Derechos Humanos, Especiales

Mujeres de Guanacaste enfrentan violencia y amenazas por sus aspiraciones políticas

Esta ilustración fue realizada por Shari Avendaño, de Venezuela. Es periodista de datos, fact-checker e ilustradora. Miembro de la Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking del medio digital venezolano Efecto Cocuyo. Amante de colores, cómics, viajes y dulces. Su cuenta de Instagram es @shariavendano
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Es lunes 27 de mayo del 2019, 6:02 p. m, y el reportero Daniel Dinarte crea una encuesta en su página de Facebook, Dinarte Noticias DN, para preguntar a sus seguidores por cuál de dos precandidatas a una alcaldía de Guanacaste, votarían. La encuesta incluye una foto de cada una y tiene 48 comentarios. 

«A una la conozco y es excelente, pero mejor no. Mejor tranquila, en su casa más bonita”, dice un hombre en los comentarios.

Y otro agrega: “Desaparecer a las dos sería lo más viable”. El exregidor de Santa Cruz por el Frente Amplio, Carlos Zapata, el periodista Dinarte y cinco personas más reaccionan con likes, risas y corazones a la propuesta.

Comentarios como esos, que amenazan a las mujeres aspirantes a un cargo, son parte de las muchas formas de violencia que enfrentan las políticas. Se denomina violencia política en razón de género, un término que nació cuando las mujeres empezaron a abrirse espacio en un campo históricamente de hombres, en el que han encontrado tratos y oportunidades desiguales.

 

Cuestionado por La Voz, Dinarte dice que el comentario lo hizo un amigo suyo y que no es extremo, sino sarcástico. Por eso, dice él, reaccionó con un “me divierte”.

Ese pensamiento extremo de los millennials y de los progres es lo que nos tiene así, pensando que todo es violencia y machismo. Es algo preocupante”, dice. “Ya no existen bromas, ya no existe el humor negro, ya no existe el sarcasmo”, agrega vía telefónica.

También quisimos entender la reacción del exregidor Zapata, enviándole una pregunta a través de Facebook, pero no contestó al cierre de la edición impresa de esta nota. 

Según las especialistas consultadas, estos hombres no las agreden por el color político, la trayectoria, ni las capacidades de las candidatas, sino porque son mujeres.

La socióloga del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Yensy Herrera, lo ejemplifica así: “Son comentarios que a los políticos no les van a hacer pero que sí les hacen a las ellas, como: ¿qué va a hacer con sus hijos? o ¿no le da miedo divorciarse?”. “Es clave reconocer que la violencia política existe y que el problema no es la persona, ni sus capacidades, sino el hecho de ser mujer”, agrega Herrera.

La violencia política por razones de género sucede también cuando los dirigentes de los partidos intimidan a una mujer electa por el pueblo para que renuncie a su cargo; o cuando un alcalde le asigna funciones básicas  —de secretaria o asistente— a una vicealcaldesa. Así lo ejemplifica la ley modelo para regular la violencia y acoso político, elaborada por la Comisión Interamericana de Mujeres, de la Organización de Estados Americanos.

Nos siguen viendo como invitadas a un lugar que entre comillas no es nuestro”, dice Herrera. “Por eso, en la violencia política de género hay una intención de limitar la participación de las mujeres en espacios políticos”, agrega.

En todo el mundo, solo Bolivia tiene una ley de acoso y violencia política contra las mujeres, aprobada en el 2012. Otros países, como México, crearon un protocolo para que las mujeres sepan qué hacer ante esas situaciones. Costa Rica no tiene ninguna normativa relacionada.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no utiliza el término “violencia política” porque no tiene siquiera un estatuto para definirlo, confirma el letrado Juan Luis Rivera. Cuando le presentan recursos de amparo electorales (figura utilizada para interponer denuncias relacionadas con cargos de elección popular), solo analiza si están privando a la funcionaria de su derecho a trabajar o no.

En el pasado intentaron crear normativas específicas, pero son solo eso: intentos. En los últimos dos periodos legislativos han surgido proyectos de ley que siguen estancados en la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

A la espera de una regulación, las mujeres políticas continúan sin herramientas claras de qué hacer cuando las amenazan en redes sociales o les asignan tareas que no concuerdan con su puesto. Exigir justicia es incluso más difícil para aquellas que no logran identificar que este es un tipo de violencia y que ellas son víctimas.

Esta ilustración fue realizada por Shari Avendaño, de Venezuela. Es periodista de datos, fact-checker e ilustradora. Miembro de la Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking del medio digital venezolano Efecto Cocuyo. Amante de colores, cómics, viajes y dulces. Su cuenta de Instagram es @shariavendano

Partidos políticos son primeros enemigos

Que un exregidor le haya dado “me gusta” a uno de los comentarios violentos contra las candidatas no es un caso aislado. Los mismos partidos políticos continúan teniendo tratos desiguales para hombres y mujeres. 

