Con la cara cubierta y las manos esposadas, el alcalde de Nicoya, Marco Antonio Jiménez, salió detenido de la Municipalidad este martes 13 de junio a eso de las 10:30 a.m., tras un allanamiento de la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz.
Según informó la Fiscalía, la investigación se desarrolla por los supuestos delitos de peculado (malversación de fondos públicos), influencia en contra de la hacienda pública, nombramientos ilegales y fraude de ley, sin perjuicio de que aumenten conformen avanzan las diligencias de hoy.
También se allanaron los departamentos de Proveeduría, Recursos Humanos, Auditoría, despacho del alcalde, Secretaría de la Alcaldía, Departamento Zona Marítimo Terrestre, Legal e Ingeniería Municipal.
Los supuestos hechos delictivos ocurrieron entre el 2009 y hasta el 2017. La fiscalía también allanó la casa del exalcalde, de apellidos Gutiérrez Rosales, también sospechoso del delito de peculado o malversación de fondos.
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Según detalló la presidenta del Concejo Municipal, Karen Melissa Arrieta, los regidores desconocían las razones por las que se investiga al alcalde. Además, contó que desde las 9 a.m. fue alertada por la secretaria del Concejo de que las oficinas municipales estaban clausuradas y que ningún empleado podía trabajar.
“Todavía nosotros no conocemos bien los detalles de cuáles son las causas por las cuáles se investigan al alcalde”, dijo Arrieta.
Por su parte, Humberto Abadía, del departamento legal de la Municipalidad, explicó que no está autorizado para revelar información y solo están siguiendo las órdenes de la Fiscalía.
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Se intentó contactar al alcalde y a su vicealcaldesa Adriana Rodríguez vía telefónica pero no fue posible localizarlos.
De acuerdo con el Ministerio Público, Jiménez será presentado ante el Juzgado Penal de Hacienda, con sede en el II Circuito Judicial de San José, en horas de la tarde.
Los hechos
Según la fiscalía, estos son los hechos por los que arrestan hoy al alcalde:
-Fiestas patronales: cuando Jiménez fue presidente de la Comisión de Fiestas Patronales de Nicoya del 2009, supuestamente autorizó adjudicar a favor del entonces alcalde, Gutiérrez Rosales, los chinamos de las fiestas sin hacer un respectivo remate, lo cual habría afectado el patrimonio municipal.
-Zona Marítimo Terrestre: según la fiscalía, el funcionario era socio de una empresa a la que se le dio “prioridad” para concesionar un área de 40 hectáreas sobre zona marítimo terrestre en playa Barrigona de Sámara.
“Jiménez Muñoz habría indicado a la sociedad que la gestión era privilegiada, lo que le daría un derecho de prioridad para que se resolviera antes que cualquier otra petición; esto a pesar de que el funcionario era socio de dicha empresa”, indica el comunicado.
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-Cementerio de Nicoya: el departamento de proveeduría supuestamente le recomendó al Concejo de Nicoya que comprara un terreno que pertenecía a un tío de la asesora legal de la municipalidad, Karla Mora Benavides, para ubicar allí el nuevo cementerio.
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Supuestamente, las irregularidades fueron “orquestadas” por el alcalde, la asesora legal y un regidor municipal de apellidos Vargas Zúñiga. Además, la finca tenía tres procesos judiciales abiertos, estaba afectada por la Ley Forestal y no cumplía con lo estipulado en el Reglamento General de Cementerios.
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