincias, del país.
“Hay una identidad guanacasteca, no quiero mencionar “provincia”, y dentro de esa identidad, hay identidades que podríamos llamar “de cantón”, pero es otro concepto que no quiero mencionar”, explica. “La gente de cada cantón tiene su propia identidad pero se sienten guanacastecos”, enfatiza.
Esta tesis tiene su respaldo en que los territorios peninsulares del sur se anexaron también al país en 1826, como parte del Partido de Nicoya. Esa historia les da un tiquete para sentirse guanacastecos y también a la provincia para sentir que deberían estar unidos.
«Yo creo que ahí es donde la parte judicial [el TCA] entra en un conflicto, porque la decisión trasciende las divisiones de distritos, cantones y provincias”, agrega Murillo, quien también reconoce el disenso entre la población.
Por ejemplo, el exalcalde de Puntarenas, Rafael Rodríguez, dijo en 2016 que como originario de la Península, podía afirmar que “esas tierras han sido autónomas a base del esfuerzo y del apoyo de Puntarenas”.
“Desde que tengo uso de razón, la península ha sido atendida por hombres y mujeres de Puntarenas, sin distingo de color político. Los guanacastecos solo buscan los votos de los peninsulares para elegir un diputado más”, añadió.
El funcionario del concejo municipal de distrito de Cóbano y miembro de la comisión para el cantonato, Ronny Montero, cree lo mismo.
La repercusión que tuvo eso [el decreto que los separó] en la península fue que Guanacaste nunca apoyó a los pueblos peninsulares. Nunca dijeron, ‘bueno, si por error o ilegalidad se le dieron en administración los distritos e islas, no queremos que se queden atrás en el desarrollo de lo que logra Guanacaste’”, debate Montero.
El alcalde de Nicoya no lo pone en duda: “No me cabe duda que con los pueblos peninsulares todos estamos en deuda. Están en deuda los guanacastecos y también los puntarenenses”, dijo Martínez, “pero los gobiernos locales actuales estamos queriendo ser parte de este compromiso de recuperación de los pueblos”.
Para Rodolfo Quesada, de la asociación que espera el resultado del TCA, es normal que hayan personas que no quieran regresar a Guanacaste, “pero la pertenencia a una u otra provincia no es un asunto de gustos y preferencias, es un asunto legal”, considera.
En cuanto al parlamento, en caso de que los territorios del sur de la península se unan nuevamente a Guanacaste, la provincia pasaría a tener una o un diputado más, para cinco en total. Puntarenas quedaría con cuatro representantes en la Asamblea Legislativa.
La incertidumbre es lo que prevalece en cuanto al destino de los territorios del sur de la península. Las corrientes son muchas, pero la mayoría coincide en lo determinante que resultará la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.
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