La exdiputada del Frente Amplio y ahora presidenta del Inamu, Patricia Mora, dice que ella misma se ha enfrentado a esa desigualdad. Recuerda, por ejemplo, cuando los eventos políticos de su partido se hacían en horarios propuestos por hombres. “Coincidían con la hora en que acostaba a las niñas o en que debía esperar un bus para que se las llevara para el colegio”, cuenta.

“Las mujeres no hemos tenido cabida en la política, hemos tenido que empujar puertas para lograr entrar”, agrega.

Empujar puertas, como dice Mora, ha permitido que al menos el TSE establezca algunas exigencias a los partidos, como la paridad y la alternancia en las candidaturas a la Asamblea Legislativa. Esto quiere decir que el 50% de las listas de candidatos deben ser hombres y el 50% mujeres (paridad), y que estén ordenados con la secuencia hombre-mujer o mujer-hombre (alternancia).

Pero eso no ha sido suficiente para lograr la igualdad. En febrero de este año, el TSE emitió una resolución con voto negativo de la magistrada Eugenia María Zamora indicando que no aplicaría las cuotas de paridad en las candidaturas a las alcaldías del 2020. 

La analista política e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), Marcela Piedra critica esa decisión. También señala que hay gente que critica esas cuotas de igualdad y dicen que las mujeres llegan a la política exclusivamente por ese mecanismo.

“No es así. Las mujeres llegan porque son ciudadanas, porque son el 50% de la población y porque tienen derecho”, dice enfáticamente. “Y la paridad ha sido el mecanismo para hacerlo justo”.

¿Y una vez en el poder? 

Cuando llegan a los puestos políticos de mando, las mujeres suelen encontrar un terreno árido. Dentro de las municipalidades, por ejemplo, hay compañeros que no les prestan atención cuando hablan, que las interrumpen o les apagan el micrófono durante los concejos municipales, según testimonios recolectados por la analista Piedra.

“Estando ahí, ejerciendo un cargo, hay que seguir dándose de codazos”, considera la actual regidora y candidata a la alcaldía de Liberia, Alejandra Larios. Ella misma ha sentido discriminación por actuaciones que nada tienen que ver con su partido político o con su trabajo como regidora.

En una reunión de comisión, por ejemplo, un ciudadano que llegó a exponer le entregó materiales a sus compañeros, todos hombres, pero a ella no. “Ni siquiera me volvió a ver durante su exposición”, cuenta Larios.

Ella le dijo a sus compañeros que no votaría por la propuesta, porque para el expositor ella no fue importante. Pero más allá de la queja, las políticas no tienen una ruta clara de cómo registrar los tratos discriminatorios y violentos. 

A veces no denunciamos por miedo, porque consideramos que eso no es violencia, que eso no es nada malo”, dice Larios.

Las vicealcaldesas también se enfrentan a la violencia política con frecuencia. La última reforma del Código Municipal planteó que las funciones de la vicealcaldía serían designadas por la alcaldía. “De manera simple una no pensó que fuera a generar mayor problema”, recuerda la experta del CIEP. Pero en la práctica empezaron a darse casos de acoso y violencia política hacia las vicealcaldesas.

“Les ponen funciones absurdas como verificar la hora de salida y llegada de los funcionarios, o no les dan computadoras ni recursos… y las presionan para que renuncien”, explica Piedra

Según Herrera, del Inamu, lo que buscan es expulsarlas de esos espacios y eso tiene un costo para todas: si solo tenemos hombres gobernando, no hay garantía de que las necesidades de las mujeres están atendiéndose.

“Si vamos a construir un parque, que tenga la iluminación suficiente para que las mujeres se sientan seguras. Que su construcción no solo sea en clave masculina”, agrega.

Un laberinto sin salida

El país ha registrado prácticamente los únicos casos de este tipo de violencia a través de los amparos electorales, en los que las políticas exponen que no están logrando desempeñar sus cargos. El Inamu las asesora cuando quieren interponerlos.

«Las denuncias son pocas con respecto a lo que las mujeres cuentan”, afirma Piedra.

Una de las pocas políticas que ha interpuesto amparos electorales es la alcaldesa de Santa Cruz, María Rosa López. 

Cuando era vicealcaldesa, López alegó que el alcalde le asignó una labor, pero no gente que le ayudara al desempeño de las funciones y que, además, hacía comentarios contra ella en redes sociales, como que la iba a “enviar al congelador”, sugiriendo que la dejaría sin funciones. El recurso se declaró sin lugar. “No hubo capacidad de investigar lo que estaba pasando”, considera López.

Ahora, como alcaldesa, dice que se ha enfrentado otras situaciones que, por falta de pruebas, no ha podido denunciar. 

“Un carro me persiguió y tuve que ingeniármelas para encontrar un lugar donde hubiera gente. Y a mí alguien me dijo después: ‘usted tenga cuidado, váyase un día por un camino y otro por otro’”, relata la santacruceña, convencida de que un grupo de opositores políticos querían que abandonara su cargo.

López era también una de las precandidatas retratadas en la publicación del reportero Daniel Dinarte, en Facebook. 

“Al no existir ley, tenemos un vacío. Ocupamos normas que definan responsabilidades”, dice contundente Herrera, del Inamu. 

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