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Fuerza Pública incumplió promesas para atender agresiones sexuales en Nosara

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En enero del 2022, el director nacional de la Policía Turística de la Fuerza Pública, Fulvio Fernández, se reunió con la Kolectiva Mujeres Unidas Nosara para entender la crisis de agresiones sexuales en Nosara. La Voz de Guanacaste había revelado estos abusos en octubre del 2021 con la guía del colectivo de mujeres. 

Esa vez, relatan las activistas, el capitán escuchó sus preocupaciones y exigencias. Fernández aceptó que había una crisis de delitos sexuales, pero defendió los protocolos con los que trabaja la policía turística y la atención que su equipo hace en costas como la nosareña, según cuentas varias de las asistentes.

Según las mujeres del colectivo, Fernández les prometió tres cosas: 

  • Mayor monitoreo en “zonas claves”.
  • Trabajo en conjunto con el cuerpo médico de Nosara para atender a las víctimas.
  • Capacitación de su personal en temas de género.  

El director general de Fuerza Pública, Daniel Calderón, confirmó a La Voz de Guanacaste que sostuvieron este encuentro después de las denuncias. También reconoció que en la reunión realizaron compromisos para incidir en la crisis de delitos sexuales. Calderón se refirió a la reunión como “un primer acercamiento” al problema en esa costa del pacífico.

La colectiva, sin embargo, no ha visto cambios desde entonces.

Después de esa reunión estuvimos en contacto, insistiendo, pero él (Fulvio Fernández) nunca volvió. Nunca nos contactaron para las capacitaciones. Meses después volvimos a escuchar de otro caso de intento de violación”, cuenta una de las activistas, quien solicitó no revelar su identidad. 

Este medio intentó conversar con Fernández para saber por qué no ha iniciado con los proyectos prometidos, sin embargo no recibimos respuesta al cierre de este reportaje. Omar Granados, jefe de policía en Nosara estaba de vacaciones y Nixon Salas, jefe de la delegación en Nicoya declinó la entrevista por orden de sus superiores. 

La Voz de Guanacaste entrevistó a Calderón y al director regional de Fuerza Pública para Guanacaste, Pablo Bertozzi, para conocer qué han implementado en sus departamentos para prevenir y atender casos de violencia sexual en las costas de ese distrito. 

Este medio también conversó con activistas y especialistas para entender, desde sus visiones, cuáles son los desafíos de las autoridades para atender esta problemática.

Un largo camino

Desde antes de las denuncias, la estación policial de Nosara acata el protocolo de 72 horas para la atención de las víctimas de violencia sexual en los tres días tras el hecho. Esto quiere decir que si una víctima llega a la delegación de Nosara o llama al 911, el cuerpo policial debe resguardar la evidencia del caso hasta que lleguen los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y coordinar con cuerpos médicos la estabilidad física y emocional de la víctima. 

No obstante, los datos del OIJ revelan que muy pocas víctimas denuncian la agresión en el tiempo indicado por el protocolo. Muchas nunca llegan a hacerlo. De hecho, en los últimos tres años solo 5 mujeres denunciaron su agresión ante la policía del distrito; 3 de ellas lo hicieron en 2021. 

El OIJ asegura que el Ministerio Público podría tener más denuncias relacionadas a estos delitos en el cantón, de mujeres que fueron directamente a la Fiscalía a exponer sus casos. La Voz solicitó estos datos al ministerio, pero no los proporcionaron al cierre de esta publicación.

Protesta organizada por Kolectiva Mujeres Unidas Nosara el 8 de marzo del 2022. Uno de los temas prioritarios para marchar eran las agresiones sexuales en la costa del distrito.

Solo una de las sobrevivientes de los casos revelados mantiene un proceso legal abierto. La mujer interpuso la denuncia varias semanas después de que pasó la violación, pues necesitaba recuperarse emocionalmente antes de hacerlo. 

En ese entonces contaba que para ella, el proceso había sido revictimizante y “emocionalmente agobiante”. La sobreviviente relató a La Voz para el reportaje anterior que tuvo que viajar a al menos tres delegaciones y afirmó que varios funcionarios hicieron comentarios ofensivos culpándola de la violación. 

