MECO habría pagado sobornos a Conavi para descalificar a Pedregal y asegurarse licitación de asfaltado en Nosara

En setiembre del 2020 el asfalto llegó a la Ruta 160 entre Garza y Nosara, en el cantón de Nicoya, tras dos décadas de promesas incumplidas y proyectos a medias tablas. La noticia marcó uno de los mayores logros de la comunidad nosareña, que enviaba al pasado los saltos en la carretera y el polvo blanco ceniza que teñía y enfermaba a cualquiera que la atravesara. 

Para un pueblo como Nosara, cuyos líderes comunitarios afirman que el Estado los descuidó por años, la esperanza del asfalto no solo significa una carretera bonita, sino el impulso a la economía local, una mejor calidad de vida y aún más importante, el respeto a los derechos humanos de sus pobladores. 

Ese asfalto que hoy podemos ver en los primeros diez kilómetros de la ruta está también involucrado en el caso Cochinilla, una de las investigaciones de corrupción más grandes de la historia de Costa Rica. La lista de imputados involucra a funcionarios públicos de varias instituciones y empresas privadas, incluyendo a Constructora MECO S.A., la encargada del asfalto de la Ruta.

En noviembre del 2019, la primera dama, Claudia Dobles, anunció en el salón comunal nosareño la creación de un tratamiento superficial y tres puentes de doble vía sobre la Ruta 160. Meses después, el mismo despacho informó que la Ruta recibiría un presupuesto de ¢1.092 millones para asfaltar la carretera y finalizar el proyecto de una vez por todas. 

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está investigando la primera intervención porque suponen que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) encubrió fallas de MECO en la mezcla usada en la obra. El segundo trabajo está siendo cuestionado debido a irregularidades graves en la adjudicación que benefició a la misma empresa.

De comprobarse los hechos, MECO habría dado sobornos como almuerzos, asesoría legal y regalos todavía no identificados a funcionarios del Conavi para no ser sancionados por los errores en los materiales y conseguir la contratación de la mezcla asfáltica en Nosara. 

Según el expediente judicial, al cual accedió La Voz, en esta licitación irregular están involucrados dos altos mandos del Conavi: la directora de Proveeduría Institucional, Carmen Madrigal, y el gerente de Adquisiciones y Finanzas, Carlos Solís. Por parte de MECO, las personas investigadas son Carlos Cerdas, su dueño; el gerente general, Abel Gónzalez; el gerente comercial, Alejandro Bolaños, y Tobías Arce, un contacto de confianza contratado por MECO para enlazarlos con los funcionarios públicos y generar facturas maquilladas para encubrir las dádivas. 

Antes de que conociéramos del caso de corrupción, las licitaciones abiertas para el Estado eran publicadas mediante un reglamento con las necesidades técnicas, financieras y materiales que necesita cumplir una empresa para realizar el proyecto en juego. A esto el Conavi le llama cartel de licitación. El reglamento de la Ley de Contratación Administrativa indica que las instituciones públicas no pueden agregar o restar requisitos después de su publicación. 

Posteriormente las empresas debían registrarse al concurso proponiendo un monto económico apegado al precio real del proyecto. Según la Ley, el Estado debe contratar a la empresa que cumpla todos los requisitos del concurso y que presente la oferta más barata. 

Un cartel diseñado para perder

En diciembre del 2019, el Conavi lanzó un cartel de licitación abierta para  transportar y colocar el asfalto en la Ruta 160, en Nosara. Según registros de la Contraloría General de la República (CGR), concursaron tres empresas: MECO, Constructora H.Solís y Quebradores Pedregal S.A., esta última con la propuesta de menor precio. 

Aunque Pedregal según el reglamento cumplía con el presupuesto, el Conavi consideró que no cumplía con todos los requisitos. 

El expediente relata que debido a una evidente relación de confianza, la directora de Proveeduría Institucional del Conavi, Carmen Madrigal, le dijo al gerente comercial de MECO, Alejandro Bolaños, que Pedregal era la mejor oferta para el concurso. Esta es información sensible y Madrigal no tenía autorización para difundirla. 

