El proyecto de ley que busca renovar la vieja legislación sobre agua en Costa Rica se quedó enredado en un laberinto legislativo que no superará la prueba al finalizar este Gobierno, dejando a Guanacaste huérfano de normativa en temas como la extracción ilegal y la contaminación del agua.
Las autoridades coinciden en que falta mucho camino por recorrer para contar con una legislación actualizada.
“Yo considero que no se va a aprobar en esta administración. Habrá que ver si en una próxima legislatura se retomará. Yo esperaría que sí”, comentó la presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Yamileth Astorga.
El proyecto surgió como iniciativa popular hace 17 años, pues desde entonces urgía cambiar la ley actual, que data de 1942. Ahora, otro proyecto está en su lugar, pues a la iniciativa original se le acabó el plazo máximo.
El problema de la normativa actual (la de 1942) es que no le da herramientas ni al AyA ni al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para sancionar los delitos contra los recursos hídricos. En este momento, los castigos son como una “palmadita en la espalda”, dijo el viceministro de Aguas y Mares, Fernando Mora.
Sector agrícola dice no
Las fuentes consultadas están de acuerdo en que la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria ha sido la principal detractora del proyecto. Ellos también lo aceptan: “Así como está la ley, los vamos a atacar durísimo”, dijo el presidente de la cámara, Juan Rafael Lizano.
Aunque Lizano reconoce que el proyecto nuevo es mejor que el de iniciativa popular, ya la cámara acumuló 16 observaciones contra el documento, para revisión de los diputados.
Según su postura, la ley afecta al agricultor y lo señala como “el responsable de todos los males del agua”.
La presidenta ejecutiva del AyA ha dicho, en entrevistas anteriores, que el riego agrícola es altamente ineficiente.
“El 75% del agua que hoy día se consume en el país, y también en Guanacaste, y que se extrae de los acuíferos, es para riego en la agricultura”, dijo Astorga.
Los agrícolas aseguran que un ejemplo de cómo la ley los afecta es el castigo por contaminación difusa —hasta de siete salarios base— establecido en el artículo 122 del proyecto, en el que se considera “difusa” a la contaminación que no tiene un punto claro de origen.
El director ejecutivo de la Cámara, Martín Calderón, explicó que la contaminación podría aparecer cerca de una propiedad sin que su dueño haya sido el responsable. “¿(Entonces) por qué se va a sancionar a esa persona?”, cuestionó Calderón.
Otros 16 cuestionamientos contra el proyecto se estancan ahora en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que seguramente los verá pasar de largo y los heredará a la próxima comisión.
Fuentes:
- Proyecto de ley No. 20.212.
- José Miguel Zeledón, director de la Dirección de Aguas del Minae
- Fernando Mora, viceministro de Aguas y Mares
- Esteban Monge Flores, Coordinador del Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de Cedarena.
Comentarios