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Familias guanacastecas siguen viviendo en zonas de riesgo desde Nate, ¿qué pasa con la prevención?

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Antonio Rodríguez regresó de la escuela a eso de las 2 p.m, tiró la bicicleta y se dirigió a la parte atrás de su casa en Bolsón de Santa Cruz. Desde una pequeña loma señaló el estero que corre literalmente al lado de la casa: “Ayer vimos un cocodrilo ahí. Es que el río subió mucho, pero esta vez no se salió tanto”, dijo cual vigilante rutinario de las crecidas.

A un año de la desastrosa tormenta Nate, que arrasó con parte de la vivienda de Antonio y de su abuela Ángela Jiménez, la familia sigue viviendo en el mismo sitio.

 

 

En octubre de este año, La Voz de Guanacaste recorrió cuatro comunidades de Santa Cruz y Nicoya afectadas por Nate: los barrios Hollywood y Santa Marta de Nosara o Estocolmo y Bolsón en Santa Cruz.

Comprobamos que muchas de las familias están exactamente en el mismo sitio de riesgo que el año pasado pese a que sus municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y los mismos vecinos saben que corren el mismo peligro de inundarse.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) realiza reuniones técnicas con instituciones para comunicarles las proyecciones del clima y diseñar hojas de ruta, pero aseguran que las municipalidades no asisten.

A todos los gobiernos locales se le giran invitaciones pero nunca tenemos asistencia de ellos”, dijo el investigador de climatología, Luis Fernando Alvarado.

Es una guerra avisada en la que los soldados más pobres lo pierden todo. Pero el enemigo acá no es una entidad concreta sino diversos actores que perpetúan el mismo problema: la carencia de planes preventivos.

Este puente colgante entre entre Barrio Estocolmo y El Cacao atraviesa el río En Medio.

Buena reacción, poca prevención

Las inundaciones no son un problema nuevo. Santa Cruz, Nicoya y la mayoría de cantones de la provincia han sido declarados en alerta roja por la CNE o en estado de emergencia por el Gobierno desde el huracán Mitch en 1998, pasando por Otto en el 2016 y por Nate en el 2017.

Como respuesta, cada municipalidad debería tener un plan regulador, un mapa de zonas de riesgo actualizado, una oficina de gestión de riesgos, y así podríamos seguir enumerando todo lo que los gobiernos locales deberían hacer, pero que no hacen por desconocimiento, falta de presupuesto o voluntad política.

La consultora en gestión de riesgos desde el 2009, María Fernanda Meneses, ha trabajado durante las emergencias en varias municipalidades del país, y fue enfática en que Costa Rica tiene la normativa para prevenir el riesgo, pero no la ejecuta. “Se les da la responsabilidad a los gobiernos locales, pero no necesariamente tienen las herramientas”, dijo.

Los planes reguladores son parte de esa normativa, pues definen en cuáles zonas se puede construir de forma segura. Los de Nicoya y Santa Cruz solo están diseñados para atender los distritos centrales de los cantones. Ambos se crearon en 1983 y solo Santa Cruz lo actualizó, por última vez, hace 24 años.

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