Las autoridades suponen que por eso, en enero del 2020, MECO envió al Conavi una carta donde acusaba a Pedregal de no contar con permisos de almacenamiento de hidrocarburos, una autorización que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) da para asegurar la calidad de la mezcla asfáltica. Posteriormente, el Conavi envió una consulta sobre la ausencia del permiso, argumentando que de no tenerlo, “no podían considerarlos más”.

Este permiso no era un requisito en el cartel de licitación del concurso. De hecho, las autoridades judiciales afirman en el expediente que es una “vieja técnica” para descalificar a otras empresas en los concursos del Estado.

Los investigadores enfatizan que este tipo de permisos son “demasiado específicos” e “imposibles de sacar en poco tiempo antes de la presentación de propuestas”, a menos que los participantes conozcan de previo y “por debajo” los requisitos.

El Conavi, entonces, no solo habría solicitado este permiso cuando ya conocía las ofertas de todos los participantes, sino que además exigió una autorización difícil de obtener. Estos cambios en la licitación, además, habrían sido acordados con MECO a cambio de sobornos.

Empresas como MECO siempre tenían una clara ventaja a otras empresas que compiten, dado que mucho tiempo antes les pasan por debajo los requisitos que van a pedir”, explica el expediente. 

El director ejecutivo de la Cámara de Constructores, Randall Murillo, concuerda con el dictamen de las autoridades. Para el experto, el cartel de licitación debe tener un conjunto de requisitos “razonables”, que entienda que algunos procesos son “imposibles” de sacar en 15 días y que, en muchas ocasiones, no tienen nada que ver con el proyecto. Para él, muchas de las licitaciones eran diseñadas para “desalentar a las empresas locales de participar”.

Murillo enfatiza, además, que aunque veamos la corrupción “en etapas avanzadas de los concursos”, el favorecimiento comienza desde el diseño de los requerimientos. 

Los diseñan hechos para ellos. Les conviene que empresas como MECO estén encargadas de las licitaciones, tanto como a las empresas les convenía tener a funcionarios corruptos a cargo de los proyectos”, señala.

De esa misma forma lo explica Larissa Álvarez, investigadora experta en política y corrupción del Observatorio de la Política Nacional (OPNA). La especialista sentencia que al impedir que otras constructoras ganen adjudicaciones a través de la manipulación de los carteles, el Estado estaría promoviendo un duopolio donde las empresas con poder son las que controlen los precios para las obras públicas. 

Pedregal respondió que el permiso ya estaba en trámite tres meses antes de que saliera la licitación y que según lo establecido por el Minae, iban a obtenerlo en febrero, mucho antes de comenzar la obra. La empresa también alegó que la oferta incluía el comprobante de solicitud de este permiso y la opción de utilizar una planta de terceros, por lo que para ellos la crítica de la competencia era irrelevante.

Según el departamento de prensa del Minae, en ese entonces la aprobación de los permisos de almacenamiento de hidrocarburos podían durar desde 1 a 15 meses, dependiendo si los solicitantes enviaban todos los requisitos completos. 

En agosto del 2020 este proceso tuvo unas modificaciones que le exigía al Ministerio entregar los permisos en el plazo de un mes natural. Aún así, Pedregal recibió el permiso de la planta ubicada en Nicoya hasta el 13 de enero del 2021, 7 días antes de que terminara el asfaltado de la ruta.

La Voz solicitó los expedientes de petición y autorización de este tipo de permiso para MECO, H.Solís y Pedregal. Hasta la publicación de esta nota no nos los entregaron.

“Un supuesto falso”

En marzo del 2020, la funcionaria del Conavi Carmen Madrigal asistió a un almuerzo privado con Bolaños, gerente comercial de MECO, y Tobías Arce, un intermediario contratado por MECO que tenía conexiones dentro de las instituciones públicas, para conversar otras vías para favorecer a la empresa dentro del concurso. 