Calderón aseguró que la Fuerza Pública ha detectado que la mayoría de personas en las zonas costeras desconocen los protocolos de la institución. Por esa razón, dijo, están trabajando en crear campañas para familiarizar a habitantes y empresarios de zonas turísticas sobre este tipo de protocolos. 

El OIJ está investigando cada caso individualmente y cada uno está en diferentes niveles de avance. Declinaron comentar más detalles porque la etapa de investigación es privada. No obstante, Calderón confirmó que al menos la Fuerza Pública está trabajando en crear perfiles de potenciales victimarios.  También analizan qué población está más vulnerable y qué espacios frecuentan tanto víctimas como atacantes. De esa forma podrían redirigir más estratégicamente sus recursos.

El director también aceptó que la mayoría de los funcionarios de Fuerza Pública carecen de sensibilidad en temas de género, pero no ofreció ninguna solución puntual para Guanacaste.  

Las heridas que deja una situación como esta a nivel emocional y psicológico son profundas. Es muy valioso que la primera atención que le dé la policía sea integral porque puede determinar toda la investigación”, admite el director.

Fuerza Pública está trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) para dar talleres a sus funcionarios en temas de género y violencia sexual. Ya capacitaron a al menos 60 policías de Limón, tras los casos de violencia sexual en esa provincia.  La Región Chorotega no está incluida aún en las capacitaciones. 

¿Qué ha cambiado en Nosara?

La respuesta sencilla es: prácticamente nada. El director regional de la Fuerza Pública en Guanacaste, Pablo Bertozzi, justificó los nulos cambios en la falta de presupuesto que sufre su unidad. Bertozzi explicó que no tienen dinero para nuevas plazas para Nosara (ni para el resto de Guanacaste) y tampoco pueden aumentar los patrullajes debido a la falta de gasolina. Agregó que la seguridad sólo puede mejorar hasta que el Ejecutivo conceda más presupuesto para este tipo de operativos.

El funcionario dijo que aunque sus equipos están trabajando “lo mejor que pueden” para prevenir delitos de agresiones sexuales, las turistas tampoco están siendo muy “cuidadosas” para evitarlas.

Hay que reforzar más los conceptos de la seguridad, hacer entender a la gente, a los turistas nacionales, a nuestros turistas extranjeros, que no pueden simplemente tirarse por las calles y por las playas y por los recovecos pensando que nada va a ocurrir, porque eso no es así. Pueden ocurrir cosas”, dijo el director.

Este medio cuestionó al jerarca si estaba afirmando que la responsabilidad de los delitos sexuales la debían asumir las víctimas. Bertozzi se retractó y aseguró que no estaba culpabilizándolas. También dijo que no cree que su equipo haga mal su trabajo, pero sí considera que “todos y todas deben poner de su parte ante la seguridad pública”.

Para la abogada experta en Derechos Humanos y género, Larissa Arroyo, las declaraciones del funcionario son “lamentables” y cree que es consecuencia de falta de sensibilización dentro de las fuerzas policiales.

El tema aquí no es que las turistas vengan creyendo que van a estar seguras en Costa Rica. El problema es que no somos una zona segura para ellas y que el Estado no está haciendo nada para evitarlo”, afirmó la experta.

El Estado costarricense falla en atender a las víctimas

Calderón cree que la Fuerza Pública sí está capacitada para abordar delitos sexuales, pues sí saben ejecutar el protocolo de las 72 horas desde su entrenamiento. El problema reside, según él, en que ese procedimiento no contempla cómo ayudar emocionalmente a las víctimas. 

Para llevarlo a cabo, la Fuerza Pública o el OIJ trabajan en conjunto con instituciones como 911, Salud, PANI e Inamu para preservar la salud física y emocional de la víctima en las primeras 72 horas de la agresión sexual o incluso después de ese tiempo. 

Estos momentos son claves para atender integralmente a la víctima en su salud mental y física, para prevenir embarazos, infecciones de transmisión sexual y hasta el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH). Con este programa, también recolectan lo antes posible toda la evidencia para comenzar las investigaciones pertinentes de los casos. 

