Al menos cuatro negocios ubicados frente a la playa en Sámara están considerando despedir parte de su personal. Uno de ellos ya recortó algunos de sus saloneros.
El 15 de junio y el 1 de julio, la Municipalidad de Nicoya notificó a nueve negocios (seis restaurantes, dos hoteles y una escuela de surf) que debían retirar las mesas, sillas, toldos y otros objetos que tenían en la playa. Eso, creen, reducirá su aforo, sus ingresos y capacidad de sostener sus restaurantes como operan actualmente.
En el oficio, la institución dio un plazo de cinco días hábiles para efectuar los desalojos. Hasta el momento, los comerciantes aún mantienen sillas, mesas y sombrillas. Algunos quitaron las sillas de playa ubicadas en la arena como una “muestra de compromiso” para trabajar en conjunto a la muni.
Tras las cartas, los negocios interpusieron conjuntamente un recurso de revocatoria a la municipalidad, solicitando que la institución considere alquilarles el espacio público para que logren permanecer en la playa. Así lo aseguró a La Voz el socio de Gusto Beach, Simone Passaredi y la coordinadora del departamento de Zona Marítimo Terrestre del gobierno local, Vivian Leal. La muni no ha respondido el recurso.
El gobierno local tomó esta decisión en acato a una resolución de la Sala Constitucional. Un vecino de Sámara interpuso un recurso amparo contra la municipalidad por la ocupación de negocios en la playa. La Sala concluyó que la institución debía desalojar a todos aquellos negocios y particulares que, sin permisos precarios o de otro tipo, mantenían construcciones y objetos privados dentro del área pública de la playa.
La resolución indicó que debía cumplirse el artículo 22 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que establece que no debe haber ningún objeto en el límite de los mojones. Los mojones son postes de piedra que marcan los primeros 50 metros de la playa a partir de la altura máxima de la marea. La mayoría de límites fueron establecidos en 1998 y no han sido actualizados desde entonces, a pesar de las alteraciones en el nivel del mar.
Todos los administradores de locales entrevistados por La Voz admiten saber que están invadiendo la zona pública de la playa. Aún así piden que la muni considere trabajar con ellos para crear compromisos a favor de la comunidad, que les permita mantenerse en la zona y no despedir a sus actuales empleados.
Según la encargada de Zona Marítimo Terrestre Vivian Leal los negocios que incumplan se exponen a “un procedimiento para cancelar la concesión o elevar a instancias judiciales”.
Leal también dijo a La Voz que en el segundo semestre del año tomarán las mismas acciones en Nosara. “Para determinar los locales y su cantidad, deberá realizarse una inspección de campo y ubicarlos”, mencionó.
Alegan que desalojo afecta ingresos
Algunos comercios estiman que el retiro de los objetos significaría reducir 80% de su aforo actual y una reducción similar en los ingresos que perciben mensualmente. El hotel y restaurante Locanda, por ejemplo, sólo podría usar dos de las mesas que están dentro del local, 12 menos de las que manejan actualmente.
“El negocio como tal es afectado, pero más que todo los empleados. En este caso nosotros tenemos que despedir a 20 empleados. (…) Si no hay restaurante, ellos tendrán que irse a la casa”, afirmó la responsable de gerencia del restaurante Locanda, Jessica López.
Ese es el mismo escenario para El Ancla, Lo que Hay Beach y Gusto Beach, todos ubicados parcialmente desde hace años sobre el área pública de la zona marítima terrestre.
El Ancla, un restaurante de comida típica costarricense, solo podría mantener cuatro de las diez mesas que en este momento atienden. Según la administradora Katia Valencia, ella sabía que era un riesgo inminente desde que inició sus labores en el restaurante hace cinco años.
Valencia relata que desde entonces los dueños del local han intentado obtener permisos legales del gobierno local, pero cree que el gobierno local pasado no tenía “voluntad” para poner en regla la situación y en el actual hay problemas de comunicación con los comerciantes.
La administradora dice que ante la falta de acciones coordinadas con la muni, intenta que su negocio no sea “un estorbo” para que las y los ciudadanos del pueblo disfruten de la playa: hay acceso libre de la calle hacia la playa por el local, permite el uso de duchas y baños, y quita la música del restaurante cuando grupos de turistas llevan sus propios parlantes.
Aún así el restaurante deberá despedir a una cantidad indefinida de trabajadores al momento de desalojar los metros de espacio público que mantiene ocupados.
“No creo que (el desalojo) esté bien planeado, porque si a mí me cortan salón, tengo que recortar personal. No hay forma de que recibamos la misma entrada de ingresos para mantener a todos sin las suficientes mesas”, dice Valencia.
