Tamar tiene unos colochos rebeldes medio amarrados y un árbol de navidad que abraza con sus bracillos de tres años. Se mueve por la casa bailoteando sin ningún recelo mientras mira de reojo a su hermano, como si estuviera a punto de hacer una diablura. “Es un bicho”, me dice entre divertida y acongojada su mamá Dania, de 37 años.
Dania, dueña de un hígado graso y una obesidad que la obliga a caminar un poco renca, tiene también una risa contagiosa.
Viven en una casa de piso rojo y paredes sin pintar y ni un cinco en la bolsa para comprar comida “pero por lo menos tenemos techo”. Hace media hora estuvimos en el juzgado de familia de Liberia revisando el expediente que nos trajo a esta sala hoy, mientras afuera los rayos de octubre se estallan contra el pavimento.
Con el expediente, Dania quería demostrarme que todo lo que me contó los últimos días era verdad. Que hace cinco meses, un juez, el abogado de Leandro, su expareja y su propio abogado la presionaron para firmar su sentencia de pobreza extrema.
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La echó de la casa y le dijo que solo tenía derecho a llevarse su ropa / La despojó del negocio y la pulpería, que ella había ayudado a levantar / Se niega a suplir las necesidades básicas de ella y de sus hijos /Le puso una demanda para quitarle la pensión alimentaria a la bebé.
Este párrafo es parte de lo que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) de Guanacaste registró como casos de violencia patrimonial en un año. La Ley contra la violencia doméstica explica que una forma de agresión es cuando el victimario priva a su víctima de recursos económicos. Es una de las tantas expresiones “invisibles” que se revuelven en la espiral de la violencia de género.
Las víctimas suelen ser los eslabones más débiles de la cadena, como Dania: mujeres sin un salario, que dependen económicamente de sus parejas, que han vivido otros tipos de violencia.
Y aunque no siempre es así, la pobreza es un escenario bastante habitual: el 50% de las pensiones alimentarias en Guanacaste son de entre ¢50.000 y ¢100.000. Quitarle ese dinero a los hijos es una de las formas más frecuentes de violencia patrimonial contra las mujeres, confirma también el Observatorio de la Violencia de Género: “Estadísticamente está demostrado, que son mujeres quienes, en representación de sus hijas e hijos, acuden mayoritariamente en demanda de este derecho”, indica el sitio web.
Por esa dependencia hacia los recursos de la pareja, la directora del Inamu en Guanacaste, Mélida Carballo, dice que muchas mujeres no se atreven a salir de sus casas incluso cuando las están golpeando o agrediendo de otras formas. “Si se van, ¿con qué se mantienen ellas y sus hijos?”, comenta.
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Dania (quien nos permitió publicar su apellido, pero lo reservamos por respeto a su imagen y la de su hija) llegó diez minutos tarde a la audiencia del 27 de mayo del 2019. Se acuerda de que le dijeron todo muy rápido: que Leandro iba a pasar la casa a nombre de la niña, que ella sería la albacea o custodia de ese bien y que, a cambio de la casa, la niña no recibiría más la pensión que le habían aprobado hacía varios meses, de ¢90.000.
«Analizada que ha sido por las partes la posibilidad de un acuerdo conciliatorio, las mismas convienen en poner fin al proceso a través del instituto de la concilición y las siguientes cláusulas: 1. El señor se compromete a traspasar a nombre de la niña la propiedad, dando este inmueble en pago por adelantado de la pensión alimentaria en favor de la niña hasta que ella cumpla los 18 años». Transcripción de un extracto del acuerdo conciliatorio entre Dania y Leandro.
“Es que no sé”, repetía ella. “Yo no tengo trabajo, ni marido, ¿cómo voy a mantener yo a la niña?”. Dania recuerda que el juez le dijo algo como “¿Usted vino aquí a hacerme perder el tiempo para no aceptar el trato?”, y que el abogado que le puso el Estado le aconsejó que se acogiera al acuerdo: “Vea doña Dania, usted es nicaragüense y lleva las de perder”.
Si hurgáramos en su memoria, veríamos a Dania hace tres años años viviendo con Leandro y la madre de él en esta casa de piso rojo. Dania siempre limpiando, siempre diciéndole que se casaran. “Ya nos vamos a casar”, le diría él. Dania pidiéndole plata para ir a sacar la cédula de residencia. “Sí, la próxima quincena”, le repetiría él. Dania aclarándole a la familia de su pareja que sí, que la hija sí era de él.
Y si nos fuéramos un año y medio atrás, veríamos a Leandro obligándola a ella a tener relaciones sexuales forzadas a cambio del sustento del hogar, cuando él ya vivía con su otra pareja. “Y yo de tonta diciendo que sí”, se culparía a sí misma Dania, injustamente, mientras salía hacia Nicaragua, su país natal, en busca de auxilio clínico por una infección vaginal que le llegó a poner en carne viva “las partes” y de la cual ella culpa a Leandro.
Ahí estaría intacto el recuerdo de hace un año, cuando ella se negó a tener sexo con él y entonces él le dijo a varios vecinos que dejaría de darle dinero porque ella “tenía otro hombre”.