En esa ocasión, Bolaños y Arce acordaron pagar el almuerzo de Madrigal y darle “un regalito”, que fue previamente autorizado por el dueño de MECO, Carlos Cerdas. Hasta la fecha, el OIJ desconoce de qué consistía la dádiva. 

El expediente enfatiza que MECO tenía una desventaja: solicitaba un presupuesto de ¢1.092 millones ($1,764,000), 12% más alto en comparación con Pedregal (¢975 millones). Si el Poder Judicial logra comprobar las irregularidades, Costa Rica habría pagado ¢117.333 millones (unos $189.500) de más para asfaltar la Ruta.

Un mes después del almuerzo, en marzo, Bolaños contactó a Madrigal nuevamente para que hiciera presión a las otras capacidades del Conavi para reevaluar el concurso y favorecer a su empresa, anota el expediente. 

A cambio, ella solicitó ayuda legal para regularizar el estatus migratorio de su empleada doméstica, de nacionalidad salvadoreña y cuyo documento de identificación DIMEX estaba a punto de vencer. El OIJ no logró comprobar si este trámite fue realizado.

Días después, el 16 de marzo, el gerente general de MECO, Abel González, tuvo una llamada con el gerente de Adquisiciones y Finanzas del Conavi, Carlos Solís. Ambos gerentes acuerdan salir a almorzar y buscar otra “razón” para quitar del camino a Pedregal: que la empresa no contaba “con planta y tenía falta de equipo”.

El 18 de marzo, Carlos Solís de Conavi recomendó que la institución descalificara a Pedregal porque había presentado una línea de crédito y los otros dos candidatos no. Además, mencionó la falta de equipos propios que tenía la constructora. 

El experto de la Cámara de Constructores, Randall Murillo, sentencia que si el cartel de licitación no solicita que las empresas deban usar maquinaria propia, el Conavi no puede descalificar una oferta por eso. 

En la oferta, Pedregal proponía una línea de crédito para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Según el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, esto es suficiente para calificar a Pedregal con capacidad financiera, uno de los aspectos necesarios para ganar una licitación. 

Según la Ley, Pedregal contaba con 10 días para apelar la decisión del Conavi ante el gerente de Adquisiciones y Finanzas del Conavi, Carlos Solís. Aunque la empresa sí realizó la apelación, aclarando que no era cierto que carecían de equipos o de capacidad financiera, Solís nunca les respondió.

Por esta razón Pedregal acudió a la Contraloría para exponer su caso. En el expediente de la apelación argumentan que en el cartel nunca mencionaron que los equipos para el asfaltado debían ser propios, como lo hizo parecer la recomendación de Solís – evaluación que los eliminó finalmente de la competencia. También reclamaron el “falso supuesto” de su estado financiero. 

En entrevista con La Voz de Guanacaste, el responsable de contrataciones estatales en Pedregal, Josué Jiménez Quirós, afirmó que esa acusación era “simplemente falsa”. Aunque la corporación empresarial sí contaba con embargos, la afectada era otra empresa del grupo y no la de construcciones.

Se nos aplicó una evaluación financiera bajo un supuesto equivocado”, lamenta el coordinador.

Ante la apelación, la Contraloría omitió el compromiso de Pedregal de usar una planta de terceros o la acusación de problemas económicos. En cambio, rectificó la decisión del Conavi de elegir a MECO como adjudicatario de la licitación, ya que Pedregal habría incumplido al no “aportar las pruebas de los requisitos solicitados” en el momento de la oferta.

Lea más: Pedregal: posibles actos contrarios a la ley explicarían por qué no hemos ganado algunos concursos públicos

Después de las apelaciones, MECO logró conseguir la licitación del proyecto de la Ruta 160. Según datos de Casa Presidencial, los trabajos comenzaron a finales de setiembre del 2020 y finalizaron el 20 de enero de este año. 

MECO afirmó cometer errores en la Ruta 160

MECO también estuvo a cargo del tratamiento superficial y la creación de tres puentes de doble vía sobre la Ruta 160, anunciados por la primera dama, Claudia Dobles, en noviembre del 2019. La obra duró unos 6 meses, entre noviembre del 2019 y junio del 2020. 