En el caso de Lo Que Hay Beach ya retiraron todas las sillas playeras y varias mesas que tenían ubicadas en la playa, pero todavía mantienen unas ocho mesas y otras infraestructuras de decoración sobre la arena. Los recortes obligaron a que la administración despidiera a cinco meseros y le recortara horarios a otros.
“Son tiempos muy difíciles, nosotros quitamos algunas mesas y por lo tanto tuvimos que dejar ir a algunos saloneros. Nos cuesta mucho, pero es que no sabemos qué hacer. Yo lo que pido es más tiempo, que nos dejen ver cómo resolvemos”, aseguró el dueño del local, Eric Bonnot.
Los comerciantes retiraron algunas de las sillas playeras como una “muestra de compromiso” para trabajar en conjunto a la muni, pero todavía no retiran las mesas afuera de sus negocios. Foto: Yamlek Mojica
Normativas le permitirían a muni dar permisos
Actualmente no hay un reglamento que especifique las condiciones de uso de espacios públicos sobre la zona marítimo terrestre de las playas de Nicoya. La Ley de Zona Marítimo Terrestre específica que en la zona pública de la playa “no se permitirá ningún tipo de desarrollo”.
El abogado especialista en derecho administrativo y ambiental, Walter Brenes, dijo que sí hay una forma en que la municipalidad puede otorgar permisos de uso dentro de estos espacios públicos.
El artículo 154 de la Ley General de Administración Pública permite que las municipalidades otorguen permisos precarios para que los negocios usen el área pública de un cantón. Esto significa que un comercio puede colocar objetos dentro del espacio público, pero no puede mantenerlos todo el día, no tiene derechos de usos exclusivos, no puede construir ahí y la municipalidad puede revocar esa autorización en cualquier momento.
Algunas municipalidades han implementado ese artículo para dar una solución a negocios cuyo atractivo es tener parte de las mesas en las zonas públicas del cantón. La Municipalidad de Garabito, por ejemplo, reglamentó en el 2017 el uso del suelo dentro del área pública de la ZMT. En el 2021 la Municipalidad de Curridabat hizo un reglamento específico para dar permisos municipales bajo este artículo.
“Lo recomendable es que los concejos municipales emitan una reglamentación. Hay que regular, por ejemplo, que no todas las mesas estén en la zona pública o que no impidan el acceso a la playa para el resto de personas”, comentó el experto.
Por su parte, el síndico de la comunidad, Bonifacio Díaz, afirmó que “no puede hacer nada” para abogar por los comerciantes y explicó que de su parte no habrá ningún movimiento para conseguir los permisos precarios.
Díaz sentenció que dentro de la zona marítima del distrito hay “situaciones más graves” en las que está enfocado, como soluciones para las familias desalojadas y comerciantes ambulantes en la entrada de la playa.
“Qué pena, pero es que la ley es clara. Ellos pueden apelar si quieren, pero están infringiendo la ley. Lo siento mucho, no puedo hacer nada como síndico. No es justo que unos sí y otros no”, dijo el líder comunal.
El síndico más bien aplaudió a la municipalidad por trabajar en la recuperación de la zona pública y afirmó que los negocios deberían buscar formas para no despedir al personal afectado.
“Como síndico he recibido quejas de que esos restaurantes acaparan la playa, y son cosas que ni debería de opinar porque la ley es clara. (…) Para mí eso no es motivo de despido de los empleados, podrían buscar formas de ajustarse sin acaparar la playa”, apuntó.
Los restaurantes afirman que desde hace más de cinco años han intentado negociar con la Municipalidad de Nicoya para ocupar el espacio de la zona pública de la playa. Foto: Yamlek Mojica
Posible proyecto de ley
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó el 30 de mayo un proyecto de ley que modifica el uso comercial dentro de los 50 metros de la ZMT y que intenta regularizar la permanencia de esas mesas y sillas para los negocios ubicados en las playas del país.
El proyecto pretende estandarizar para todas las costas del país los requisitos, derechos y obligaciones que deben cumplir los negocios para obtener los permisos precarios dentro de la zona pública. La diputada guanacasteca de ese partido Melina Ajoy presentó el proyecto a la municipalidad y los negocios samareños el pasado 9 de julio.
Durante la sesión del concejo municipal, el alcalde de Nicoya Carlos Armando Martínez afirmó que la municipalidad podría apoyar la propuesta, pero que todavía la propuesta sigue “en etapa de presentación”.
“Estamos dispuestos a apoyar esta gestión. Ahora, es una propuesta de ley, apenas está en una etapa de presentación. Aún así a mí me pareció muy válido escuchar la propuesta”, dijo el jerarca en la sesión.
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