En los recuerdos de ella, y en el expediente, consta que Dania le puso una demanda por pensión alimenticia en octubre del 2018, temiendo que ya no recibiría la ayuda voluntaria. Leandro, que gana ¢340.000 en un hotel, quiso librarse de la pensión provisional alegando que ¢90.000 era demasiado dinero, que ella también tenía responsabilidad y que él estaba recibiendo un trato discriminatorio por tener que cargar con todo el peso de la manutención de la niña. Contrató un abogado privado para llevar estos alegatos al juzgado.
Consta también que un juez de apellido Rodríguez falló en contra de Leandro en esa ocasión:
Lo que resulta reprochable es que indica no tener capacidad de pago para cancelar ¢90.000 para su hija, pero pretende reservarse ¢220.000 para su manutención, lo cual resulta desproporcionado”.
El juez argumenta en el documento del cual La Voz de Guanacaste tiene copia, que ¢90.000 es un monto que cubre apenas las necesidades más elementales de la niña.
Pese al argumento demostrado en el expediente con pruebas, unos meses más tarde, el mismo juzgado de familia que defendía los derechos de la niña, presenciaría la firma de un acuerdo que dejó a Tamar con casa, pero sin comida.
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Se llevó el vehículo, que estaba a nombre de ella, y nunca lo devolvió /La obligó a pasar todos sus bienes a nombre de él en el proceso de divorcio / Hizo transferencias bancarias a su cuenta y la dejó con una deuda millonaria.
El Inamu también registra casos de violencia patrimonial contra mujeres que no viven en pobreza o que no dependen económicamente de su pareja. Los explica como una manifestación más del pensamiento machista en el que la mujer (y todo lo relacionado con ella) le pertenece al hombre: «si el cuerpo de la mujer le pertenece al esposo y compañero, con mucha más razón, las “cosas” que la mujer tiene», explica.
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Lo primero que hizo Liliana cuando “despertó” de la violencia fue comerse un bistec entero y tatuarse un ave fénix en el tobillo derecho.
“Él me decía ‘vos no comés carne, a vos no te gusta. Y yo duré años sin comerme un bistec entero”. Hace horas que estamos hablando, y esta es la primera vez que le veo los ojos humedecidos. Por pequeño que parezca, fue un acto de violencia patrimonial sostenido durante años por su exmarido, aunque en realidad nunca dejó de agredirla: solo cambiaba de método.
Cuando se casaron, no la dejaba salir de la casa ni para ir a visitar a la mamá. Cuando estaba embarazada, el 31 de diciembre del 1999, la golpeó tanto que ella se fue a dormir con el perro para que lo mordiera si se le acercaba. Durante años le dijo que estaba gorda y fea.
Los últimos ocho años, se dedicó a robarle dinero. Primero cuando iba al cajero con las tarjetas de ella: “Sacaba plata para mí y plata para él”. Luego cargando a sus tarjetas de crédito comida exprés en la que ella jamás gastaba, o Netflix, que ella no tenía idea para qué servía. Una vez le sustrajo de a pocos casi ¢6 millones en efectivo que Liliana tenía debajo del colchón, un préstamo que había sacado para invertir. Y hace poco llegó al colegio en el que trabaja ella y le dijo que, si no le firmaba un préstamo para aparecer como fiadora, él le armaría un escándalo.
Claro que Liliana, de haber estado “despierta” no hubiera firmado, me dice ahora. Claro que de haber entendido antes que estaba viviendo una agresión espantosa, lo hubiera dejado. Pero si ya la violencia que deja moretones es difícil de reconocer, la patrimonial se vuelve prácticamente invisible.
Ahora un 25% de su salario se va pagando las deudas que él le dejó. No tiene carro, no puede viajar aunque su salario se lo permitía antes. Pero lo más duro fue verse sin dinero para pagar el cuatrimestre de la universidad de su hija, luego del último robo que su ex pareja le hizo. Tuvo dos intentos fallidos de suicidio después de eso: la primera vez se tomó 25 pastillas para dormir (y durmió 48 horas), y la segunda vez aalistó todo para ahorcarse, pero se fue para el hospital cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo.
El paso final para salir del círculo de la violencia fue denunciarlo ante Fiscalía y OIJ. “Cuando lo hice, sentí que no había vuelta atrás”, dice.
“Yo desearía que las mujeres sepan que no es fácil hablar pero que cuando hablen siempre van a encontrar puertas abiertas”, agrega Liliana, que todavía sale a la calle con miedo, que va al gimnasio y cuando viene de regreso se mete en cada tienda que encuentra abierta para vencer la ansiedad.
Ella, profesional, sindicalista, defensora de derechos laborales, se pregunta: “¿Cómo permití tanto, si yo hasta me he echado a directores de colegio encima?”.
Cuando me despido me pide que por favor cuente sobre su tatuaje en este reportaje, para que las mujeres sepan que sí es posible superar la violencia. “Yo me siento como un ave Fénix. Todavía no he renacido de las cenizas, pero denme chance”.
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