Según el expediente del OIJ, en febrero del año pasado el gerente general de MECO, Abel González, expresó mediante una llamada a un colega no identificado estar preocupado por el proyecto en Nosara, pues “había presentado un caso especial” donde la planta usada reportó fallas que afectaban la mezcla, produciendo material de menor calidad. 

Además, en otra llamada con el ingeniero de MECO, Sául Zamora, Bolaños dijo que sus trabajadores habían conversado con funcionarios del Conavi, como Carlos Solís, y con parte de la consultora de ingenieros encargados de supervisar la obra, LGC Ingeniería, para liberarse de “castigos” por los errores cometidos no solo en la Ruta 160, sino en otras rutas de San Carlos y San José.

En esa misma llamada Zamora afirma que la mezcla de la capa superficial ya había sido regularizada y “no presentaba más problemas”. Por lo tanto era esencial ocultar el error anterior. El mismo Bolaños señaló en esa llamada:

Estamos cerrando el mes de febrero con cero castigos de todo lado”.

 

Un golpe a la democracia 

Para Camila Salazar, la jefa de análisis de datos de la organización Open Contracting Partnership, este caso ejemplifica “comportamientos básicos de la corrupción dentro de las contrataciones públicas”. La experta afirma que aspectos como la manipulación de licitaciones y el favorecimiento ilícito de empresas en los concursos son patrones que de no ser tratados, tienden a repetirse constantemente.

Salazar enfatiza que estos vicios comunes en la industria de las constructoras al final afectan a la población más vulnerable, pues al manipular las licitaciones el Estado no puede garantizar que los materiales usados para la carretera sufran de problemas en el futuro. 

Para Larissa Álvarez, investigadora del OPNA, el caso Cochinilla era una sombrilla de complicidad con empresas y funcionarios corruptos que les permitía controlar las obras del país. Esa complicidad que hacía al Estado gastar más fondos, al final, afectan a los financiamientos de otras obras que pudieron realizarse con el dinero usado por las empresas. 

Ellas (las constructoras) son las que controlan el precio y el país está obligado a asumir precios que no pueden costear y que lo van a dejar endeudado, y van creando una desigualdad no solo en las constructoras sino en Costa Rica”, sentencia Álvarez. 

En esto está de acuerdo Randall Murillo, de la Cámara de Constructoras. Para él las empresas constructoras con irregularidades comienzan a determinar cuál es el valor de los proyectos que realizan, cuando es un rol que debe asumir el Estado. 

Al final esto daña a la gente. El Gobierno pudo ahorrar esa plata para otros presupuestos de calles, para más kilómetros de asfalto u otros proyectos de la zona. El más afectado es el costarricense”. 

Para él, las empresas constructoras violan el derecho a la libre competencia, llevando a la quiebra a empresas locales y quitando oportunidad a firmas internacionales de venir al país y generar más empleos. 

Cambio para las licitaciones

Los expertos coinciden en que el caso Cochinilla será un precedente para transparentar estos procesos y eliminar portillos que permitan este tipo de irregularidades.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), por ejemplo, afirmó que si el Poder Judicial comprueba la culpabilidad de las empresas, éstas no podrán volver a concursar en proyectos de infraestructura vial de los países ligados a las Naciones Unidas. 

No obstante, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) declaró a La Voz que el caso no influirá en la relación que la institución tiene con el Gobierno de Costa Rica. 

Creemos en la institucionalidad de Costa Rica y confiamos que con este particular se llevará a cabo el debido proceso de manera que las autoridades lleguen al fondo del mismo. Mientras tanto, seguimos trabajando de la mano con nuestro socio fundador”. 

Por su parte, el actual ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, sentenció el 24 de junio que su institución no volverá a extender contratos de obra pública a ninguna de las empresas señaladas. También informó que cambiarán la forma en que el ministerio da sus licitaciones.

Actualmente todos los acusados involucrados en la Ruta 160 están en libertad condicional. Carlos Cerdas, el dueño de MECO, entregó un certificado de depósito por $5 millones como fianza.