La Municipalidad de Santa Cruz decidió volverse parte del proceso penal contra la alcaldesa del cantón, María Rosa López, por haber recibido un plus salarial que no le correspondía.
El 1 de febrero pasado, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz comunicó su acusación formal contra López y contra el exalcalde del cantón Jorge Chavarría Cantillo, por haber aprobado ese pago.
En términos judiciales, estos delitos se llaman enriquecimiento ilícito, legislación en provecho propio e influencia en contra de la hacienda pública.
En la sesión del concejo municipal, López decidió no referirse a los procesos que iniciará el gobierno local.
Óscar Guevara, asesor legal del concejo municipal, explicó que la municipalidad tiene el derecho de decidir si quiere o no participar en el proceso. La forma en que la muni lo hará será mediante una querella, que consiste en una declaración o acusación por escrito que el gobierno local presentará ante un juez.
La asesoría jurídica de la municipalidad deberá redactar el documento. Por el momento, lo que contendrá esa declaración aún está por definirse.
Iván Ramírez, primer vicealcalde de Santa Cruz, agregó que la querella lo que busca es acusar a los investigados para que se aplique una sanción penal: que los suspendan del cargo o que vayan a prisión.
Además, la municipalidad decidió interponer una acción civil resarcitoria, que permitiría al municipio cobrar el dinero de vuelta.
La Fiscalía acusó a López por aparentemente haber recibido más de ¢84 millones de forma ilegal, por concepto del rubro salarial de prohibición, que corresponde a un monto del 65% adicional al salario base. La muni le giró este plus entre febrero del 2011 y mayo del 2015, cuando la imputada fungía como vicealcaldesa.
Para que López recibiera ese porcentaje extra, el 16 de febrero del 2011 el entonces alcalde Jorge Chavarría ordenó el pago por concepto de prohibición.
La municipalidad tiene que analizar cómo fue afectada y cuantificar esos daños. La acción civil permitiría a la muni recuperar ese dinero girado de más”, comentó Ramírez.
Ambos documentos tendrán que contar con la firma del segundo vicealcalde, Jonal Santana, para que tengan legitimidad, pues María Rosa López no puede firmar como representante legal de la municipalidad por ser la demandada y Ramírez prefirió no firmar porque había sido abogado del ex alcalde Chavarría.
“El segundo vicealcalde está obligado por ley a firmar, la única excepción es que haya renunciado, y él no ha renunciado, entonces tiene que asumir la representación legal. Sólo tiene que firmar los documentos”, explicó Ramírez.
La municipalidad ya había interpuesto otra denuncia contra López, en junio del 2017, por el cobro del plus salarial. En esa ocasión lo hizo ante otro órgano, el Tribunal Contencioso Administrativo, y la investigación sigue en curso.
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