Generalmente Fuerza Pública es la primera institución que atiende a la víctima y los policías son los responsables de resguardar la escena del crimen para los agentes del OIJ. 

«Nosotros nos concentramos mucho en darle la parte jurídica (a la víctima), que es lo que tiene que ver con el protocolo (de 72 horas). Los nuevos talleres (a funcionarios) específicamente van a que el agente no se convierta en un ente revictimizante. Y según los relatos que hemos visto (en casos de agresiones sexuales), es ahí donde nos falta trabajo”, reconoció Calderón.

La Jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Jeannette Arias Meza, afirmó en una entrevista previa a La Voz que, desde su inicio en el 2011, han tenido que hacer ajustes al protocolo.

(La víctima) tenía que dar una declaración a la policía administrativa, una declaración con el OIJ, una declaración de la Fiscalía, una declaración con el médico forense y así nueve entrevistas prácticamente”, aseguró la experta.

 

Por esto, el protocolo tuvo una reestructuración para reducir las veces que la víctima da su testimonio e interactúa con las autoridades. 

Las mujeres reclamaban mayor atención para la prevención de agresiones sexuales en las zonas turísticas de Nosara.

Para Larissa Arroyo, la abogada experta en género, todo el proceso de denuncia en Costa Rica cansa a las víctimas y las desanima a iniciar o seguir con el proceso judicial. De hecho, otra de las sobrevivientes que denunció su caso a La Voz de Guanacaste intentó interponer la denuncia ante la policía, pero la cantidad de procedimientos y pasos a seguir provocó que desistiera de seguir con la acusación y saliera del país.

«Todo el proceso tal y como está diseñado actualmente, es complicadísimo y está mal diseñado. No le dan seguridad a las víctimas. Una mujer no puede estar segura si la van a atender bien, si no la van a juzgar”, sentenció la experta. 

Educación y atención a otros delitos podría contribuir

La abogada considera que las condiciones de las agresiones sexuales se agudizan en un pueblo como Nosara, donde el presupuesto estatal es aún más reducido y denunciar una agresión sexual se vuelve una tarea más retadora.

Si ya de por sí el sistema no está funcionando, pues entonces podemos entender que en un lugar pequeño como Nosara y que está abandonado presupuestariamente por el Estado, se complica aún más. Lo que habría que revisar no es el número de denuncias que se interponen, sino la razón por la cual no se interponen”, afirmó Arroyo.

Arroyo cree que aunque es un buen síntoma que la Fuerza Pública esté interesada en la formación integral de sus funcionarios para atención a las víctimas, cree que los esfuerzos deben ser interinstitucionales. De esa forma que organismos como el Ministerio de Educación Pública (MEP) ayuden a educar en género desde edades tempranas. 

“Las campañas de sensibilización son poner una fichita en la pared y ya. Para hablar de resultados a la larga, tendríamos que hablar de un plan de educación de género incorporado desde el MEP, rompiendo las resistencias a esos temas”, sentenció la abogada.

El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) descubrió que hay una serie de factores que aumentan el riesgo de que los hombres cometan actos de violencia sexual. Algunos son rezago en educación, consumo ilícito de drogas, pertenencia a pandillas y antecedentes de violencia durante su niñez.

Arroyo también cuestionó la falta de acción ante casos de violencia sexual a la falta de prioridad que tienen esos temas dentro de las instituciones.

Lo que es importante no es el tema de los recursos, sino de la voluntad política. Tenemos que ver justamente qué es más prioritario para las autoridades que esto, a pesar de que la violencia basada en género está destinada a al menos la mitad de la población”, sentenció.

El jefe de la policía en Guanacaste, Pablo Bertozzi, cree que hay una correlación importante en los altos índices de consumo de drogas en las costas y los casos de agresión sexual. Por esa razón su departamento está trabajando en investigar las redes y conexiones de drogas en las zonas costeras de la provincia, incluyendo Guanacaste. El oficial piensa que, a medida que combatan estas redes de narcotráfico, los casos de agresiones sexuales y otros delitos también podrían bajar.

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